Los fiscales generales de Kentucky y Virginia Occidental encabezan a 24 estados republicanos en una demanda contra una nueva norma de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) que establece normas más estrictas contra la contaminación por hollín, alegando que unos límites más elevados obligarán a las empresas estadounidenses a tener que subcontratar trabajos de fabricación en el extranjero.
La nueva norma, anunciada el 7 de febrero, reduce el nivel máximo de contaminación por hollín permitido de los 12 microgramos de la era Obama a 9 microgramos por metro cúbico de aire. Según la EPA, se prevé que la norma salvará vidas y se calcula que ayudará a evitar hasta 4500 muertes prematuras y 290,000 días de trabajo perdidos en 2032.
La norma más estricta obtuvo el apoyo de líderes de grupos ecologistas, como la presidenta de la organización sin ánimo de lucro Earthjustice, Abigail Dillen, que considera que el hollín es un «asesino» que contribuye a aumentar los casos de cardiopatías, asma y otras enfermedades graves. Según la Sra. Dillen, la nueva norma federal salvará miles de vidas y evitará 800,000 casos de síntomas de asma al año.
La Dra. Doris Browne, 118ª Presidenta de la Asociación Médica Nacional, también elogió la nueva norma, afirmando que es el primer paso para «frenar la contaminación por hollín, un contaminante peligroso e incluso mortal que se ha cobrado un número excesivo de víctimas en comunidades insuficientemente representadas y sobrecargadas, menos preparadas para hacer frente a sus graves efectos sobre la salud».
Sin embargo, el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, que dirige la demanda junto con el fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, cree que la nueva norma perjudicará a muchos estadounidenses que intentan ganarse la vida para sus familias.
«La nueva norma de la EPA tiene más que ver con el avance de la radical agenda verde del presidente Joe Biden que con la protección de la salud de los habitantes de Kentucky o el medio ambiente», declaró el Sr. Coleman.
«Expulsará puestos de trabajo e inversiones de Kentucky y los enviará al extranjero, dejando que los empresarios y las familias trabajadoras paguen el precio», añadió.
Según la EPA, la nueva norma no impone controles de contaminación a industrias concretas; sólo reduce la norma anual de partículas finas para la calidad general del aire. La agencia gubernamental ha dicho que utilizará muestreos del aire para identificar los condados y otras zonas que no cumplan la nueva norma.
Los estados que no cumplan la norma dispondrán de 18 meses para elaborar planes de cumplimiento. Cualquiera que no cumpla la nueva norma sobre el hollín para 2032 podría enfrentarse a sanciones. La EPA afirma que el 99% de los condados podrán cumplir la norma anual revisada antes de la fecha límite, basándose en los progresos actuales. No mencionó los costes que esto supondría.
Sin embargo, los críticos de la normativa no están de acuerdo en que sea un objetivo alcanzable. Ohio, Indiana y Virginia Occidental, junto con otros grupos empresariales y la industria siderúrgica, ya han impugnado la nueva norma. Actualmente está suspendida en al menos una docena de estados debido a impugnaciones judiciales.
Aparte de calificar de «costosa e ineficaz» la norma ligeramente más baja sobre el hollín, los críticos argumentan que Estados Unidos tiene actualmente algunas de las normas de calidad del aire más estrictas del mundo. En enero, la Cámara de Comercio estadounidense también afirmó que al menos el 43% de las emisiones totales de partículas proceden de los incendios forestales y calificó la norma sobre el hollín de «herramienta equivocada para abordar este problema».
Kentucky y Virginia Occidental lideran la demanda. Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah y Wyoming se unieron a ellos.
Con información de The Associated Press.
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