El Ministerio del Interior español denegó este lunes el derecho de asilo y protección internacional a Luis Armando Pérez, hermano del policía venezolano Oscar Pérez que se sublevó y fue abatido por la dictadura de Nicolás Maduro en 2018.
“El hecho de ser considerado no afín a las políticas gubernamentales, militar en un partido político de la oposición o acudir a manifestaciones contrarias al Gobierno no necesariamente implica que las autoridades venezolanas movilicen recursos públicos para perseguir a la persona solicitante”, explica la denegación emitida por el Ministerio del Interior presidido por Fernando Grande-Marlaska, informó El Confidencial, el 29 de diciembre.
Luis Armando Pérez se encontraba asilado en una zona del norte de España, que no quiso divulgar. “Mi hermano fue asesinado por órdenes de Maduro con otro grupo de personas. Ha habido muchos torturados. Tengo orden de captura en Venezuela y presenté todas las pruebas. Y la respuesta del Gobierno español es que no merezco el asilo político”, declaró Pérez, según el medio español.
El ataque donde Oscar Pérez fue asesinado se conoce como la masacre de El Junquito, mientras se encontraba dentro de una propiedad con sus compañeros al oeste de Caracas, Venezuela, el 15 de enero de 2018.
La Comisión Interministerial de Asilo y Refugiados, dijo además que en caso de que Luis Pérez retorne a su país de origen «no es posible deducir”, que “sufra la pena de muerte o riesgo de su ejecución”, ni tampoco identifica “riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes», informó la Agencia Nova, citando a la prensa española que tuvo acceso al Ministerio.
En Venezuela no se puede decir que exista una situación de conflicto armado internacional o interno, añade la Comisión, por lo que no hay causas para “el otorgamiento de protección subsidiaria”, añadió.
Después de salir de Venezuela, atravesar varios países y llegar a Chile, según Nova, Luis Armando Pérez, un trabajador bancario, voló en 2018 a España donde consiguió refugio temporal con su pareja y dos hijos.
Hace un año solicitó asilo y denunció que su familia era perseguida y su madre debió huir a EE.UU. luego de los abusos cometidos por el régimen de Maduro en la operación que acabó con la vida de su hermano y sus compañeros.
Luis Armando participó en la recopilación de evidencia audiovisual de la masacre de El Junquito, donde dieron muerte a su hermano, para la Corte Penal Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto a los diputados exiliados Wilmer Azuaje y Franco Casella, según Efe.
Oscar Pérez se dio a conocer cuando el 27 de junio de 2017 sobrevoló en un helicóptero la Corte de Justicia en Caracas que, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, desconocía la Asamblea Nacional (AN) electa en democracia con una mayoría opositora a fines de 2015.
Pérez llevó como bandera un artículo de la Constitución venezolana que ordenaba a la Fuerzas Armadas a la rebelión, contra quien estaba abusando del poder. Maduro en 2017 con sus delegados en la Corte creó una Asamblea Constituyente paralela a la AN, no reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europa, ni Estados Unidos.
Desde que hizo el sobrevuelo en helicóptero, el policía pasó a la clandestinidad, desde donde difundió varios llamados a las Fuerzas Armadas y policiales instándolos a sublevarse contra la dictadura.
El día de su muerte se publicaron una serie de vídeos de Pérez herido, negociando con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, mientras estaba acorralado en una casa de El Junquito.
“Estamos luchando por la libertad, eso es lo verdadero. El verdadero principio, por amor a nuestra nación”, dijo en uno de los vídeos. “Aquí estamos, negociando. Nos han disparado, estamos agazapados, pero ya estamos negociando con los funcionarios, los fiscales”.
“No sigan disparando”, pidió en otras imágenes mientras se encontraba sangrando bajo el ruido de las balas.
El diputado Winston Flores, declaró más adelante que «el cuerpo de Óscar Pérez tenía más de 40 heridas de bala».
La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, en marzo de 2019 reveló las fotos de la muerte del policía, que envió a la Corte Penal Internacional como parte de las evidencias de que Nicolás Maduro dio las órdenes para que lo ejecutaran, pese a ser un policía.
“Esa evidencia no deja ninguna duda de que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad”, aseguró Ortega Díaz.
De acuerdo al Informe de la ONU, que insta a Venezuela “la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad”, fechado el 16 de septiembre de 2020, el “estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales”.
“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad” dijo Marta Valiñas en el documento, añadiendo que “las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”.
El 14 de diciembre de 2020, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que se encontraron “fundamentos razonables” para determinar que tanto las fuerzas armadas como personas a favor del régimen chavista han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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Cómo el régimen comunista negó la responsabilidad de todas sus masacres
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