El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas inyecciones de fondos públicos a las empresas por un total de 50,000 millones de euros, y ha recordado que la reforma fiscal que hará el Ejecutivo subirá el IRPF en los tramos más altos y Sociedades a las grandes empresas.
En una entrevista en La Sexta, Sánchez ha dicho también que la negociación para sacar adelante el Fondo de Recuperación de la Unión Europea (UE) con el que hacer frente a los efectos del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus, que debe estar aprobado en julio, «será una gran batalla» por las resistencias de algunos de los socios, pero defiende que España tiene que recibir más fondos porque ha sido de los países más afectados por la pandemia.
40,000 millones de nuevos avales del ICO
De los 50,000 millones anunciados, 40,000 serán nuevos avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, previsiblemente, aprobará mañana el Consejo de Ministros para impulsar la inversión empresarial, han avanzado a Efe fuentes del Gobierno.
Esta nueva línea de avales es adicional a los 100,000 millones del ICO, ya aprobados para que las empresas pudieran hacer frente a los problemas de liquidez generados por el parón de la economía, tras decretarse el estado de alarma para frenar la expansión del virus del PCCh.
Pero, a partir de ahora, la respuesta debe ser «transformadora y no defensiva» e incorporar la digitalización y la transición ecológica, y a esos objetivos se dirigen los 50,000 millones nuevos.
Subidas de los tramos más altos del IRPF
También ha anunciado subidas de impuestos en los tramos más altos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el de Sociedades para las grandes empresas. La reforma fiscal es «inevitable» porque el porcentaje de ingresos sobre el producto interior bruto (PIB) está en España siete puntos por debajo de la media de la UE y debe servir para financiar un Estado del bienestar «robusto».
Por tanto, habrá aumentos de impuestos en los tramos más altos del IRPF, como figura en el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos para las grandes empresas -que pagan menos del 10 % en el Impuesto de Sociedades, ha afirmado- y también en impuestos medioambientales pero no se gravará más a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El presidente ha eludido precisar si habrá subidas del impuesto sobre el valor añadido (IVA), y ha indicado que el impuesto a las grandes fortunas «no deja de ser un fetiche», pero si ha señalado que «las costuras fiscales han saltado» con el gasto derivado de las coberturas para hacer frente a las consecuencias del COVID-19.
Sánchez ha afirmado que no bajará las pensiones y tampoco está en «la previsión del Gobierno» el recorte del sueldo de los funcionarios.
Al tiempo, el presidente del Gobierno quiere que los Presupuestos Generales del Estado estén aprobados antes de fin de año: «me gustaría que fuera con el mayor número de partidos» porque «más que una geometría variable debería haber una geometría absoluta, que la unidad sea una obligación para el Gobierno y para la oposición», ha indicado.
Acuerdo con los agentes sociales
Pedro Sánchez ha avanzado también que mañana firmará con los agentes sociales un acuerdo con medidas de dinamización económica y por el empleo.
Fuentes del Gobierno han confirmado a Efe el pacto, que incluye medidas económicas y para reactivar el empleo tras la crisis causada por la brusca caída de la actividad.
La «batalla» del fondo europeo de reconstrucción
En cuanto al Fondo de Recuperación europeo para hacer frente a los efectos del COVID-19, ha explicado que se verá en los próximos días con sus homólogos de Suecia, Portugal y Holanda para trasladar la posición del Gobierno español, que defiende que el país «evidentemente» necesita más recursos que otros porque ha sido uno de los más afectados por la pandemia.
Ha recordado que España aportaría a ese fondo un 9 %, por encima del 6 % con que contribuye Holanda, uno de los países más críticos con el programa.
Las diferencias entre los distintos países se centran en la dimensión del fondo, en qué parte serán préstamos y transferencias directas, en el periodo de ejecución (2 o 4 años), punto en el que España defiende que se extienda lo máximo, además de en si habrá condicionalidad macroeconómica con la distribución de fondos.
Un 35 % de ocupados protegidos
En el punto más crítico de la crisis por la pandemia, el Estado ha protegido a través de los distintos mecanismos (prestación por cese de actividad, ERTE…) a más del 35 % de los ocupados: 1.5 millones han percibido la prestación por cese de actividad y más de tres millones se acogieron a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los que ya han vuelto a trabajar aproximadamente la mitad.
La «gran reforma estructural» que está haciendo el Gobierno en el mercado de trabajo es dar alternativas al despido, como son la prestación por cese de actividad de los autónomos y los ERTE, que han evitado destrucción de empleo en esta crisis, ha explicado el presidente.
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