Tres empresas y el fiscal general de Misuri están pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) que suspenda la orden de vacunación de la Administración Biden para las empresas privadas con 100 o más empleados.
Tres empresas —Phillips Manufacturing & Tower Company, Sixarp LLC, y Oberg Industries LLC— presentaron el viernes una solicitud de emergencia (pdf) para una orden judicial, diciendo que la Administración Biden persigue un poder ejecutivo federal ilimitado en la orden de vacunas para las empresas privadas.
«No hay disputa entre las partes sobre el deseo común de poner fin al flagelo de la pandemia de COVID-19», dice la solicitud. «Los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo no admiten límites conocibles al poder ejecutivo federal».
«Frustrado por las opciones médicas de una minoría de estadounidenses, el Poder Ejecutivo ha intentado controlar y vigilar los calendarios de vacunación de enormes franjas de la población del país», añade la solicitud.
Las tres empresas, que tienen más de 100 empleados, tendrían que aplicar la orden de vacunación si no la detienen los tribunales.
Mientras tanto, la orden de vacunación también pondrá en peligro los esfuerzos de contratación de las empresas, que ya están en dificultades, dijeron los tres solicitantes en la solicitud.
Eric Schmitt, el fiscal general de Misuri, también pidió a la SCOTUS que suspenda la amplia orden de vacunación de la Administración Biden.
«Esto siempre estuvo destinado a llegar al más alto tribunal de la nación y seguiré luchando contra esta descarada extralimitación», escribió en un mensaje de Twitter.
The Epoch Times se puso en contacto con la SCOTUS, el gobierno de Biden y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) para obtener comentarios.
Este es el último esfuerzo de algunas empresas y estados rojos para detener la orden de vacunación del presidente Joe Biden para las empresas privadas, después de que el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EE. UU. permitiera su entrada en vigor la noche del viernes.
Los requisitos de vacunación para las empresas privadas emitidos por la OSHA suponían que unos 84 millones de trabajadores estadounidenses se enfrentaban a una fecha límite del 4 de enero para vacunarse antes de que quedara suspendida.
Según la norma, los empleados que no estén totalmente vacunados tendrían que llevar mascarillas y someterse a pruebas semanales para detectar el virus PCCh (Partido Comunista Chino), que causa la enfermedad COVID-19. Las excepciones se aplicarían a quienes trabajen al aire libre o desde casa.
La norma de la OSHA amenaza con multas de hasta 13,600 dólares por infracción. También amenaza con imponer una multa adicional de 13,600 dólares por día que el empresario no reduzca la infracción. En caso de infracción intencionada o grave, la OSHA puede imponer una multa de hasta 136,000 dólares.
Tras el fallo del Tribunal del Sexto Circuito, la OSHA fijó el 10 de enero como fecha límite para que las empresas con 100 o más empleados cumplan la norma.
El sábado, la OSHA informó en un comunicado de que no emitiría citaciones a las empresas por incumplimiento de ninguno de los requisitos de la orden de vacunación contra el COVID-19 de la Administración Biden para las empresas privadas que emplean a 100 o más personas hasta el 10 de enero. Tampoco emitirá ninguna citación por incumplimiento de los requisitos de las pruebas de la orden hasta el 9 de febrero.
Con información de Mimi Nguyen Ly y Tom Ozimek.
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