Funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) no revelaron hastaUSD 7 mil millones en gastos al principal sitio web federal de Internet para informar al público sobre dónde van sus dólares de impuestos, según un organismo de control gubernamental.
«El informe inicial de la EPA sobre sus gastos del año fiscal 2022 en USAspending.gov no era completo ni exacto. Esto ocurrió porque la Oficina del Director Financiero (OCFO) de la EPA no siguió sus procedimientos de gestión de configuración de tecnología de la información», dijo el inspector general de la EPA en un informe hecho público el 9 de enero.
«Como resultado, las obligaciones a nivel de adjudicación del año fiscal 2022 de la EPA se infravaloraron en USD 1200 millones, y sus desembolsos a nivel de adjudicación del año fiscal 2022 se infravaloraron en 5800 millones de dólares. Esto significa que en el ejercicio 2022 no se notificó el 12.9 por ciento del total de las obligaciones a nivel de adjudicación de la EPA y el 99.9 por ciento del total de los desembolsos a nivel de adjudicación de la EPA. La EPA tampoco informó de ninguno de sus desembolsos de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo y subreportó sus desembolsos relacionados con la pandemia de coronavirus», explica el informe.
El resultado fue que los contribuyentes estaban «inicialmente mal informados sobre el gasto de la EPA, y los responsables políticos que se basaron en los datos pueden no haber sido capaces de realizar un seguimiento eficaz del gasto federal».
El presupuesto de la agencia para 2023 era de USD 10,100 millones, pero también administra más de 27,000 millones en subvenciones del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GGRF), establecido por la Ley de Reducción de la Inflación. El presidente Joe Biden nombró a Michael Regan administrador de la EPA en 2021.
Los miles de millones en gastos de la EPA no se informaron correctamente a USASpending.gov -que documenta la mayoría de los gastos federales y hace que los datos sean accesibles a cualquier persona con una conexión a Internet- por múltiples razones.
Entre esas razones, según el informe, se encuentran el hecho de que los funcionarios de la EPA no aplicaran los controles obligatorios del sistema de evaluación y aprobación del gasto digital, la ausencia de los procedimientos de detección de errores digitales necesarios para confirmar la exactitud y exhaustividad, y el hecho de que la dirección de la agencia no exigiera comprobaciones manuales de los datos enviados al sitio web para la transparencia pública.
Según el informe, el gasto no declarado habría permanecido oculto a los contribuyentes si los auditores del inspector general no lo hubieran descubierto y señalado a los responsables de la EPA. Los responsables de la Agencia aceptaron aplicar las múltiples recomendaciones del inspector general para garantizar que todos los gastos futuros de la EPA se hagan públicos, como exige la ley.
«USAspending.gov es la fuente pública oficial de información sobre gastos del Gobierno federal. La Ley de Rendición de Cuentas y Transparencia Digital de 2014 exige a las agencias federales que reporten datos de gasto completos y precisos a USAspending.gov para facilitar la transparencia en la forma en que gastan los dólares de los contribuyentes», dijo el inspector general.
«El gasto abarca tanto las obligaciones, que son las promesas hechas por el gobierno de gastar dinero, como los desembolsos, que son el dinero realmente pagado. Deben comunicarse tanto datos resumidos sobre el gasto como datos más detallados sobre las adjudicaciones».
La publicación del informe del inspector general de la EPA llevó a la presidenta de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Cathy McMorris Rodgers (republicana de Washington), a denunciar los gastos no declarados. Su panel tiene autoridad para supervisar a la EPA.
«Es escandaloso e inaceptable que la EPA no pueda hacer un seguimiento de sus gastos ni informar al Congreso -y al pueblo estadounidense- de cómo utiliza el dinero de los contribuyentes. Este revelador informe no hace más que poner de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la EPA», dijo McMorris Rodgers en un comunicado.
«También plantea preguntas sobre si la agencia es incapaz de gestionar su presupuesto récord o si la agencia está tratando de ocultar la cantidad de dinero de los contribuyentes que está gastando para avanzar en la agenda radical de la administración», dijo. «El Comité de Energía y Comercio seguirá exigiendo a esta administración que rinda cuentas por sus acciones, que están incrementando los costes de forma generalizada y perjudicando a los estadounidenses».
Un portavoz de la EPA dijo a The Epoch Times que la agencia «acoge con satisfacción y aprecia la supervisión y las recomendaciones de la Oficina del Inspector General». La EPA contabilizó correctamente la financiación del año fiscal 2022, lo que queda validado por el dictamen de auditoría sin modificaciones de la OIG sobre los estados financieros de la EPA del año fiscal 2022. Se trataba de un problema de transmisión de datos a USASpending.gov, que ya se ha corregido».
Un portavoz de la EPA acusó recibo de la solicitud de The Epoch Times para hacer comentarios, pero no se recibió ninguno al cierre de esta edición.
La Sra. McMorris Rodgers, junto con el representante Morgan Griffith (R-Va.), que preside el Subcomité de Supervisión e Investigaciones del panel, y el representante Bill Johnson (R-Ohio), que dirige el Subcomité de Medio Ambiente, Fabricación y Materiales Críticos, dijeron al Sr. Regan en una carta de octubre de 2023 que estaban preocupados por la gestión de la EPA del GGRF.
«El GGRF plantea muchos problemas de supervisión. Por ejemplo, el inspector general de la EPA declaró recientemente ante el Subcomité de Supervisión e Investigaciones de la comisión que los programas de nueva creación que proporcionan financiación a nuevos beneficiarios en plazos cortos poseen una mayor vulnerabilidad al fraude y a los errores de ejecución», dijeron los líderes del Congreso al Sr. Regan.
«Además, algunos han señalado que la EPA podría utilizar este programa para subvencionar a organizaciones de intereses especiales favorecidas. Otros han alegado que los actuales miembros de la EPA tienen vínculos con posibles beneficiarios de estos cuantiosos premios, lo que plantea problemas éticos», continuaron.
Los líderes del Congreso se refirieron a un análisis realizado por Protect the Public Trust (PPT), un grupo de defensa sin ánimo de lucro que aboga por un alto nivel de calidad en el servicio público, sobre los antecedentes de varios altos cargos políticos y funcionarios de carrera de la EPA que muestran posibles conflictos de intereses con los beneficiarios de las subvenciones del GGRF.
«Antes de incorporarse a la EPA, los funcionarios actuales han trabajado para o con el Sierra Club, el Environmental Defense Fund, el National Resources Defense Council, y Earthjustice, así como el Center for American Progress, y otras organizaciones activistas», afirmaba el análisis del TPP. «Como señaló recientemente el PPT, la ‘puerta giratoria’ de la EPA ha estado girando rápidamente durante la administración Biden, engrasada por personal de ética de carrera».
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