Un proyecto de ley de California que podría destinar cientos de millones de dólares al sistema de justicia juvenil de Los Ángeles está a un paso de convertirse en ley, pero sus detractores sostienen que los legisladores deberían centrarse en reformar las políticas del sistema que supuestamente perjudican a los jóvenes.
El proyecto de ley 695 de la Asamblea —presentado en febrero por la asambleísta Blanca Pacheco (D-Downey)— otorgaría a la Junta de Correccionales Estatales y Comunitarias la capacidad de conceder subvenciones estatales a un «condado de primera clase» —definido como el que tiene una población de más de 4 millones de habitantes— para la construcción de mejoras en las instalaciones juveniles del condado. El condado de Los Ángeles es el único del estado con más de 4 millones de habitantes.
El proyecto de ley fue aprobado por la Legislatura estatal a mediados de septiembre y enviado el 21 de septiembre al gobernador Gavin Newsom, que tiene hasta el 14 de octubre para firmarlo y promulgar la ley.
La Sra. Pacheco, junto con los partidarios del proyecto de ley, dijo que el estado actual de algunas instalaciones juveniles está «obstaculizando» la capacidad de los trabajadores para proporcionar una atención adecuada para rehabilitar a los jóvenes.
«Las instalaciones de detención juvenil del Departamento de Libertad Condicional de Los Ángeles están muy anticuadas y necesitan renovaciones críticas», declaró en un análisis del proyecto de ley. «En su estado actual, las instalaciones de Libertad Condicional de Los Ángeles no son adecuadas para cumplir con el requisito básico de la ley estatal de un entorno ‘hogareño’ y mucho menos para cumplir con el actual modelo de rehabilitación intensiva y de atención prioritaria que requiere la justicia juvenil … esta medida expone una verdad honesta y contundente: las herramientas y las instalaciones están obstaculizando la capacidad de proporcionar la atención que estos niños merecen».
Aunque el proyecto de ley no da una estimación de costes, un análisis fiscal del Comité de Asignaciones del Senado estimó que podría costar 1000 millones de dólares.
El proyecto de ley está patrocinado por el Sindicato de Funcionarios de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles, que calificó las instalaciones actuales de «deterioradas» y «carcelarias».
«Creemos firmemente que los jóvenes [del Departamento de Justicia Juvenil] sólo deberían tener que estar en estas instalaciones hasta que se construyan otras nuevas», declaró el sindicato en un análisis del proyecto de ley. «Están en ruinas, tienen aspecto de cárcel y son inadecuadas para nuestra visión colectiva de rehabilitar a jóvenes y adultos jóvenes con problemas. No obstante, estamos haciendo todo lo que podemos con lo que tenemos, pero nuestra misión de ofrecer segundas oportunidades a jóvenes y adultos jóvenes en un entorno que tenga en cuenta los traumas y dé prioridad a los cuidados se ve gravemente comprometida con las instalaciones actuales».
El proyecto de ley también ha obtenido el apoyo de varios otros oficiales de libertad condicional y los sindicatos de la policía, incluyendo la Asociación de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles, la Asociación de Sheriffs Adjuntos del Condado de Orange, la Coalición de Sindicatos del Condado y la Asociación de Oficiales de Paz del Condado de Los Ángeles.
Sin embargo, los opositores al proyecto de ley señalan que la Junta de Correcciones del Estado y de la Comunidad cerró dos centros de menores del condado de Los Ángeles en mayo por inspecciones fallidas, incluyendo controles de seguridad inadecuados, falta de personal, uso de la fuerza, y la falta de programas, recreación y ejercicio.
El Pacific Juvenile Defender Center —junto con varios grupos de defensa de la justicia de menores, como ACLU California Action, la Coalición de California para las Mujeres Presas, el Centro de Justicia Juvenil y Penal y el Fondo de Defensa de los Niños— argumentó que el proyecto de ley no aborda la «causa raíz» de los problemas con el sistema de justicia de menores.
«Durante la última década, la comunidad de defensa de los jóvenes ha estado luchando para abordar y poner de relieve el presupuesto sobredimensionado de la libertad condicional y los abusos bien documentados relacionados con las prácticas basadas en el castigo», argumentó el centro en una declaración en un análisis del proyecto de ley. «El atroz abuso físico, sexual y emocional cometido por los oficiales y supervisores de libertad condicional juvenil del condado de Los Ángeles ha sido bien documentado».
El centro hizo un llamamiento a los funcionarios estatales para que, en su lugar, centren sus esfuerzos legislativos en reformar el sistema de justicia eliminando los abusos dentro del sistema.
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