El Gobierno ha reiterado hoy su «pleno apoyo» a la Corte Penal Internacional (CPI) y ha hecho un llamamiento a «todos los Estados a seguir colaborando» con esta institución en su misión de «imponer justicia frente a los crímenes de guerra».
En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo ha mostrado su respaldo a la CPI con motivo de su puesta en marcha hace 20 años por iniciativa de la ONU mediante el Tratado de Roma, si bien el tribunal entró en vigor el 1 de julio de 2002.
El apoyo de España tiene lugar además en un contexto en el que el Gobierno estadounidense de Donald Trump ha amenazado con sancionar a la CPI si decide investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán.
Según España, el tribunal con sede en La Haya (Holanda) es «el principal órgano con plena legitimidad para enjuiciar los crímenes más atroces» y su creación ha supuesto «un triunfo de la comunidad internacional y del multilateralismo».
Exteriores considera que es «necesario un orden basado en el derecho y el imperio de la ley, en el que la lucha contra la impunidad debe ser garantizada a nivel nacional, y en su defecto, a nivel internacional, sobre la base del principio de complementariedad», y en el que las víctimas tengan derecho a ser resarcidas «sea cual sea su nacionalidad».
Reitera que «España está firmemente comprometida con la lucha contra la impunidad y con la Corte Penal Internacional como piedra angular de un sistema universal destinado a imponer justicia» frente a los crímenes de guerra, los de lesa humanidad, el genocidio o la limpieza étnica.
Por ello, el Gobierno subraya su compromiso «a seguir colaborando con la labor de la Corte y realiza un llamamiento a todos los Estados a seguir haciéndolo a fin de garantizar su acción eficaz y la universalidad del Estatuto de Roma».
John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, aseguró el pasado lunes que si la CPI, a la que tildó de «ilegítima» y «peligrosa», investigase a EEUU o Israel, «no se quedarán callados» y estudiarían, incluso, la posibilidad de tomar medidas en la ONU para restringir los poderes del tribunal.
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