Comentario
El 7 de marzo, Huawei anunció desde su sede en Shenzhen que había presentado una demanda en Texas contra el gobierno de Estados Unidos, alegando que las disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019 que prohíben el uso de productos Huawei y ZTE violaban la Constitución de los Estados Unidos.
En este caso, el quid de la cuestión no es si Huawei tiene alguna posibilidad de ganar la demanda, sino que bajo el régimen del Partido Comunista Chino (PCCh), no existe constitucionalismo ni Estado de derecho alguno. En China, tanto ciudadanos como extranjeros son privados de sus garantías judiciales básicas, y Huawei ayuda al PCCh a violar los derechos humanos mediante el desarrollo de firewalls (cortafuegos) en Internet y tecnología de vigilancia que se utiliza para censurar y vigilar al pueblo chino.
Sin embargo, Huawei, siendo tan cómplice de estos abusos, no se avergüenza en utilizar la independencia judicial estadounidense en un intento de desafiar la legislación de EE. UU.
Mientras tanto, el PCCh sigue negando pública y categóricamente la independencia del poder judicial chino. Esta es la mayor ironía. De hecho, las preocupaciones de seguridad nacional de los Estados Unidos sobre los productos de Huawei giran en torno a la vigilancia nacional estadounidense y técnicas de recopilación de información de Huawei que se exportan internacionalmente. Usando el mismo conjunto de hardware y software, lo que se puede lograr en China se puede hacer en cualquier otra parte del mundo.
Huawei necesita probar que no tiene relaciones con el PCCh y que no está sujeta a las instrucciones del Partido. Incluso dejando de lado la verdadera relación entre Huawei y el PCCh, la ley de inteligencia de China continental ya es suficiente para refutar la afirmación de Huawei de que no entregaría datos aunque Beijing así lo exigiera.
Pocas o ninguna empresa china rechazaría las peticiones del PCCh de cooperar para la recopilación de información, ya que quienes lo hicieran enfrentarían duras sanciones seguidas de confesiones televisadas. La diferencia radica en si esa cooperación se hace voluntariamente o si son obtenidas por la fuerza. Además, el PCCh lleva mucho tiempo aplicando sus controles normativos en el extranjero.
Por ejemplo, en los Institutos Confucio, los profesores deben cumplir con las leyes chinas, un fenómeno del que pueden dar fe personas como Sonia Zhao. El hecho de que el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, dijera a los medios de comunicación que tiene la capacidad de rechazar las exigencias del PCCh, lleva a una única conclusión: que Huawei ha obtenido un permiso especial del PCCh para hacer esta declaración. Esto en sí mismo nos recuerda que la relación entre Huawei y el régimen chino no es una relación común.
Debe prestarse especial atención al apoyo del Ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi a Huawei en nombre del PCCh. El segundo día después de que Huawei anunciara que litigaría, Wang expresó su apoyo a la demanda de Huawei en una conferencia de prensa celebrada durante las “Dos Sesiones”, diciendo: “También apoyamos a las empresas y a los individuos que utilizan armas legales para proteger sus derechos e intereses y no para ser corderos silenciosos”.
Para el mundo exterior, esto confirma las especulaciones de que Huawei está respaldado por el PCCh. Para una compañía que dice ser una empresa privada, si quiere vender productos en Estados Unidos, entonces el gobierno de los Estados Unidos es el comprador, entonces naturalmente tiene el poder de elegir entre diferentes proveedores. Tendrá que hacer varias consideraciones, que por supuesto incluyen consideraciones de seguridad nacional.
¿Cómo podría un proveedor imponer su producto y luego demandar si sus productos no son comprados? Los efectos secundarios de tal arrogancia e irracionalidad son mucho más perjudiciales para la imagen de la compañía que la reciente campaña de relaciones públicas de Huawei; no vale la pena. Pero este tipo de irracionalidad es mucho más razonable desde el punto de vista de los intereses del PCCh.
Causar problemas al gobierno de Estados Unidos está completamente alineado con el objetivo a largo plazo del régimen del PCCh de socavar a Estados Unidos, así como con su objetivo a corto plazo de derribar los obstáculos en las conversaciones comerciales.
La declaración de Wang Yi no solo insinúa que la demanda de Huawei es una medida para defender al PCCh, sino que también demuestra, en los hechos, que el PCCh despliega su estrategia de “guerra legal” para utilizar el sistema judicial de los países occidentales en contra de los intereses nacionales de esos países. El concepto de guerra legal fue mencionado ya en 1999, en el libro “Guerra sin restricciones” escrito por dos oficiales militares chinos. Además, las ‘Regulaciones sobre el Trabajo Político del EPL’ del 2003 integraron aún más la “guerra legal”, la “guerra de opinión pública” y la “guerra psicológica” como una de las funciones de combate del trabajo político.
A finales de 2015, Meng Jianzhu, secretario del Comité Central Político y Jurídico y jefe del Grupo Líder para la Prevención y el Manejo de las Cuestiones Relacionadas con el Culto (Oficina 610), dijo en una conferencia con todos los integrantes de la Oficina 610 Central que cuando se trata de la lucha en el extranjero contra Falun Dafa, hay que aprovechar al máximo las “ventajas políticas e institucionales del Partido”, según documentos internos del PCCh obtenidos y publicados por Bitter Winter, un sitio web dedicado a exponer la persecución religiosa en China.
Por si este mensaje no fuera lo suficientemente claro, lo que Fu Zhenghua, director de la Oficina 610 Central, dijo en enero de 2016 en una reunión de directores de la Oficina 610 fue aún más directo. Subrayó que la lucha en el extranjero debe “tomar la iniciativa de pasar a la ofensiva y ser buena en el uso de las normas internacionales y las leyes nacionales relevantes [en países extranjeros] para hacer el trabajo”.
Obviamente, la apropiación del PCCh de las reglas internacionales y las leyes extranjeras no solo se usa contra Falun Dafa; uno de los propósitos de esta demanda de Huawei es utilizar la democracia y las leyes estadounidenses contra Estados Unidos. Junto con el robo, la replicación y el reemplazo de la tecnología estadounidense, el sistema político del PCCh es similar a una mera imitación de la forma externa mientras que niega completamente lo que implica verdaderamente. Y una vez estudiados a fondo en sentido literal, estos “medios de replicación” se transforman en “medios de confrontación”.
Del discurso de Wang Yi se desprende que no solo el litigio de Huawei fue ideado por el PCCh, sino que es probable que el PCCh planee más ofensivas legales en el futuro. Al PCCh no le preocupa que las empresas occidentales imiten tales tácticas y entablen acciones judiciales en los tribunales chinos. Para el Partido, esto no representa ningún problema. El tribunal chino simplemente no aceptará el caso. Incluso si el caso es aceptado, el tribunal puede fácilmente torcer la ley para fallar en contra de la compañía extranjera. Ni siquiera se necesita una excusa decente.
Un ejemplo es el Tribunal Popular Intermedio de Fujian, donde Micron Technology de Estados Unidos perdió rápidamente su caso contra Fujian Jinhua. Otro ejemplo es cuando los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor fueron detenidos durante tres meses y básicamente privados de todas sus garantías judiciales, sin que se les diera ni una explicación ni se les formularan cargos. A esto se refería Meng Jianzhu con “las ventajas políticas e institucionales del Partido”.
Sin embargo, el uso de la ley es también un arma de doble filo. Mientras que los tribunales de Estados Unidos son abiertos y transparentes, el PCCh es una operación de caja negra. Muchas cosas no se pueden debatir en los tribunales. Cuando el tribunal exija pruebas, Huawei podría proporcionar pruebas falsas, pero ¿qué pasa con la citación de testigos clave? Aunque los funcionarios del PCCh pueden evitar comparecer ante el tribunal cuando son acusados, si lo hicieran mientras son los demandantes, se estarían perjudicando a sí mismos.
Dean Cheng, investigador principal del grupo de expertos de la Fundación Heritage de EE. UU., sospecha que parte de la intención de la demanda de Huawei es entender las fuentes y los métodos utilizados por la inteligencia estadounidense. Esto es por supuesto posible, pero representa una calle en doble sentido, ya que el caso expondría la cortina negra de Huawei y el PCCh. Esta es precisamente una de las razones por las que el PCCh está tan desesperado por no implicar a Huawei, deteniendo la extradición de Meng Wanzhou.
Cuando los Padres Fundadores de los Estados Unidos promulgaron la cláusula del “Escrito de Proscripción y Confiscación”, lo hicieron por consideración a cómo restringir la legislación para proteger los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, incluyendo a las personas extranjeras que residen en los Estados Unidos, están protegidos por esta ley. Pero en cuanto a los gobiernos extranjeros o sus agentes, especialmente aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿deben disfrutar de los mismos derechos? Tal dilema puede no haber existido en la época en que se redactó la Constitución.
La demanda de Huawei puede servir para aclarar las incertidumbres con respecto a este asunto.
Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.
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