En la primera opinión escrita de la jueza Amy Coney Barrett desde que se unió a la Corte Suprema, la corte falló en contra de los activistas ambientales de izquierda que habían exigido que los reguladores federales hicieran públicos documentos sensibles de sus deliberaciones internas sobre el cambio de las regulaciones para los sistemas de toma de agua de enfriamiento de las centrales eléctricas.
El fallo 7 contra 2 en el caso Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. vs. Sierra Club Inc. el 4 de marzo fue una victoria para la antigua administración Trump, la cual había argumentado el año pasado a favor de revocar una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
El Sierra Club había argumentado que una decisión del gobierno permitiría a las agencias eludir los requerimientos de divulgación al sellar un “borrador” en los registros internos que de otra manera estarían sujetos a divulgación bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).
Elena Saxonhouse, abogada principal del Sierra Club, consideró la pérdida legal como una victoria parcial, diciendo que la corte malinterpretó algunos de los hechos del caso.
Las agencias gubernamentales todavía necesitarán «divulgar cualquier información fáctica y no deliberativa dentro de ellos», dijo a Bloomberg News.
“La corte estuvo de acuerdo con Sierra Club en el principio clave del caso, que es que las agencias no pueden declarar simplemente ‘borradores’ de documentos para eludir su divulgación pública. Como mostró la administración Trump, tales lagunas son propensas al abuso”, dijo Saxonhouse.
Barrett escribió la opinión mayoritaria. Dos de los tres jueces liberales, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor, discreparon de ella; La jueza Elena Kagan votó con la mayoría.
El caso se remonta a 2011. Ese año, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), frecuentemente atacada en las cortes por grupos ambientalistas, propuso modificar las regulaciones que gobiernan los sistemas de toma de agua de enfriamiento de las plantas de energía, lo que puede conducir a que haya criaturas marinas aplastadas y escaldadas. Las agencias federales, incluido el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Servicio Nacional de Pesca Marina, consultaron con la EPA durante el proceso de formulación de políticas y redactaron opiniones provisionales diciendo que es probable que las regulaciones propuestas dañen a especies en peligro de extinción.
La regla propuesta pasó por muchos cambios a lo largo del camino, y las agencias cambiaron de opinión y emitieron una opinión biológica “sin peligro” que permitió que el proceso de elaboración de reglas continuara. El Sierra Club exigió los borradores de documentos al gobierno en virtud de la FOIA, sin embargo la administración Trump se opuso, argumentando que los documentos del «proceso deliberativo» estaban exentos, en virtud de lo que se conoce como la Exención 5 de la FOIA, de la divulgación pública bajo la ley.
El Sierra Club continuó investigando los documentos al demandar en virtud de FOIA. Finalmente, en 2018, el Noveno Circuito ordenó a la administración Trump que entregara los documentos relevantes. La administración protestó, diciendo que la corte inferior ignoró el privilegio del «proceso deliberativo». El Sierra Club afirmó que a pesar de que los documentos en cuestión estaban etiquetados como borradores, no obstante, calificaron como opiniones finales.
“La exención 5 incorpora los privilegios disponibles para las agencias gubernamentales en litigios civiles, tales como el privilegio de proceso deliberativo, el privilegio de abogado-cliente y el privilegio de producto de trabajo de abogado”, escribió Barrett para la corte.
El privilegio del proceso deliberativo, «el cual es una forma de privilegio ejecutivo», protege de la divulgación «los documentos generados durante las deliberaciones de una agencia sobre una política, en contraposición a los documentos que incorporan o explican una política adoptada por la agencia».
“Para proteger a las agencias de ser ‘forzadas a operar en una pecera'(…) el proceso deliberativo protege al privilegio de la divulgación ‘de los documentos que reflejan opiniones consultivas, recomendaciones y deliberaciones comprendiendo parte de un proceso mediante el cual se formulan las decisiones y políticas gubernamentales’”, escribió Barrett, haciendo referencia al precedente legal.
“El privilegio tiene sus raíces en ‘la comprensión obvia de que los funcionarios no se comunicarán con franqueza entre ellos si cada comentario es un elemento potencial de descubrimiento y noticia de primera plana’”, escribió Barrett, citando nuevamente un precedente.
“Para fomentar la franqueza, que mejora la toma de decisiones de la agencia, el privilegio atenúa el efecto paralizador que acompaña a la perspectiva de la divulgación. Esta lógica no aplica, por supuesto, para los documentos que incorporan una decisión final, porque una vez que se ha tomado una decisión, las deliberaciones están hechas. El privilegio, por lo tanto, distingue entre documentos deliberativos predecisionales, los cuales están exentos de divulgación, y documentos que reflejan una decisión final de la agencia y las razones que la respaldan, que no lo están».
Andrew Rosenberg, director del Centro para la Ciencia y la Democracia de la Unión de Científicos Preocupados, dijo a Bloomberg que el fallo fue un revés para el gobierno abierto.
“Creo que las implicaciones son que la gente tendrá menos información y capacidad para involucrarse en el proceso de consulta entre agencias”, dijo.
«Las agencias harán mucho más a puerta cerrada», agregó.
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