Dos estados liderados por republicanos presentaron una demanda contra el presidente Joe Biden, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el Dr. Anthony Fauci y otros altos funcionarios de la administración por, presuntamente, presionar y confabularse con los gigantes de las redes sociales con el objetivo de censurar y suprimir la libertad de expresión.
El fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, y el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Luisiana el 5 de abril, anunciaron en comunicados separados el jueves.
Los abogados afirman que Biden y otros funcionarios gubernamentales trabajaron con grandes empresas tecnológicas como Meta, Twitter y YouTube para censurar conversaciones sobre asuntos relacionados con todo, desde COVID-19 y la integridad electoral hasta la historia de la computadora portátil de Hunter Biden, bajo el pretexto de combatir «desinformación».
Otras personas nombradas en la demanda incluyen al director de Salud Pública, Vivek Murthy, al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y a la directora ejecutiva de la recién establecida “Junta de Gobernanza sobre Desinformación” del DHS, Nina Jankowicz.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Xavier Becerra, y la directora de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Jen Easterly, también se enumeran como acusados.
Al anunciar la demanda el jueves, el abogado Schmitt enfatizó la importancia de la libertad de expresión que, según él, es «de suma importancia para una sociedad saludable», y agregó: «El discurso, el debate y la discusión han sido la piedra angular de nuestro país desde que los Fundadores codificaron ese derecho en la Carta de Derechos”.
Schmitt afirmó que los estadounidenses usan las plataformas de redes sociales para discutir una variedad de temas y señaló que esos temas se han vuelto más prominentes recientemente a la luz de la pandemia mundial de COVID-19, de si las cubiertas faciales son o no efectivas para prevenir la propagación del virus y de los orígenes del virus en el laboratorio de Wuhan, China.
“En contravención directa a la Primera Enmienda y a la libertad de expresión, la Administración Biden se ha involucrado en una campaña perniciosa con el propósito de presionar a los gigantes de las redes sociales para que censuren y supriman el discurso y trabajen directamente con esas plataformas para lograr esa censura en una campaña equivocada y orwelliana contra la ‘desinformación’”, dijo Schmitt, haciendo referencia a la novela distópica de George Orwell sobre un estado totalitario, 1984.
La demanda presentada el jueves acusa específicamente a Biden y a otros funcionarios gubernamentales de trabajar con grandes empresas tecnológicas para eliminar “información veraz relacionada con la teoría de fugas de laboratorio, la eficacia de las mascarillas, la integridad electoral y más”, dijo Schmitt.
También acusa a Biden y a otros funcionarios de atacar “falsamente” la historia de la computadora portátil de Hunter Biden como “desinformación” junto a gigantes tecnológicos como Twitter.
La historia, que fue publicada por primera vez en el New York Post, en octubre de 2020, detalló el contenido de la computadora portátil de Hunter Biden, que fue abandonada en un taller de reparación de computadoras de Delaware, y que incluía imágenes y correos electrónicos comprometedores sobre acuerdos comerciales extranjeros, supuestamente corruptos.
Twitter etiquetó la historia como “potencialmente dañina” y bloqueó la cuenta principal de Twitter del New York Post al mismo tiempo que impedía que los usuarios de Twitter publicaran el enlace a la historia.
Desde entonces, el New York Times y el Washington Post han reconocido la existencia de la computadora portátil y de los correos electrónicos de Hunter Biden.
“Las Big Tech se ha convertido en una extensión del Gran Gobierno de Biden, y tampoco protegen las libertades de los estadounidenses; más bien, están suprimiendo la verdad y demonizando a aquellos que piensan diferente”, dijo el fiscal general Landry.
“Arrancado del libro de jugadas de Stalin y su calaña, Biden ha estado en connivencia con las Big Tech para censurar la libertad de expresión y hacer propaganda entre las masas. Estamos contraatacando para garantizar el estado de derecho y evitar que el gobierno prohíba y sofoque inconstitucionalmente la libertad de expresión”.
La demanda alega que el gobierno federal violó los derechos de la Primera Enmienda de los habitantes de Missouri, Luisiana y EE.UU. y “coaccionó, amenazó y presionó a las plataformas de redes sociales para censurar a los oradores y puntos de vista desfavorables mediante el uso de amenazas de medidas gubernamentales adversas”.
Como resultado de esas amenazas, dice la demanda, los acusados “ahora están en connivencia directa con las plataformas de redes sociales para censurar a los oradores y puntos de vista desfavorecidos, incluso presionándolos para que censuren ciertos contenidos y oradores, y ‘marcando’ el contenido y a los oradores desfavorecidos para su censura. Estas acciones violan la Primera Enmienda”.
Los abogados le pidieron al tribunal que le impida a los funcionarios que sigan con su conducta «ilegal» y que declararen que Biden, entre otros acusados, violaron la Primera Enmienda y sobrepasaron su autoridad legal.
Además, alegan que la conducta de los funcionarios del DHS y del HHS viola la Ley de Procedimiento Administrativo.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con un portavoz de la Casa Blanca para recibir comentarios al respecto.
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