El Gobierno de Estados Unidos sancionó hoy a cuatro jefes militares de la dictadura venezolana, entre ellos al general Rafael Blanco Marrero, actual subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), pero que al parecer fue designado esta semana como nuevo director de ese órgano.
En un comunicado, el Departamento del Tesoroinformó de que los otros tres militares castigados son los coroneles Rafael Antonio Franco, exdirector de Investigaciones del Dgcim, y Hannover Guerrero, actual director de ese departamento, y el mayor Alexander Granko, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del mismo cuerpo.
«La DGCIM, incluidos estos funcionarios, ha sido acusada de abusos sistemáticos de los derechos humanos y de reprimir a los disidentes», señaló el Gobierno.
De este modo, los cuatro militares fueron añadidos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU.
Blanco Marrero, hasta ahora subdirector del Dgcim, supuestamente fue ascendido esta semana a director del organismo para sustituir a Iván Hernández Dala, según informaciones locales, aunque el Gobierno aún se refiere a él como subdirector.
El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, aseguró que EE.UU. «continuará responsabilizando a las personas que están involucradas en el uso del régimen anterior de (Nicolás)Maduro de la intimidación y la represión para atacar y silenciar a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros de las fuerzas armadas.
En este sentido, Mnuchin señaló que el Gobierno «utilizará todas sus autoridades para atacar a aquellos que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir la disidencia, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano».
Por su parte, el vicepresidente Mike Pence acusó a los funcionarios venezolanos de «reprimir y torturar a ciudadanos inocentes».
Como resultado de las sanciones quedan congelados todos los bienes que estas personas pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe realizar transacciones financieras a ciudadanos y entidades de este país.
Sin embargo, el Gobierno destacó que las sanciones «no son permanentes» y que «están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento» de los militares castigados.
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