Los estados están afrontando urgentemente los presuntos abusos de las Big Tech, mientras que el gobierno federal está preocupado por el alivio de COVID-19 y el impeachment al expresidente Donald Trump.
Impulsados por diversas motivaciones, como la lucha contra la censura, el refuerzo a la protección de la privacidad de los datos de los electores, o la sanción a los ingresos de las empresas que se han enriquecido abusando de su posición dominante en el mercado, los estados están intensificando las medidas para enfrentarse a las Big Tech.
Ante las afirmaciones de que las Big Tech están reprimiendo las voces conservadoras, el senador Brian Hughes (R- Texas) está trabajando con el gobernador Greg Abbott y con los legisladores estatales en un proyecto de ley que evitaría que las empresas tomen medidas para moderar el contenido de los usuarios basándose en puntos de vista políticos.
Hughes le dijo a NTD durante una entrevista que cree que tener un diálogo abierto y vigoroso en las redes sociales es clave para un discurso político y social saludable.
“En este momento tenemos una oligarquía, tenemos un pequeño grupo de personas en San Francisco que quieren controlar el discurso de todos. Por eso es tan importante”, dijo Hughes.
El proyecto de ley permitiría a los ciudadanos un recurso legal si se les desplaza o se les censura.
“Si estás en Texas y te castigan por tu discurso, esto te da la oportunidad de ir inmediatamente a la corte y mostrarle al juez lo que está sucediendo y obtener una sentencia declaratoria para que ellos te vuelvan a poner online. Debería ser un proceso rápido y un proceso disponible para todos los texanos”, dijo Hughes.
El proyecto de ley se presenta tras una propuesta de Florida que trataría de penalizar a las empresas de redes sociales que censuren a los candidatos durante las elecciones. La legislación multaría a las empresas con 100,000 dólares al día hasta que se restablezca el acceso del candidato a la plataforma. Florida también exigiría a las empresas, que promocionen a un candidato, que registren esos apoyos como una contribución a las campañas políticas en la comisión electoral del estado.
Nebraska es otro estado que ha introducido recientemente una legislación que multaría a las empresas de redes sociales que violen los derechos de libertad de expresión de los usuarios de Nebraska. El proyecto de ley fue presentado por el senador republicano Curt Friesen, quien declaró al Omaha World-Herald que le preocupaba el poder de los grandes ejecutivos tecnológicos a la hora de moderar el discurso online.
«Ellos deciden arbitrariamente qué es adecuado para su plataforma o no», dijo al medio. «No creo que lo hayan hecho de manera justa en todos los ámbitos».
En el ámbito de la privacidad, los legisladores republicanos en Dakota del Norte presentaron el miércoles un proyecto de ley que le prohibiría a las empresas vender los datos protegidos de sus usuarios sin su consentimiento. Las empresas estarían obligadas a implementar una advertencia para que los usuarios den su consentimiento expreso a la venta de los datos; datos en los que hay información como los hábitos de compra, el historial profesional o el estatus socioeconómico. Las infracciones serían castigadas con un mínimo de 100,000 dólares si violan la ley a sabiendas.
Virginia está en camino de ser el segundo estado, después de California, con una legislación de privacidad integral. El Senado estatal aprobó por unanimidad la Ley de Protección de Datos del Consumidor la semana pasada, y, después de que la versión del Senado del proyecto de ley se reconcilie con la versión de la Cámara, se dirigirá al escritorio del gobernador Ralph Northam para su firma. El proyecto de ley otorga a los consumidores el derecho a acceder, corregir, eliminar u obtener una copia de los datos personales y a optar para que no se procesen los datos personales utilizados en la publicidad dirigida.
En Maryland, se espera que la Cámara controlada por los demócratas anule el veto del gobernador republicano, Larry Hogan, a un impuesto a la publicidad digital propuesto, el primero en la nación, que habría exigido tasas de hasta el 10 por ciento sobre los ingresos que las grandes Big Tech generan al ofrecer anuncios online a los residentes de Maryland.
Sin embargo, mientras el proyecto de ley de impuestos digitales de Maryland aparentemente apunta a las grandes plataformas tecnológicas, gran parte de la carga recaería en las empresas y los consumidores de Maryland, según Jared Walczak de Tax Foundation, una organización sin fines de lucro de política tributaria. La industria tecnológica y la comunidad empresarial se oponen ampliamente al impuesto.
También se están realizando esfuerzos federales para disminuir el poder de las Big Tech.
El Departamento de Justicia demandó a Google en octubre, acusando a la compañía de utilizar tácticas anticompetitivas, mientras que la Comisión Federal de Comercio demandó a Facebook en diciembre, alegando que el gigante de las redes sociales abusó de su poder de mercado para sofocar la competencia.
En el Congreso, el Subcomité Antimonopolio de la Cámara de Representantes publicó un informe de 450 páginas el 6 de octubre (pdf), luego de una investigación bipartidista iniciada en junio de 2019, alegando una variedad de prácticas anticompetitivas por parte de cuatro titanes de la tecnología: Amazon, Apple, Facebook y Google.
Las recomendaciones del subcomité incluyen aumentar la aplicación de las leyes de fusión y monopolio, mejorar la administración de las leyes antimonopolio, imponer requisitos de no discriminación y adoptar separaciones estructurales.
El informe provocó una serie de refutaciones de Amazon, Apple, Google y Facebook.
Amazon afirmó en su blog que las conclusiones del subcomité sobre las supuestas prácticas monopólicas eran «nociones marginales» y «escupitajos regulatorios», al tiempo que insistía en que tanto las pequeñas empresas como los clientes sufrirían como resultado de las «intervenciones equivocadas» de los legisladores.
Apple, en una declaración enviada a TechCrunch, dijo que «vehementemente» no está de acuerdo con las recomendaciones del subcomité y destacó su capacidad para revisar aplicaciones y seleccionar el acceso de los usuarios al software de terceros como baluartes contra posibles infracciones de privacidad.
Un portavoz de Facebook le dijo a TechCrunch que su estrategia de adquisiciones es simplemente un buen negocio que le permite a la empresa «innovar en nuevas tecnologías para ofrecer más valor a las personas», mientras insiste en la presencia de un «panorama fuertemente competitivo».
Google dijo en un comunicado que compite “de manera justa en una industria de rápido movimiento y altamente competitiva. No estamos de acuerdo con los informes de hoy, que presentan alegaciones desactualizadas e inexactas de los rivales comerciales sobre las búsquedas y otros servicios”.
Masooma Haq y Samuel Allegri contribuyeron a este artículo.
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