Una reforma a la Constitución de Nicaragua para instaurar la cadena perpetua contra “crímenes de odio” entró en vigor este martes en el país centroamericano, al ser publicada por La Gaceta, diario oficial.
La publicación de La Gaceta salió un día después de que la reforma al Artículo 37 de la Constitución nicaragüense fue aprobada en segunda legislatura por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento), durante una sesión especial en honor al 154 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío (1867-1916).
Hasta ahora la pena máxima en Nicaragua eran 30 años de prisión para cualquier delito o la suma de condenas.
La cadena perpetua contra “crímenes de odio” será revisable, y aplicada “excepcionalmente” a “las personas condenadas por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia, en la comunidad nacional”, según la enmienda.
La nueva pena máxima recibió críticas desde su aprobación en primera legislatura, a fines de 2020, mismas que continuaron este martes, al entrar en vigor.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la “aprobación de reforma al Artículo 37 de la Constitución, que impone la pena de prisión perpetua, evidenciando la desesperación del régimen por legalizar la represión”.
El Cenidh ha sostenido que el objetivo de la cadena perpetua, junto con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, aprobadas en 2020, es crear una forma de “represión” del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
La ONG exigió “al régimen Ortega Murillo cese la represión revestida de supuesta legalidad”.
Los diputados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como la Presidencia, han atribuido el restablecimiento de la cadena perpetua a la necesidad de dar protección a personas vulnerables, como niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad, ante crímenes atroces, sin embargo esto no se expresa en la reforma constitucional.
“El Artículo 37 tiene una definición penal vaga y ambigua, que abre un dudoso margen de discrecionalidad para justificar la criminalización de opositores políticos”, indicó el el brasileño Pablo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su cuenta en Twitter.
La prisión perpetua en Nicaragua entra en vigor en el contexto del año electoral para los comicios del 7 de noviembre próximo, que a su vez ocurre en medio de una sangrienta crisis sociopolítica, por la cual la CIDH ha señalado a Ortega como responsable de crímenes “de lesa humanidad”.
Las elecciones de noviembre determinarán si Ortega extiende por cinco años más un mandato que ostenta desde 2007, tras haber gobernado Nicaragua entre 1979 y 1980, época que también fue marcada por un conflicto interno que dejó miles de muertos.
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