Entra en vigor la ley de California que permite a los particulares demandar a fabricantes de armas

Por Jill McLaughlin
06 de enero de 2023 1:26 PM Actualizado: 06 de enero de 2023 1:26 PM

Este año ha entrado en vigor una nueva ley de armas de California que permite a los ciudadanos demandar a fabricantes y comerciantes por vender armas de fuego prohibidas.

La nueva normativa de California otorga a los ciudadanos particulares la capacidad de demandar a cualquiera que importe, distribuya, fabrique o venda armas de fuego de asalto, armas caseras, armas fantasma o rifles .50 BMP.

La ley, el proyecto de ley del Senado (SB) 1327, también restringe la venta de armas de fuego a menores de 21 años.

Estas restricciones ya se aplican en California; sin embargo, esta nueva ley permite a los ciudadanos demandar a los infractores por un mínimo de 10,000 dólares.

Esta ley sigue el modelo de la Ley del Latido del Corazón de Texas, que permite a los ciudadanos demandar a quienes practiquen abortos después de que un médico haya detectado el latido del corazón del feto. En esa ley, los ciudadanos pueden presentar demandas contra médicos, clínicas o cualquier persona implicada en el aborto.

«California aprobó explícitamente este proyecto de ley, SB 1327, como una especie de respuesta a la decisión política de Texas», dijo a The Epoch Times el abogado Jim Manley, de la conservadora Pacific Legal Foundation. «Es una especie de forma extraña de restringir ciertos derechos sin implicar al Estado en el proceso».

La ley crea otra capa de restricciones para los comerciantes de armas de fuego al duplicar las prohibiciones de armas existentes en California.

Sin embargo, los comerciantes de armas de fuego no pueden impugnar la SB 1327 porque se ha eliminado al Estado de la imposición de las restricciones y, en su lugar, serían los ciudadanos individuales quienes las harían cumplir, dijo Manley.

«Las armas de asalto, las .50 BMG y las armas de fuego que se venden a menores de 21 años ya eran ilegales en California», dijo Manley. «Y la [ley] es explícita al decir que esto no cambia eso. Esto solo crea otra vía para hacer cumplir esas restricciones».

Cuando los legisladores de California redactaron por primera vez la ley SB 1327, el estado no tenía restricciones sobre las armas de fuego caseras o fantasma. Pero un mes después de aprobar la ley, el estado las incluyó.

Según Manley, no es habitual que un estado establezca una «doble aplicación» —con leyes de acción privada y sanciones penales— de las mismas restricciones.

La capa adicional de restricciones significa que incluso si un juez anulara las restricciones penales del estado sobre las leyes de armas, los ciudadanos particulares podrían seguir aplicándolas.

«Es una situación un tanto extraña y complicada», dijo Manley.

La nueva ley fue aprobada por primera vez por los legisladores, que incluyeron una disposición de «transferencia de honorarios» que permitía al estado cobrar los honorarios de los abogados de cualquiera que demandara la ley. Pero un juez federal de San Diego bloqueó esta disposición en diciembre.

La organización Gun Owners of California estaba en contra de la legislación, diciendo que la ley crearía «un lío legal y está diseñada para llevar a la bancarrota a los negocios de armas».

«El juez consideró que [la ley] era inconstitucional y la calificó de tiránica», declaró a The Epoch Times el director ejecutivo de Gun Owners of California, Sam Paredes.

El grupo no prevé que la ley entre en vigor hasta que se complete la resolución legal.

«Estamos esperando a ver qué va a hacer el Estado», dijo Paredes.

La ley de Texas sobre el derecho al aborto se aprobó antes de que la Corte Suprema dictara el 24 de junio la histórica sentencia Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, que anulaba el caso Roe contra Wade, el precedente de 1973 que legalizó el aborto en Estados Unidos.

Según Manley, de la Pacific Legal Foundation, la sentencia anuló la ley de Texas.

La ley de California quedaría automáticamente derogada si la ley de Texas sobre el derecho al aborto es totalmente invalidada por los tribunales supremos de Estados Unidos o de Texas.


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