El Gobierno ha fijado este martes en 10,36 euros/megavatio/hora la tarifa que las empresas gestoras de las centrales nucleares en explotación deberán abonar a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) por los servicios que presta en sus infraestructuras, con el objetivo de «evitar déficits posteriores».
La tarifa, que supone una subida del 30%, se ha calculado a partir del valor del Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y la previsión de costes futuros. Esta medida fue aprobada en el Consejo de Ministros de este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
El objetivo de la actualización aprobada es «equilibrar» los ingresos y los costes soportados por esta prestación.
Según un comunicado del Miteco, la actualización de la tarifa se ha adoptado en aplicación del principio «quien contamina paga», con el objetivo de actualizar la prestación que permitirá cubrir los costes del desmantelamiento de las centrales nucleares una vez que se produzca su cese definitivo de actividad.
Una subida «desproporcionada, discriminatoria y asfixiante»
Por su parte, el Foro Nuclear, que agrupa a las eléctricas titulares del sector nuclear, ha calificado en un comunicado esta subida como «desproporcionada, discriminatoria y asfixiante» y advierte que amenaza seriamente la continuidad de la operación del parque nuclear.
En marzo de 2019, Enresa y las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas acordaron con el Miteco un incremento máximo del 20%, hasta el límite de 7,98 euros/megavatio/hora vigente actualmente.
Foro Nuclear asegura que este nuevo incremento aprobado de la tasa Enresa implica ingresar, a partir del próximo 1 de julio, 130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que el conjunto del parque nuclear español ya aporta cada año al fondo de Enresa desde marzo de 2019.
El comunicado de Foro Nuclear afirma que España va a contracorriente de los países con programas nucleares en marcha, «especialmente en la Unión Europea, que están poniendo en valor la contribución de la energía nuclear a la transición energética hacia una economía descarbonizada y sostenible».
También recuerdan que una operación a más largo plazo del parque nuclear permitiría disponer de mayores recursos económicos en el Fondo Enresa, lo que ayudaría considerablemente a la financiación del propio Plan General de Residuos Radiactivos sin tener que incrementar la Tasa Enresa.
España cuenta con siete reactores nucleares operativos: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona).
Además, una fábrica de combustible nuclear en Juzbado (Salamanca) y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad en El Cabril (Córdoba).
Según datos de Foro Nuclear, los siete reactores operativos en España generaron en 2023 el 28,16% de la electricidad consumida y han evitado la emisión de unos 20 millones de toneladas de CO2 en 2023. Se trata, además, de la fuente que más horas equivalentes a plena potencia ha estado operativa, concretamente el 87,06% del total de las horas del año.
El cierre escalonado de centrales según el calendario actual, comenzará con Almaraz (Cáceres), en 2027. La industria nuclear genera 30.000 puestos de trabajo en España.
Con información de EFE
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