El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, señaló este viernes que el régimen de excepción, que es implementado en El Salvador para combatir a las pandillas, «no favorece los derechos individuales» e insistió en que «se debe respetar el debido proceso legal».
«No es un secreto que no vemos el régimen actual, el régimen de excepción, como algo que favorece los derechos individuales. Hay que respetar el debido proceso legal en cualquier democracia», comentó el alto funcionario durante una entrevista en un canal local.
Señaló que «como un país aliado que hemos estado trabajando a favor de los salvadoreños, apoyando económicamente y con programas de asistencia a lo largo de muchas décadas, tenemos un interés en apoyar al pueblo salvadoreño en este momento y de perfeccionar sus sistemas y ver cómo se puede responder a los retos de la seguridad pública, pero también respetar el debido proceso legal».
«Tenemos que reconocer que también han habido muchas mejoras en el tema de seguridad pública, que la gente se siente en un ambiente, en un entorno mucho mejor en torno a su seguridad personal», pero subrayó «el régimen de excepción tiene fallas en respetar el debido legal proceso».
«Vemos la importancia de seguir apoyando el sistema de justicia en El Salvador y de ser un aliado en tratar de perfeccionar áreas donde no está funcionado», agregó.
En septiembre pasado, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, dijo que el Gobierno de El Salvador «tiene la responsabilidad de respetar el debido proceso de la ley» en referencia a la implementación en este país del régimen de excepción.
Mientras, el entonces encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Patrick Ventrell, reconoció en junio de 2022 las «fuertes acciones» del gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, pero señaló que el régimen de excepción vigente desde finales de marzo es «insostenible».
De acuerdo con cifras oficiales, son más de 72,000 detenciones realizadas bajo el régimen de excepción, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5000 «víctimas directas» de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
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