Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar en su segunda cita ante el juez que le investiga por presunto tráfico de influencias, en una causa donde su defensa no ve «garantías» suficientes y considera vacía de contenido.
Gómez volvió a acudir este viernes al juzgado, a donde, de nuevo, accedió en coche por el garaje por motivos de seguridad, en medio de un fuerte dispositivo policial y la misma expectación mediática que hace justo dos semanas, cuando compareció por primera vez por una denuncia presentada por un sindicato ultraderechista.
Su comparecencia duró apenas diez minutos, tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez, decisión adoptada por recomendación de su defensa, «no porque tenga nada que esconder» o «no quiera dar explicaciones», sino porque la «declaración del investigado tiene que hacerse con garantías», anunció su abogado, Antonio Camacho, ante los medios.
La esposa de Sánchez, líder de los socialistas españoles, es la única investigada en un caso abierto en un tribunal de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, vinculado a la derecha, al que luego se unieron otras acusaciones del mismo entorno.
El juez abrió una causa para investigar si utilizó su condición como mujer de presidente del Gobierno para favorecer la concesión de contratos al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía en la universidad Complutense de Madrid, pero en el proceso, el magistrado amplió la investigación a su papel en ese máster.
Muy crítico con la decisión de no declarar, el partido derechista Vox -que dirige las acusaciones populares- anunció su «firme voluntad» de pedir al juez que cite como testigo a Sánchez para aclarar las reuniones mantenidas entre su mujer y empresarios como Juan Carlos Barrabés en el palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente y sede del Gobierno.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo consideró «absurdo», ridículo» y «cruel» y ve en esta petición una «persecución política», mientras que desde el conservador Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, advirtieron de que «no dar explicaciones alienta las sospechas».
La anterior comparecencia de Gómez, el pasado 5 de julio, fue aplazada al alegar la investigada que desconocía la última querella que se presentó contra ella.
Su negativa a declarar hoy, según su abogado, se basa en la falta de garantías de una «investigación expansiva» y «sin contenido», en la que algunos hechos denunciados por las acusaciones populares exceden el objeto de la causa, como expresó en un reciente escrito.
Entre ellos figura su papel al frente de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y la presunta apropiación de un software para la misma, un asunto que está en el foco de las acusaciones populares.
La cátedra, que Begoña Gómez solicitó renovar, junto a otros cargos, el pasado 2 de julio, según un documento de la universidad al que tuvo acceso EFE, ha centrado el interrogatorio hoy como testigos del vicerrector de Relaciones Institucionales del centro, José María Coello, y de su predecesor, Juan Carlos Doadrio.
Este último, según explicó el abogado de Gómez en declaraciones a EFE, «no ha puesto de manifiesto» ninguna irregularidad en la creación de la cátedra que codirigió Begoña Gómez y rechazó que tuviese problemas en participar en la constitución de la misma, pese a ser «miembro activo» del PP.
Ambos explicaron cómo funcionaba la cátedra a través de comisiones mixtas que se celebraban una vez al año, de quién dependía y cuál era su organización en sus respectivos periodos en la universidad.
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