El gobernador de Washington, Jay Inslee, firmó el miércoles un proyecto de ley que restaura los derechos para votar a personas que cumplieron su condena de prisión por condenas de delitos graves, pero que aún pueden estar en libertad condicional y deben honorarios legales.
Cuando la ley entre en vigor en 2022, según el Brennan Center for Justice, restablecerá los derechos para votar a más de 20,000 personas en el estado. Actualmente, las personas con delitos graves en el estado Siempre Verde solamente pueden recuperar su derecho al voto después de cumplir todas las condiciones de su condena.
“Hoy firmé el HB 1078, que restaurará el derecho para votar de las personas que hayan cumplido su condena de prisión. Este es un buen día para la democracia en el estado de Washington”, escribió Inslee en Facebook.
La representante Tarra Simmons, quien presentó la legislación, dijo en una conferencia de prensa que esta era una cuestión personal para ella.
Simmons, es una demócrata que había sido condenada por un delito grave. Después de su liberación, realizó el examen de derecho y en noviembre se convirtió en la primera exconvicta electa a la Legislatura.
“Y hubo un tiempo en el que si una persona era condenada por un delito mayor, perdía el derecho al voto para siempre. Sin embargo, a lo largo de los años, la legislatura estatal se ha dado cuenta de que la injusticia social y racial es inherente a estas políticas”, dijo Simmons.
Ella dijo que antes de su proyecto de ley, aquellos que querían que se les restableciera el derecho al voto tenían que pasar por un proceso complicado y no se les permitía dejar de pagar sus obligaciones legales o financieras.
“Bajo el Proyecto de Ley 1078 de la Cámara de Representantes, no habrá un proceso más complicado y se restaurará el derecho para votar si una persona ya no está en prisión. Esto hace que sea mucho más fácil de administrar y restaura también algo de dignidad para nuestros vecinos cuando les damos la bienvenida a casa”, agregó.
El representante Jesse Young, un defensor del proyecto de ley, dijo que restaurar los derechos de los antiguos delincuentes debería ser un tema no partidista porque todos merecen una segunda oportunidad, como él aprendió al ver a su madre pelear y vencer al alcoholismo.
15 representantes republicanos votaron a favor del HB 1078. Los republicanos que se opusieron al proyecto de ley argumentaron que se debe cumplir con la libertad condicional y el cumplimiento de las “obligaciones financieras legales” antes de restaurar el derecho para votar de una persona.
“Más allá de los derechos al voto, primero viene la responsabilidad”, dijo la representante republicana Jenny Graham en la Cámara estatal a fines de febrero. «Cuando alguien toma la decisión de dañar o matar a otra persona, se debe rendir cuentas».
Mientras tanto, Inslee elogió a su estado por ampliar los derechos al voto con la aprobación del proyecto de ley HB 1078 y criticó a estados como Georgia que promulgaron leyes para requisitos más estrictos de identificación de votantes.
“Mientras que otros estados están restringiendo el derecho para votar, me alegra que en Washington estemos ampliando el acceso a la democracia”, dijo Inslee.
La ley de 95 páginas de Georgia agrega una serie de cambios a la forma en que los georgianos votan, incluida la exigencia de una identificación con fotografía o aprobada por el estado para votar en ausencia por correo. La ley exige también que se coloquen buzones seguros dentro de los lugares de votación anticipada, con vigilancia constante, y amplía la votación anticipada en todo el estado.
La ley acorta también el ciclo electoral de nueve a cuatro semanas y requiere un mínimo de una semana de votación anticipada antes del día de las elecciones. Las personas que desean votar en ausencia se enfrentan también a nuevos requisitos.
Los demócratas han dicho que leyes como la de Georgia son un intento de los republicanos de reprimir los votos, mientras que los republicanos dicen que es para brindar mayor integridad al proceso de votación.
El 26 de marzo, el presidente Joe Biden criticó la ley de Georgia como «un ataque flagrante a la Constitución y a la buena conciencia». También calificó la ley como un «Jim Crow en el siglo XXI», refiriéndose a las leyes de Jim Crow que imponían la segregación racial en el sur.
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, refutó los comentarios de Biden, diciendo que «es obvio que ni» el presidente «ni sus encargados han leído» el proyecto de ley.
“No hay nada de ‘Jim Crow’ en requerir una fotografía o una identificación emitida por el estado para votar en ausencia—todos los votantes de Georgia ya deben hacerlo cuando votan en persona”, dijo Kemp, y agregó: «El presidente Biden, la izquierda y los medios de comunicación nacionales están decididos a destruir la santidad y seguridad de las urnas».
Con información de Janita Kan.
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