La sentencia a la primera época de la trama Gürtel constata cómo el empresario Francisco Correa creó «un entramado con una polifacética actividad delictiva» y no dudó en extender «las necesarias redes de corrupción» por diferentes municipios del país para conseguir sus «fraudulentos beneficios», según señala la sentencia.
Una red empresarial que estableció «una estructura de colaboración estable con el PP» y una «intensa relación negocial» que ha llevado al partido a ser condenado a pagar 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de las actividades delictivas de la trama.
Al frente de la red se encontraba Correa,(condenado a 51 años y 11 meses de cárcel). Era quien daba las órdenes pertinentes y buscaba los contactos necesarios para conseguir ilegalmente contratos con la Administración Pública y después repartía los beneficios entre quienes le favorecían.
En dicha trama, señala la sentencia de la Audiencia Nacional,»la corrupción de individuos de la clase política (…) era un factor fundamental».
A la sombra se encontraba Pablo Crespo (37 años y medio), ocupando «un papel preponderante» como su segundo y mano derecha. Era el gerente de sus sociedades, quien realmente llevaba la estructura societaria de la red y se encargaba de comprobar que se cumplían las instrucciones.
Pese a que el tribunal considera probado que ambos eran los principales cabecillas de la red, no les condena por asociación ilícita (ni tampoco a Isabel Jordán), precisamente porque ya fueron condenados por este delito por el Tribunal Superior de Justicia valenciano en la sentencia del caso Fitur.
En tercer lugar de importancia se encuentra José Luis Izquierdo (17 años y 7 meses), el «auténtico contable». El tribunal cree que era «fundamental» en el funcionamiento del entramado porque llevaba las cuentas, controlaba la caja B del grupo y se encargaba de los movimientos del dinero por orden de Correa y Crespo.
Por último, menciona a Isabel Jordán (14 años y 10 meses), «la jefa». Ella era quien administraba algunas de las empresas de la trama bajo la supervisión de Crespo, si bien llegó un punto en el que comenzó a funcionar de manera autónoma respecto al grupo, cuya sede se encontraba en la madrileña y exclusiva calle Serrano.
Fuera de los límites de la trama, la sentencia sitúa a Javier Nombela y Alicia Mínguez, ambos condenados a 3 años y medio de prisión.
Eran los responsables de fraccionar irregularmente las facturas para así disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad y el procedimiento habitual de adjudicación. Sin embargo, su papel era secundario en tanto que figuraban como «meros empleados» de Correa.
De hecho, menciona la declaración del exedil de Hacienda en Pozuelo Roberto Fernández (11 meses de cárcel) que aseguró que Nombela no tenía «ningún tipo de función más que ayudar» y que definió a Mínguez como «la mano que se limitaba a cumplir lo que cualquiera de sus superiores le indicaba».
Dentro de este organigrama corrupto el tribunal no sitúa, sin embargo, a Álvaro Pérez, El Bigotes, el responsable de la Gürtel en la Comunidad Valencia y habitualmente considerado otro de los cabecillas, en tanto que le ha absuelto de este procedimiento.
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