El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), y unos 60 representantes republicanos visitaron la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en el oeste de Texas, donde los funcionarios de aduanas registraron recientemente más de 4,000 contactos con inmigrantes ilegales en un solo día.

La visita llama la atención sobre el disfuncional sistema de inmigración del país, que ha permitido que más de 6.5 millones de personas crucen ilegalmente la frontera sur en los últimos tres años.

La afluencia ha desbordado la capacidad tanto de las ciudades fronterizas como de las mayores ciudades del país. Y se ha convertido en un tema animador para los republicanos de la Cámara de Representantes, que insisten en que el Senado promulgue y el presidente Joe Biden adopte cambios políticos radicales que detengan el flujo de hasta 12,000 personas que entran ilegalmente en Estados Unidos cada día.

«Lo describiríamos como desgarrador y exasperante a la vez», dijo Johnson tras recorrer la frontera. «Nuestras comunidades están desbordadas. Tenemos recursos locales que no dan abasto. Tenemos drogas letales que están entrando en nuestro país a niveles récord. Y en menos de tres años desde que el presidente Biden asumió el cargo esto ha sucedido, tenemos más de siete millones de encuentros ilegales en la frontera.»

Causa de la crisis

Republicanos y demócratas han intercambiado acusaciones sobre quién es el responsable del colapso de la seguridad fronteriza. Johnson culpó al presidente Biden del colapso de la seguridad fronteriza.

«Fue en su primer día en el cargo cuando el presidente Biden detuvo la construcción de un muro en la frontera sur y puso fin a la política de ‘Permanecer en México’. Se calcula que si el gobierno de Biden reinstaurara la política de ‘Permanecer en México’, podría detener el flujo de inmigrantes en un 70 por ciento o más, pero se niega a hacerlo», dijo Johnson durante una conferencia de prensa el 3 de enero, «y desde que el presidente Biden asumió el cargo, el gobierno no ha hecho casi nada para proteger la frontera».

Johnson instó al presidente a tomar medidas ejecutivas inmediatas, como poner fin a la política de «captura y liberación» y deportar o detener a quienes cruzan la frontera ilegalmente, restablecer la política de Permanecer en México instituida durante la administración Trump y reanudar la construcción del muro fronterizo.

Los republicanos han prometido asegurar la frontera y exigir responsabilidades a los funcionarios de la administración que consideran responsables de crear la crisis. El principal de ellos es el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

«La mayor amenaza interna para la seguridad nacional y la seguridad del pueblo estadounidense es el secretario Alejandro Mayorkas», declaró el representante Mark Green (republicano de Tennessee), presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. «Él, a través de sus políticas, ha desafiado y subvertido las leyes aprobadas por los Estados Unidos».

La Cámara votó el pasado otoño a favor de devolver una resolución de impeachment para Mayorkas al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara en lugar de destituirlo. Ese comité se está preparando ahora para retomar el asunto, dijo un portavoz a The Epoch Times.

«El voto bipartidista de la Cámara en noviembre para remitir los artículos de destitución a mi comité solo sirvió para resaltar la importancia de que retomemos el proceso de destitución, que es lo que empezaremos a hacer el próximo miércoles», dijo a The Epoch Times el representante Mark Green ( R-Tenn.), presidente del panel, en una declaración enviada por correo electrónico.

La administración ha replicado que los republicanos han socavado los intentos del presidente Biden de asegurar la frontera.

«Después de votar en 2023 para eliminar más de 2000 agentes de la Patrulla Fronteriza y erosionar nuestra capacidad para incautar fentanilo, los republicanos de la Cámara de Representantes abandonaron Washington a mediados de diciembre, incluso cuando el presidente Biden y los republicanos y demócratas en el Senado permanecieron para avanzar en un acuerdo bipartidista», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, en un comunicado por correo electrónico.

«Desde el primer día, el presidente Biden propuso un plan integral de reforma de la inmigración y continuó aportando fondos récord para la seguridad fronteriza cada año de su mandato», añadió Bates.

Ucrania como palanca

Para impulsar el cierre de la frontera sur, los republicanos de la Cámara de Representantes han recurrido a la ayuda militar a Ucrania.
«Lo que hemos visto hoy solo ha hecho que los republicanos de la Cámara estén más decididos a defender la cordura y al pueblo estadounidense, y lo haremos», dijo Johnson. «Si el presidente Biden quiere un proyecto de ley de gastos suplementarios centrado en la seguridad nacional, más vale que empiece por defender la seguridad nacional de Estados Unidos».

Los republicanos de la Cámara de Representantes han estado negociando con el Senado la aprobación de una petición suplementaria de 106,000 millones de dólares del presidente Biden, que incluye 45,000 millones para Ucrania.

Johnson informó al Senado en diciembre que los republicanos de la Cámara de Representantes no aprobarían ayuda militar adicional para Ucrania hasta que esa cámara aprobara las disposiciones de la H.R. 2, la Ley para Asegurar la Frontera, que la Cámara aprobó hace casi un año.

Esas disposiciones incluyen limitar la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para permitir la entrada temporal de inmigrantes en Estados Unidos y cambiar el proceso para solicitar asilo en Estados Unidos y las normas para tratar a los niños no acompañados que cruzan la frontera.

El proyecto de ley también obligaría al Departamento de Estado a negociar con países del hemisferio occidental, como El Salvador, Guatemala, Honduras y México, la tramitación de las solicitudes de asilo de ciudadanos de esos países.

Además, se exigirá a las empresas que utilicen E-Verify, un sistema basado en Internet que permite a los empleadores confirmar la elegibilidad de un empleado para trabajar en Estados Unidos. Estos requisitos se introducirían progresivamente a lo largo de varios años, en función del tamaño de la plantilla de la empresa. El proyecto de ley también endurecería las sanciones civiles y penales por contratar a personas sin derecho legal a trabajar en Estados Unidos.

El proyecto de ley exigiría al DHS reanudar la construcción del muro fronterizo, que fue suspendida por el presidente Biden el 20 de enero de 2021, el día en que asumió el cargo.

Johnson instó al presidente a llevar a cabo varias de estas acciones objetivas en una carta del 21 de diciembre.

Ciudades y pueblos desbordados

Esta ciudad de unos 28,000 habitantes se ha convertido en un símbolo de la crisis fronteriza.

«Hace dos semanas, había 12,000 personas entrando ilegalmente por debajo de ese puente hasta justo al final de la calle», dijo a la prensa el representante Tony Gonzales ( R-Texas), que representa a Eagle Pass. «Había miles de personas en las instalaciones de Firefly que hemos visitado hoy. Tiene una capacidad máxima de 1000 personas. Había 6000 personas. Hay 4000 personas que están siendo liberadas. Estamos al borde de la captura y liberación masivas, y cuando eso ocurre, nuestras comunidades se ponen patas arriba».

El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, firmó una declaración jurada de acusación general que permitía las detenciones por entrar ilegalmente en terrenos del parque durante una oleada de cruces fronterizos ilegales en julio.

Desde 2021, las autoridades de Texas están autorizadas a detener a inmigrantes ilegales por entrar ilegalmente en terrenos privados, en lo que el gobernador Gregg Abbott denomina una operación de «detención y encarcelamiento». La operación es posible gracias a los terratenientes que celebran acuerdos con el estado para permitir los arrestos en sus propiedades.

Salias ha elogiado la operación por aportar a la ciudad el personal policial necesario.

«Nuestra fuerza no es lo suficientemente grande como para mantener la paz en Eagle Pass si tenemos entre 10,000 y 15,000 personas de paso», dijo Salinas a Associated Press.

La operación de Texas ha producido más de 37,000 detenciones de delincuentes en el estado, según Ericka Miller, portavoz del Departamento de Seguridad Pública del estado. «Si no hubiéramos estado allí, probablemente la totalidad habría cruzado al país sin obstáculos», dijo Miller en un correo electrónico. «El estado de Texas está trabajando para enviar un mensaje a aquellos que están considerando cruzar al país ilegalmente a pensar de nuevo.»

Abbott ha recibido críticas por sus esfuerzos para hacer frente a la crisis, que incluyen el envío de autobuses y aviones cargados de inmigrantes ilegales a Nueva York, Chicago y Denver.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, cuya ciudad ha recibido a más de 160,000 migrantes en menos de dos años, dijo que 14 autobuses llenos llegaron en un solo día justo antes de Navidad.

«No podemos permitir que autobuses con personas que necesitan nuestra ayuda lleguen sin avisar a cualquier hora del día y de la noche», dijo Adams durante una conferencia de prensa virtual con otros alcaldes el 27 de diciembre. «Esto no solo nos impide prestar ayuda de forma ordenada, sino que pone en peligro a quienes ya han sufrido tanto».

«Destrozará los presupuestos municipales de todo el país», afirmó el alcalde de Denver, Mike Johnston.

Los cárteles son el verdadero problema

García y otros miembros del Congreso dijeron que la raíz del problema es que los cárteles criminales de México controlan el tráfico en la frontera.

«Con esta crisis que Joe Biden y Alejandro Mayorkas han creado, nadie gana, excepto los cárteles. Ellos deciden quién puede cruzar y quién no.

Ellos son los que trafican con personas y drogas», dijo. El representante Juan Ciscomani ( R-Texas), inmigrante mexicano que obtuvo la ciudadanía en 2006.

«No se trata de un problema de inmigración. Nos enfrentamos a un problema de comercio sexual. Nos enfrentamos a un problema de cárteles», dijo la representante Beth Van Duyne ( R-Texas). Añadió que los cárteles trafican con mujeres para convertirlas en esclavas sexuales y que se ha permitido la entrada en el país de más de 100,000 niños no acompañados cuyo paradero se desconoce.

Negociaciones en curso

Mientras los republicanos recorrían Eagle Pass, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que los negociadores del Senado estaban acercándose a un acuerdo que podría proporcionar armas adicionales a Ucrania.

«Estamos progresando. Estamos más cerca de lo que hemos estado, pero este es un tema muy difícil y todavía hay diferentes cuestiones que superar», dijo Schumer a la prensa en Washington el 3 de enero, «Todo el mundo va a tener que ceder algo para conseguirlo. Nadie puede salirse con la suya», añadió.

Los senadores. James Lankford ( R-Okla.), Chris Murphy (D-Conn.), y Kyrsten Sinema (I-Ariz.) regresaron a Washington el 2 de enero para continuar las negociaciones, que incluyeron al Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y funcionarios de la Casa Blanca.

El Senado volverá a reunirse el 8 de enero y la Cámara de Representantes el 9 de enero.

Zachary Stieber contribuyó a este artículo. Con información de Associated Press.

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