Ley SB4 de Texas que eleva la sentencia mínima de dos a diez años de cárcel para traficantes de personas, aprobada y promulgada en diciembre por el gobernador Greg Abbott entró en vigor este martes.
La SB4, incluida en un paquete de tres leyes aprobadas en las sesiones extraordinarias de la Legislatura estatal en diciembre pasado, consiste en aplicar reglas más estrictas contra los traficantes ilegales de personas y contra los inmigrantes que intentan ingresar de manera ilegal hacia EE. UU. a través de Texas. Según la página del gobernador, la ley además busca disuadir el flujo de cruces ilegales fronterizos y proteger las vidas de los migrantes y propiedades de los residentes de tejanos.
«Se acabó el tiempo para los traficantes de inmigrantes ilegales en Texas», escribió el gobernador Abbott este martes en X. «Ahora entra en vigor una nueva ley que impone una sentencia mínima obligatoria de 10 años para esos traficantes».
La SB4 de Texas, aprobada en la sesión especial legislativa 3, crea una pena mínima obligatoria de diez años de prisión para los traficantes de personas y contra el tráfico continuo de personas.
Además endureció las sanciones penales por la explotación o uso de casas de seguridad, fijando una pena mínima obligatoria de 5 años de prisión por ese delito, si las víctimas resultado del tráfico de personas sufren abuso sexual, agresión sexual, lesiones corporales graves, robo o muerte.
El representante estatal Eddie Morales (D), uno de los tres demócratas copatrocinadores de la propuesta, dijo en una entrevista con The Epoch Times en octubre pasado, que el proyecto de ley SB4 apunta a los traficantes de personas, que son los que se escapan de la policía, causan accidentes en las carreteras y daños a las propiedades o en las cercas de los rancheros.
Morales señaló que aumentar las penas envía un mensaje a quienes están participando de estos actos delictivos, de que tendrán consecuencias más severas por esos actos.
La ley SB4, que recibió el aval de 76 legisladores republicanos más 3 legisladores demócratas, fue presentada en octubre por el senador estatal republicano Peter Flores y patrocinada en la cámara estatal por el representante estatal republicano Ryan Guillen.
Batalla legal entre el gobierno de Texas y el gobierno federal
Actualmente el gobierno federal y el gobierno de Texas libran una batalla legal debido a la crisis fronteriza que aqueja al país, mientras que el estado sureño busca defender su territorio y a su población de la gran afluencia migratoria.
El pasado 3 de enero, el Departamento de Justicia de EE.UU. demandó (pdf) a Texas por la ley SB4, aprobada en la sesión legislativa especial 4. La demanda fue presentada por el DOJ ante una corte federal de Austin, a nombre del gobierno federal de Estados Unidos, que incluye al Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.
La SB4 aprobada en dicha sesión, convierte en delito penal el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se puede convertir en un delito grave, sancionado hasta con 20 años de prisión, si se trata de un infractor reincidente.
Además la ley, otorga a los departamentos de policía locales la capacidad de arrestar a los migrantes que ingresaron ilegalmente a Texas, y otorga autoridad a los jueces locales de ordenar su deportación de Estados Unidos.
También otorga tanto inmunidad civil como indemnización a funcionarios, empleados y contratistas de los gobiernos locales y estatales por las demandas que resulten de la aplicación de tales leyes.
El gobernador Greg Abbott y el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, aparecen como demandados por esta ley.
Los demandantes alegan que Texas no puede gestionar su propio sistema de inmigración, y que a través de la ley SB4 se «inmiscuye en la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos» agregando que «interfiere en las relaciones exteriores de Estados Unidos», violando así la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos y la Cláusula de Comercio Exterior.
La demanda del gobierno federal que pide que esta última ley sea declarada inválida y se prohíba su aplicación antes de entrar en vigor el próximo 5 de marzo, fue celebrada por el gobierno de México.
Con información de Cristina Bazán.
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