La acusación sin precedentes al expresidente Donald Trump desencadenó una avalancha predecible de reacciones políticas polarizadas el jueves por la noche, con republicanos condenando y demócratas celebrando la decisión del gran jurado de Manhattan.
Uno a uno en las horas que siguieron, todos los candidatos presidenciales republicanos a la Casa Blanca defendieron al expresidente. Aunque no sorprende, la unidad entre los oponentes políticos de Trump es un giro en el drama de años que ofrece un vistazo al estado de las primarias presidenciales de 2024 y el próximo acto en la política estadounidense de la era Trump.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, el actual favorito en el campo de los republicanos que buscan derrocar a Trump en las primarias, calificó la medida del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, como antiestadounidense. El exvicepresidente Mike Pence, hablando en CNN esa misma noche, calificó la medida como “una mala decisión de un fiscal politizado”. Nikki Haley, quien a diferencia de Pence y DeSantis ha oficializado su candidatura presidencial, dijo que “esto se trata más de venganza que de justicia”.
En la dura arena de unas primarias políticas, una acusación contra el favorito normalmente crearía una apertura para que el resto del pelotón se abalanzara. Pero la inusual unidad entre los oponentes sugiere que no se trata de una acusación habitual.
Haley, Pence y DeSantis dicen que la acusación es un ataque político. Lo mismo hizo Vivek Ramaswamy, un empresario que lanzó su candidatura para 2024 en una entrevista con Tucker Carlson en febrero. Al decirlo, los cuatro dan a entender que Bragg está llevando a cabo una acusación indebidamente motivada. Esto añadiría el juicio pendiente en Manhattan a la larga lista de investigaciones y acciones legales contra Trump que tanto los votantes republicanos como los políticos del Partido Republicano ven como un uso indebido del sistema judicial contra oponentes políticos.
Trump ha hecho de la instrumentalización del sistema de justicia y del gobierno en general un tema central de su campaña presidencial de 2024. Antes de abrir su discurso en el primer mitin oficial de 2024 en Waco, Texas, el presidente se paró con los brazos en alto, en silencio, mientras los altavoces tocaban «Justicia para todos», una canción interpretada por el coro de la prisión del 6 de enero. Ha prometido perdonar a todos los acusados y prisioneros del 6 de enero, a quienes describe como víctimas de persecución política.
El expresidente se ve a sí mismo como el objetivo principal de la llamada instrumentalización. En una declaración hecha ante la noticia de la acusación, enumeró los episodios anteriores del drama: La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia, los dos juicios de destitución y el allanamiento a su residencia personal en Mar-a-Lago.
“Esto es persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia”, dijo Trump en respuesta a la acusación.
Al desafiar a Trump por la nominación del GOP en 2024, todos los contendientes tienen que jugar en un campo en el que el expresidente goza de una lealtad generalizada por parte de la base de votantes republicanos. Aunque la base tiene opiniones diversas sobre el estilo político de golpe por golpe de Trump, los votantes sienten pasión por la agenda de Trump para la nación. Como resultado, los candidatos que se pongan del lado del fiscal del distrito de Manhattan, incluso negándose a condenar la acusación, corren el riesgo de alienar a una parte de la base y poner en peligro un camino ya de por sí estrecho hacia la nominación.
El impacto de la acusación en las primarias de 2024 puede verse disminuido aún más por la naturaleza legal del caso, que supuestamente se basa en una teoría legal no probada en los tribunales.
“Honestamente, creo que esta acusación será una nota al pie de página en la historia y no tendrá ningún impacto en las primarias republicanas y las elecciones generales de 2024”, le dijo Brian Darling, un estratega republicano, a The Epoch Times.
“El resultado legal serán meses y meses de recursos de casación y otras trabas procesales que surgen porque este es un caso de primera impresión sin precedentes. Espere un proceso prolongado y que el pueblo estadounidense pierda interés rápidamente porque lo que está en juego en el caso es muy bajo”.
La tormenta política sobre el caso ya se ha extendido mucho más allá del ámbito legal. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), dijo que los legisladores responsabilizarían a Bragg por sus acciones. Los presidentes republicanos de los comités judicial, de supervisión y de administración de la Cámara de Representantes ya están supervisando el enjuiciamiento del fiscal de distrito. Los presidentes presionaron para obtener más registros sobre el trabajo de Bragg en una carta del 25 de marzo, señalando que tanto Bragg como el juez de Nueva York que supervisará el caso de Trump obtuvieron sus cargos al ganar elecciones políticas populares en una jurisdicción mayoritariamente demócrata.
La carta de los presidentes destaca el aspecto de la acusación a Trump que puede estar influyendo en la decisión de defender al expresidente de cada candidato republicano a la presidencia. Aquellos que realmente quieren ganar podrían enfrentar la perspectiva de procesamientos similares, argumentan los tres legisladores republicanos de alto nivel.
“Si los fiscales estatales o locales pueden participar en procesamientos por motivos políticos a los presidentes de Estados Unidos (antiguos o actuales) por actos personales, esto podría tener un impacto profundo en la forma en que los presidentes eligen ejercer sus poderes mientras están en el cargo”, escribieron los representantes James Comer (R-Ky.), Bryan Steil (R-Wisc.) y Jim Jordan (R-Ohio).
“Por ejemplo, un presidente podría optar por evitar tomar medidas que cree que son de interés nacional porque afectarían negativamente a la ciudad de Nueva York, por temor a ser objeto de un enjuiciamiento, en represalia, en la ciudad de Nueva York”.
Ningún político demócrata prominente dijo que estaba de acuerdo con los demás candidatos republicanos a la presidencia. Los principales demócratas en la Cámara y el Senado dijeron que la acusación es una prueba de que está en juego el estado de derecho, no la política.
“Donald Trump está sujeto a las mismas leyes que todos los estadounidenses. Podrá valerse del sistema legal y de un jurado, no de la política, para determinar su destino de acuerdo con los hechos y la ley”, dijo en Twitter el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.).
“La preeminencia del estado de derecho es fundamental para la integridad de nuestra democracia. Debe aplicarse por igual sin temor ni favoritismo”, dijo en Twitter el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-N.Y.).
Según el profesor emérito demócrata de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, las ramificaciones legales del caso podrían significar problemas tanto para republicanos como para demócratas.
“Lo que realmente no tiene precedentes no es la acusación a un expresidente, sino la acusación de un posible futuro presidente que compite contra el jefe del partido del hombre que lo acusó”, le dijo Dershowitz a The Epoch Times. La Casa Blanca se negó a ofrecer comentarios.
Eso “realmente pone en peligro el estado de derecho de todos los estadounidenses. Hoy, es Trump; mañana, es un demócrata”, agregó Dershowitz. «Pasado mañana, es tu tío Charlie, o tu sobrina, o tu sobrino».
Gary Bai y Mark Tapscott contribuyeron a este artículo.
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