Karime Macías, esposa del exgobernador acusado de corrupción Javier Duarte, desvió recursos públicos por 21,2 millones de dólares a través de 33 empresas fantasma, denunció hoy la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En una investigación, MCCI identificó que cuando Macías era presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del oriental estado de Veracruz, este organismo entregó más de 415 millones de pesos (21,2 millones de dólares) a una red de 33 empresas fantasma.
«El monto cuadruplica lo revelado oficialmente hasta ahora. El DIF fue la primera dependencia en la que comenzó el desvío con empresas fantasma que luego se extendió a ocho dependencias más» del Gobierno de Veracruz, agregó la ONG en un boletín.
Los depósitos a empresas fantasma por parte del DIF se produjeron entre 2011 y 2016, y la cifra es «casi cuatro veces superior a los 112 millones de pesos (5,7 millones de dólares) de presuntos desvíos que permitieron a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Karime Macías», recordó MCCI.
Este lunes, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, publicó unos vídeos donde localizaban a Macías viviendo en un lujoso barrio de Londres, y horas después la Interpol emitió una alerta roja, que contempla su búsqueda y captura con fines de extradición.
La investigación de MCCI con el portal noticioso Animal Político determinó también que, detrás de estas 33 empresas fachada, hay otras 400 empresas fantasma que habrían recibido recursos.
Entre esas compañías se encuentran las seis que la Fiscalía de Veracruz identificó para pedir el arresto de Macías: Grupo Balcano, Prefraco, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios CERENE, Ravsan Servicios Múltiples y ANZARA.
«De las 33 empresas que recibieron dinero del DIF el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya investigó a 19 y concluyó, en definitiva, que eran empresas inexistentes que simulaban operaciones», agregó.
Aunque el nombre de Karime Macías no aparece en ninguno de los contratos firmados, pues de hecho el puesto de presidenta del DIF es honorífico, la investigación de la Fiscalía de Veracruz enviada a un juez apunta a que ella presuntamente ordenaba y coordinaba los pagos a las empresas para desviar los recursos públicos, recordó el texto.
En total, el DIF Veracruz firmó 119 contratos con este grupo de empresas.
Los que aparecen como accionistas de las compañías son en realidad prestanombres, en muchos casos personas de bajos recursos y en algunos casos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó el texto.
Para adjudicar los pagos, el DIF-Veracruz simuló procesos legales de contratación bajo la modalidad «licitaciones simplificadas» en donde llegaba a invitar de 3 a 5 empresas, todas ellas fantasma y pertenecientes a la misma red.
O en algunos casos, simplemente pactó «adjudicaciones directas» con cualquiera de las excepciones que la ley permite e incluso se hicieron pagos sin contratos.
Los conceptos de los contratos abarcaban de todo, desde sillas de ruedas a juguetes para niños. «Hoy no hay evidencia legal de algo de eso se haya entregado», señaló la investigación.
Los pagos ocurrieron con Karime Macías al frente del DIF, pero con distintos funcionarios a cargo de la dirección de Finanzas de dicha dependencia.
Durante la administración de Duarte (2010-2016) presuntamente se desviaron recursos públicos por unos 58.000 millones de pesos (unos 2.920 millones de dólares).
El exmandatario está encarcelado mientras afronta varios procesos penales, entre otros, por los delitos peculado (malversación de fondos públicos), tráfico de influencias e incumplimiento del deber.
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