Nicaragua puso esta martes en vigor una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que fue aprobada la semana pasada por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional (Parlamento) y que ha sido rechazada por la banca y el sector privado nicaragüense.
La controvertida ley, que prohíbe a la banca privada cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, entró en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial, La Gaceta.
El grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sostiene que la enmienda busca corregir la relación desigual entre el proveedor de servicios financieros y el usuario de los mismos.
Entre otros, argumentan, la ley obliga a los bancos a no discriminar a ningún usuario, ni cancelar las cuentas de manera unilateral, excepto cuando se trate de narcotráfico, crimen organizado, blanqueo de capitales y combate a la financiación de armas de destrucción masiva.
Nació por sanciones de EE.UU.
El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, también ha dicho que con esa ley los bancos no podrán seguir aplicando la extraterritorialidad unilateral.
«Es decir, decisiones que se toman en Estados Unidos no pueden acogerse como leyes de Nicaragua porque hasta hoy violaban la Constitución Política de Nicaragua al aplicarlas», explicó durante el debate.
Los mismos legisladores han interpretado que esa ley es una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto a funcionarios del régimen por corrupción o violación de los derechos humanos.
Estados Unidos ha sancionado a cerca de 30 funcionarios nicaragüenses, incluido a la esposa del líder del país, Daniel Ortega, Rosario Murillo, y tres de sus hijos, y un consuegro, que también es el director de la Policía Nacional; así como nueve instituciones o empresas ligadas a los sandinistas, en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Durante el debate, el legislador Byron Jerez, aliado de los sandinistas en el Congreso, explicó que la enmienda busca que el sistema financiero no cierre las cuentas de aquellos nicaragüenses que sean sancionados por Estados Unidos, ni la de sus familiares.
Banca y sector privado advierten riesgos
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) señaló que dicha norma viola el derecho a la libre empresa, promueve el lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
En tanto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal patronal, advirtió que Nicaragua está en riesgo de quedar aislada económica y financieramente por esa ley, que según la banca privada haría que el país pase de la lista gris a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los economistas independientes han observado que la banca que opera en Nicaragua se encuentra en una encrucijada con esa ley, debido a que si la banca acoge esa normativa, estaría desconociendo las resoluciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro que bloquea a los sancionados las propiedades o activos que tengan en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses, y le prohíben cualquier transacción con ciudadanos de ese país.
La banca que opera en Nicaragua, que trabaja con bancos corresponsales en el exterior, ha cerrado las cuentas de aquellas personas naturales y jurídicas que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro.
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