Se ha autorizado la asignación de más de 5.7 billones de dólares en dinero federal bajo cinco paquetes de estímulo para la pandemia aprobados por el Congreso entre marzo de 2020 y marzo de 2021, con ayuda otorgada a una mezcla diversa de receptores que van desde individuos, pequeñas empresas, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, contratistas y gobiernos de todas las formas y tamaños.
Pero cuando el primero de los cinco paquetes de ayuda, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES), de 2.2 billones de dólares, se aprobó en marzo de 2020, la repentina y masiva avalancha de ayuda federal desbordó las vías de financiación público-privadas existentes y los conductos de subvenciones federales.
Esa avalancha de dinero creó cuellos de botella, costosas ineficiencias y «amiguismo y bienestar corporativo», alegan los críticos. Sin embargo, los paneles de supervisión federal y otros organismos de control afirman que las lecciones aprendidas de los problemas que surgieron en las asignaciones de la Ley CARES pueden instalar eficiencias y normas que beneficien a los contribuyentes en el futuro.
Según un conjunto de análisis confirmados en informes recientes de la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) y la Oficina del Inspector General (OIG) de EE.UU., las asignaciones de la Ley CARES en 2020 se vieron afectadas por orientaciones federales tardías y confusas, por la agitación económica, por la obstaculización de las operaciones del gobierno, por la interrupción de las sesiones legislativas y por un calendario que indujo a gastar en exceso, fomentando retrasos en la distribución de la ayuda y provocando incertidumbres sobre las «devoluciones» federales del dinero gastado antes de que se establecieran las normas definitivas, preocupaciones que aún persisten para muchos gobiernos estatales y locales.
Pero el mayor obstáculo que impidió una asignación rápida y específica fue lo repentino, el tamaño y el nebuloso alcance de la Ley CARES.
La directora asociada del Centro de Investigación de Finanzas Gubernamentales de la Universidad de Illinois-Chicago (UIC), Amanda Kass, es coautora de un informe de otoño de 2020 que documenta cómo «las cambiantes directrices del Departamento del Tesoro de EE.UU. provocaron confusión», pero que la avalancha de dinero federal desbordó la capacidad de procesar y asignar el dinero de la Ley CARES con la rapidez prevista por el Congreso.
«Estábamos indagando en esto no tanto sobre los programas o la política, sino sobre la distribución. Teníamos curiosidad por ver el despliegue de los nuevos planes. Algo que me llamó la atención es que había mucha infraestructura que debía ponerse en marcha: contabilidad, dispersión, supervisión, plazos de presentación de informes», dijo. «Había cuestiones técnicas que tenían que ver con la contabilidad, la rendición de cuentas, las finanzas y el flujo de caja. Era pilotar el avión mientras se construía».
Esto fue especialmente un problema para las asignaciones del Fondo de Ayuda contra el Coronavirus (CRF) de la Ley CARES, que reservó 150,000 millones de dólares para los gobiernos estatales, locales y tribales. El dinero fue autorizado por el Congreso para que las agencias federales lo asignaran, pero las agencias estatales y locales no tenían la capacidad de distribuirlo todo, ni la autorización explícita para dispersar algunos componentes del CRF porque la orientación era un trabajo en curso.
«Existe un verdadero problema cuando los gobiernos locales no pueden gastar todo el dinero que el Congreso les está arrojando», dijo el fundador de OpenTheBooks.com, Adam Andrzejewski.
El plazo original para gastar todos los 150,000 millones de dólares del CRF era el 31 de diciembre de 2020. Durante ese lapso de nueve meses, la página web del CRF del Tesoro de EE.UU. publicó 17 actualizaciones, informes provisionales, instrucciones de presentación, presentación de informes y revisiones de retención de registros, hasta que emitió su última orientación sobre el CRF después de que el Congreso aprobara una prórroga del CRF de un año el 14-17 de diciembre, días antes de la fecha límite.
Meses antes, los gobiernos estatales y locales estaban presionando para que se ampliara el CRF y los analistas advertían de que la reducción del plazo estaba creando un entorno para la toma de decisiones poco económicas en una carrera de «úsalo o piérdelo» antes de que expirara el plazo.
«Los cambios en las directrices del Departamento de Hacienda han provocado confusión y retrasos en el gasto», constató Kass en su estudio meses antes. «La fecha del 30 de diciembre es arbitraria».
Otros desajustes de 2020 también obstaculizaron las asignaciones del FCR.
«Creo que a un nivel muy alto, el proceso fue ciertamente un desafío para los estados. Los responsables de la toma de decisiones [los legisladores] que normalmente intervendrían en esto no pudieron reunirse debido a las preocupaciones de salud pública en muchos estados», dijo la directora de estudios del proceso presupuestario de la Asociación Nacional de Funcionarios Presupuestarios Estatales (NASBO), Kathryn Vesey White. «Esto es solo un rasguño en la superficie» de los problemas a los que se enfrentan los gestores presupuestarios de los condados y municipios.
La estructura de asignación del FCR también ha contribuido a la lentitud de la bajada de dinero. Los estados y municipios con una población superior a los 500,000 habitantes recibían directamente las asignaciones del CRF del Tesoro, mientras que los que tenían menos recibían el dinero del CRF a través del estado.
El Tesoro distribuyó el dinero del CRF a los 50 estados y 154 condados/ciudades, lo que supuso 139,000 millones de dólares de los 150,000 millones, según la página web del CRF del Comité de Responsabilidad de la Respuesta a la Pandemia (PRAC) de la OIG.
El problema es que hay casi 40,000 gobiernos de propósito general en Estados Unidos, incluyendo 3006 condados y más de 30,000 ciudades. Aunque el CRF estaba destinado a ser transmitido a los condados y ciudades, no existía ningún requisito para que los estados lo hicieran ni ninguna orientación sobre cómo hacerlo, dijo la Directora Adjunta de Asuntos Gubernamentales de la Asociación Nacional de Condados (NACo), Eryn Hurley.
Por ello, muchos estados no lo hicieron. Y en algunos estados, la liberación de los fondos del CRF para los gobiernos locales se vio envuelta en la política de la legislatura roja contra la ciudad azul.
Florida, por ejemplo, recibió 8.3 mil millones de dólares en CRF, de los cuales 2473 millones se asignaron directamente a sus 12 mayores condados. De los restantes 5.8 mil millones de dólares, 1.27 mil millones de dólares en CRF se destinaron a los 55 condados pequeños/medianos de Florida. El gobernador Ron DeSantis no liberó los últimos 700 millones de dólares de esos 1270 millones de dólares del CRF a los condados hasta finales del otoño de 2020.
«El CRF se proporcionó, por supuesto, en la primavera de 2020 cuando la pandemia era nueva y la crisis era inmediata y la necesidad era de fondos para responder a esa crisis. La necesidad era inmediata» porque los condados son los principales responsables de administrar los programas de salud pública, dijo Hurley.
Otra frustración fue que los gobiernos locales «no podían utilizar los fondos (del CRF) para la pérdida de ingresos que, por supuesto, experimentaron los condados: sufrieron un déficit presupuestario de 202,000 millones de dólares en los últimos dos años», dijo.
La Ley CARES fue el primero de los cinco paquetes de ayuda federal de COVID-19 que culminaron con la aprobación en marzo de 2021 de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA), de 1.9 billones de dólares, que incluye un Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local (SLFRF) de 350,000 millones de dólares que permite a los gobiernos locales cierta discreción para hacer frente a las pérdidas de ingresos a partir de 2020 y con plazos de gasto que se extienden hasta 2026.
El SLFRF de 350,000 millones de dólares de ARPA incluye un potencial mucho mayor de despilfarro, a menos que las lecciones aprendidas de la asignación de 150,000 millones de dólares del CRF se incorporen a lo que ahora es un sistema mucho más competente —quizá demasiado competente— para procesar y asignar los fondos federales, según coinciden los organismos de control y críticos del gobierno.
El 27 de enero, la GAO publicó un informe de «lecciones aprendidas» dirigido a nueve comités del Congreso, en el que se identifican las necesidades de «orientación clara y oportuna», «acuerdos con términos y condiciones» y «medidas de rendimiento» que equilibren «la información y la transparencia de los datos y la carga de los receptores» para no repetir los errores del CRF con las asignaciones del SJFRF.
El informe de la GAO confirma esencialmente un análisis de «lecciones a aprender» publicado por Americans For Prosperity (AFP) un mes después de la aprobación de la Ley CARES.
AFP, una organización sin ánimo de lucro de defensa del libre mercado con sede en Virginia y financiada por Koch Industries, dijo que el tamaño, el alcance y la rapidez sin precedentes con que el Congreso adoptó la Ley CARES, sin una orientación y una supervisión claras, dieron lugar a que el dinero del CRF se gastara en «proyectos favoritos… amiguismo y bienestar corporativo», y que fuera mechado con «regalos a intereses especiales políticamente favorecidos».
AFP dijo que sería «instructivo revisar los aspectos de la legislación CARES para que las futuras respuestas no repitan los elementos derrochadores, abusivos e inapropiados de la ley».
Vesey White, de la NASBO, dijo que la compresión en forma de acordeón y la prórroga de última hora del plazo del CRF, exacerbadas por una orientación federal poco sistemática, crearon un entorno para la toma de decisiones erróneas de «usarlo o perderlo».
Con los distintos plazos de ARPA, establecidos en varios años, hay más tiempo para tomar mejores decisiones, dijo.
«Hay un elemento de verdad en eso», dijo Vesey White. «Tienen un horizonte temporal más largo para gastarlo, por lo que los estados y los receptores locales pueden deliberar, colaborar con diferentes grupos de interesados de una manera más deliberativa porque tienen más tiempo. Los fondos están pensados para responder y apoyar no solo las necesidades urgentes, sino para fomentar una recuperación a más largo plazo».
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
