PUNTA GORDA, Florida. Una escuela cristiana de Tampa presentó una demanda contra la administración Biden y contra la Comisionada de Agricultura de Florida, argumentando que las regulaciones federales revisadas sobre discriminación obligarían a la escuela a tomar una “elección insostenible: Violar sus creencias religiosas o dejar de proporcionar almuerzos a los niños”.
El 27 de julio se presentó una demanda de 93 páginas en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Florida. Nombrados como acusados, además de la Comisionada de Agricultura de Florida y aspirante a gobernadora demócrata Nikki Fried y el presidente Joe Biden, estaban el secretario del Departamento de Agricultura de EE.UU. Thomas Vilsack, la jefe de la Oficina del Programa de Nutrición Infantil, Lisa Church, y Analista de Gestión Sénior del Departamento de Agricultura de Florida, Nedra Harrington.
La escuela cristiana, con una población estudiantil de 56 alumnos, y en aumento, sostiene en la demanda que la ampliación de la política federal contra la discriminación en materia de orientación sexual e identidad de género está «amenazando» su capacidad de alimentar a los niños hambrientos» y castigando a los niños de bajos ingresos al «quitarles los almuerzos escolares, simplemente porque asisten a escuelas cristianas».
Alliance Defending Freedom, un grupo conservador, representa a la escuela y sostiene que las nuevas políticas darán como resultado que a sus estudiantes se les niegue el acceso a almuerzos gratuitos y nutritivos.
“Todos los niños en Grant Park Christian Academy provienen de familias de bajos ingresos que están por debajo del umbral federal de pobreza y tienen derecho a recibir fondos para su educación”, dijo la abogada de Alliance Defending Freedom, Erica Steinmiller-Perdomo, en un comunicado.
La escuela es privada, pero participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), que proporciona fondos federales para la entrega de almuerzos gratuitos a las familias cuyos ingresos anuales están por debajo del nivel de pobreza.
En mayo, el USDA anunció que exigiría a todas las escuelas que reciben ayudas federales para el programa de almuerzos el cumplimiento de su normativa revisada en virtud del Título IX, una ley promulgada en 1972 para impedir la discriminación por razón de sexo en los programas educativos que reciben fondos federales.
“Eso no es un problema para Grant Park Christian Academy: La escuela nunca excluye ni discrimina a ningún estudiante por su sexo”, afirma la demanda.
Sin embargo, la demanda dice que las regulaciones revisadas amplían la definición de «sexo» para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que prohibiría a la escuela participar en el programa federal para alimentar a sus estudiantes desatendidos.
La demanda también dijo que las nuevas regulaciones evitarían que la escuela tenga baños específicos para cada sexo, violaría la política del código de vestimenta y permitiría que los estudiantes usen «pronombres preferidos».
“La administración Biden está ignorando la ley y obligando a esta maravillosa escuela a tomar una decisión insostenible: Transgredir sus creencias religiosas o dejar de proporcionar almuerzos a los niños”, continuó Steinmiller-Perdomo en su comunicado de prensa.
En su declaración de misión, Grant Park Christian Academy busca “asegurar que cada niño sea educado y amado”. Parte de esa misión, según la escuela, es “alimentar a sus alumnos; todos los cuales califican para la ayuda alimentaria federal”.
La demanda continúa afirmando que el plan de estudios de la escuela se basa «en la cosmovisión bíblica sobre el matrimonio, la sexualidad y la persona humana», y define el matrimonio como la unión entre «un hombre y una mujer» tal y como «lo delinean las Escrituras», señalando que desviarse del sexo biológico de uno «va en contra de Dios”.
Sin embargo, el Título IX proporciona una exención para las escuelas bajo los auspicios de una organización religiosa si la aplicación de la ley sería “inconsistente con [sus] principios religiosos”.
La demanda sostiene que la oficina de Fried dijo, en un correo electrónico, que la escuela «debe cumplir con todas las regulaciones del programa federal» si quieren participar en el programa de almuerzos.
En un correo electrónico de la Oficina de Programas de Nutrición Infantil de Florida, enviado por Lisa Church al director de la escuela, dijo que “para recibir fondos federales, todas las escuelas participantes deben cumplir con todas las regulaciones federales en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares”.
Erin Moffet, directora de comunicaciones del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, le dijo a The Epoch Times en un correo electrónico: “Acabamos de recibir los documentos el viernes (29 de julio), por lo que todavía estamos revisando el litigio y no tenemos (un) comentario adicional en este momento”.
Fried dijo en una conferencia de prensa el 29 de julio que el problema era federal y que la demanda parece ser un paso motivado políticamente por los partidarios del gobernador Ron DeSantis y su administración.
«No estoy sorprendido porque nos enteramos de la demanda antes de que nos la notificaran esta mañana», dijo Fried. «Así que esto es definitivamente una acción de colaboración de la oficina del gobernador y lo que está sucediendo en esta demanda».
Durante la sesión de preguntas y respuestas, se presionó a Fried para que respondiera si retendría el dinero de los almuerzos escolares si las escuelas “no cumplían” con la guía.
“Para que nosotros, el Departamento de Agricultura, podamos continuar haciendo nuestro trabajo, nosotros y nuestros proveedores debemos continuar cumpliendo con las leyes y regulaciones federales”, dijo. “Pero no se equivoquen sobre esto, haré todo lo posible para garantizar que los niños de Florida no sean víctimas de la administración DeSantis y se les nieguen las comidas”.
Grant Park Christian Academy abrió sus puertas en 2015 y educa a estudiantes desde prekínder hasta octavo grado. Todas las familias de los estudiantes están por debajo del nivel federal de pobreza y califican para recibir almuerzos gratis, según el documento judicial.
En su sitio web, Alliance Defending Freedom se describe como “la organización legal más grande del mundo comprometida con la protección de la libertad religiosa, la libertad de expresión, la santidad de la vida, los derechos de los padres y el diseño de Dios”.
El grupo presentó la demanda el mismo día que otros 22 fiscales generales estatales presentaron demandas similares.
The Epoch Times contactó a los otros acusados nombrados, así como a la oficina del presidente, en busca de comentarios, pero no recibió respuestas al cierre de esta edición.
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