La asesora legal de Trump, Jenna Ellis, dijo el martes que su equipo planea continuar su investigación sobre el manejo de las elecciones generales de 2020 más allá del 6 de enero, fecha en la que el Congreso cuenta los votos del colegio electoral.
«El pueblo estadounidense merece saber la verdad y ver que todo esto salga a la luz, así que vamos a continuar con esos esfuerzos», dijo Ellis a The Dan Caplis Show, durante una entrevista.
«A largo plazo, esto absolutamente no termina el 6 de enero porque esto no debería volver a suceder nunca, nunca más, a lo largo de la historia de Estados Unidos».
La abogada indicó que aunque el 6 de enero es la fecha de «mayor importancia» estipulada por la Corte Suprema de Estados Unidos, es necesario continuar con las demandas electorales para proteger la integridad de las elecciones en los años venideros.
«Los demócratas, de principio a fin, utilizaron la pandemia para eliminar las salvaguardias electorales. Han manipulado algunas de las leyes», dijo Ellis. «Nosotros tenemos que volver atrás, si les importa, sin importar el partido, espero que mis amigos demócratas estén de acuerdo conmigo, en que la integridad de las elecciones importa».
«Si les importa que una elección no sea robada de ninguna manera, forma o manera, y les importa nuestro sistema y nuestra Constitución, les importará que tengamos las salvaguardas apropiadas en su lugar.»
Ellis dijo que los legisladores estatales de 50 estados deben reunirse antes del próximo ciclo electoral para explorar si ha habido mala conducta en la elección de 2020 y si las protecciones necesarias para los votantes están en su lugar.
«Antes de las primarias, antes del próximo ciclo electoral, tenemos dos años para enderezar las cosas y decir, sabes qué, puede que hayan hecho esto ahora, pero no vamos a dejar que vuelva a suceder», dijo.
Las impugnaciones electorales presentadas por el equipo legal de Trump en las últimas semanas afirman que una proporción significativa de los votos se emitieron y contaron en circunstancias supuestamente fraudulentas o en violación de los códigos electorales estatales y la Constitución de Estados Unidos. Muchas de las demandas tratan de invalidar los posibles votos «ilegales» que se emitieron tras los cambios de última hora en las normas por parte de los funcionarios electorales.
Los principales funcionarios electorales negaron repetidamente las acusaciones de fraude electoral, mientras que los críticos y los miembros de los medios de comunicación han caracterizado las acusaciones como «infundadas». Hasta ahora, una gran proporción de los casos presentados fueron desestimados por los jueces por razones de procedimiento, incluso por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Los legisladores republicanos también se están uniendo a la «lucha» mediante la construcción de una estrategia para impugnar los votos del Colegio Electoral durante la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero.
Varios miembros de la Cámara de Representantes prometieron lanzar impugnaciones para evitar que el Congreso cuente la lista de votos electorales del candidato demócrata Joe Biden en varios estados disputados.
El representante Mo Brooks (R-Ala.) inició el proceso cuando anunció su intención de objetar los votos electorales el próximo mes de enero. Desde entonces, un número creciente de legisladores republicanos expresaron su intención de objetar los votos electorales durante esa sesión.
Hasta ahora no hay senadores que se comprometan públicamente a impugnar los resultados de un estado. Un puñado de senadores republicanos no han descartado la posibilidad de objetar, pero dicen que primero vigilarán la evolución de las demandas de fraude electoral. Hasta el momento el senador electo Tommy Tuberville (R.-Ala) dijo que podría unirse a la prevista objeción de los miembros de la Cámara de Representantes.
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