La Justicia española ha reafirmado la negativa a entregar a Estados Unidos al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas por blanqueo y sobornos de la petrolera venezolana PDVSA.
La Audiencia Nacional (AN) confirmó este viernes una primera decisión de este mismo tribunal de no entregarlo, que había sido recurrida por la Fiscalía.
Si bien Estados Unidos comenzó a investigarlo por organización criminal y blanqueo por corrupción en los negocios, también es investigado por esos delitos en España, en la propia AN.
A esto se une que Alvarado cuenta con la nacionalidad española desde 2017 y, en contra del criterio de la Fiscalía, el tribunal reitera que «en modo alguno» se ha acreditado que la obtuviera de forma fraudulenta.
Los procedimientos abiertos en ambos países, argumenta, «son una misma dinámica delictiva (…) sin poder dar preferencia a uno sobre el otro», según la resolución judicial, que fue aprobada por mayoría de los jueces que estudiaron el recurso.
Además, indica que la causa que se sigue contra él en España es un obstáculo insalvable para extraditarlo, y que se debe seguir investigando.
Ahora bien, abre la posibilidad de que Estados Unidos pueda volver a reclamarlo si alguno de los hechos que le atribuye quedase sin juzgar en España.
Tras ser cesado en Bariven -filial de PDVSA- en 2013, Alvarado se trasladó a España, donde fue detenido en mayo pasado, aunque quedó en libertad con fianza tras pasar cuatro meses en prisión provisional.
Según la petición norteamericana de extradición, en 2011 «se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel» de PDVSA para pedir sobornos a proveedores de la petrolera, algunos en EE.UU.
La Audiencia Nacional, que también investiga a otros exdirectivos de PDVSA, considera que Alvarado habría cometido actos de corrupción en EE.UU. y otros países por los que obtuvo beneficios que habrían sido, «al menos parcialmente», blanqueados en España por medio de inmuebles y creación de sociedades.
La Fiscalía española pidió el lunes pasado imputar en la misma causa sobre corrupción en PDVSA a la novia del exviceministro venezolano, Ceciree Carolina Casanova, a la que relaciona con la recepción de casi 800,000 euros (unos 870,000 dólares) a través de una sociedad de la que era administradora.
El mismo tribunal español decidió en noviembre de 2019 extraditar a EE.UU. por delitos de narcotráfico al exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, quien se encuentra en paradero desconocido desde entonces.
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