Con las entradas récord de inmigrantes ilegales en Estados Unidos en los últimos 4 años, ciudadanos estadounidenses y líderes políticos han expresado su preocupación por la integridad electoral ante la posibilidad de que estos inmigrantes puedan votar en las próximas elecciones, casos registrados sobre esta actividad podrían reforzar esta preocupación.
La votación de inmigrantes ilegales en elecciones estadounidenses ha sido un señalamiento constante del expresidente Donald J. Trump y sus compañeros republicanos. El expresidente declaró que la entrada de millones de inmigrantes al país se debe a que la actual administración permitirá que los inmigrantes se registren y voten a favor de los demócratas.
Mientras que los republicanos aseguran que la identificación para votar evitará este problema, estados como California, con un gobierno demócrata, han prohibido esta práctica declarando un delito pedir identificación para votar, al igual que organizaciones y líderes políticos demócratas aseguran que no es posible que un inmigrante ilegal vote ya que es ilegal y no tienen manera de demostrar que son ciudadanos elegibles para votar.
Iniciativa contra el voto ilegal
En mayo, el representante Chip Roy dirigió a un grupo de 49 miembros de la Cámara de Representantes del Partido Republicano y presentaron la Safeguard American Voter Eligibility Act, (Ley de Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses de Salvaguardia), también conocido como SAVE Act, con la intención de “proteger las elecciones de los Estados Unidos”.
El grupo de representantes afirma que desde que la administración Biden-Harris asumió el poder, millones de extranjeros ilegales han entrado al país y “muchos tienen la oportunidad de registrarse para votar en las elecciones federales”.
“La SAVE Act frustraría los esfuerzos demócratas para consolidar el gobierno de un solo partido al mantener y fortalecer la ley actual que solo permite a los ciudadanos estadounidenses votar en las elecciones federales”, dice su comunicado de prensa.
Aunque sólo los ciudadanos pueden votar en las elecciones federales, existen oportunidades para que los no ciudadanos se registren ilegalmente. La SAVE Act del representante Chip Roy busca abordar este problema al exigir prueba de ciudadanía para registrarse y votar en elecciones federales, enmendando la Ley Nacional de Registro de Votantes con un proceso alternativo para quienes no tengan documentación.
También propone eliminar a los no ciudadanos de las listas de votantes y permitir demandas civiles contra funcionarios que no cumplan con estos requisitos.
La SAVE Act enmienda la Ley Nacional de Registro de Votantes para exigir prueba presencial de ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales, sin importar si el registro se realiza en persona, en agencias o por correo.
La ley establece un proceso alternativo para ciudadanos sin documentación, siguiendo normas de la Comisión de Asistencia Electoral, y garantiza adaptaciones para personas discapacitadas y quienes presenten discrepancias en sus documentos.
Además, exige a los estados remover a no ciudadanos de las listas de votantes y permite el acceso a bases de datos federales para verificar la ciudadanía. También permite demandas civiles contra funcionarios que incumplan estos requisitos y agiliza la actualización de formularios y guías de registro.
La coalición Only Citizens Vote (Solo los ciudadanos votan), publicó una carta abierta en apoyo al Save Act en la que aseguran que debido a la falta de control de la Administración Biden-Harris sobre los cruces fronterizos ilegales existen preocupaciones sobre el voto ilegal de los no ciudadanos.
La coalición señaló que la Orden Ejecutiva 14019 fomenta el registro de votantes sin suficientes salvaguardias, aumentando el riesgo de inscripciones indebidas y aunque existen sanciones para los no ciudadanos que votan, señalan que es urgente cerrar estas lagunas.
Una preocupación generalizada
J. Christian Adams, Presidente y Asesor General de la Fundación Legal de Interés Público, dio su testimonio en mayo ante el Comité de Administración de la Cámara de Representantes de los EE. UU. asegurando que hay inmigrantes ilegales votando por los Estados Unidos.
“En este ambiente polarizado, sería ideal que pudiéramos ponernos de acuerdo en algunos hechos básicos. Los no ciudadanos, de hecho, están ingresando en los padrones electorales de EE. UU., y algunos están votando”, dijo el Sr. Adams frente al Comité.
Adams dijo que su organización ha estudiado durante los últimos 10 años las vías mediante las cuales los extranjeros interactúan directamente con las elecciones estadounidenses. El abogado asegura que el hecho de que los funcionarios estatales ofrezcan automáticamente formularios de registro a todos los clientes bajo presunción de cumplir con la ley es lo que ha provocado estos problemas.
A pesar de leyes que prohíben el voto de extranjeros, aún se registran casos de inscripción indebida. En la última década, más de 11,000 extranjeros fueron incluidos en las listas de votantes en Virginia; en Nueva Jersey, 616 extranjeros aparecieron en el registro electoral hace unos años, y desde 2021, casi 200 extranjeros estuvieron en las listas de Arizona, informó Matthew Tragesser, gerente Senior de Comunicaciones, Medios y Relaciones Públicas en Heritage Foundation.
Estos casos plantean dudas sobre la seguridad electoral y resaltan la urgencia de prevenir interferencias extranjeras en el sistema de votación estadounidense, añadió.
En 2018, diecinueve ciudadanos extranjeros fueron acusados de votar ilegalmente en las elecciones de 2016, y un ciudadano estadounidense fue acusado de ayudar y alentar a un extranjero a reclamar falsamente la ciudadanía estadounidense para registrarse para votar.
Para 2020, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Carolina del Norte, Matthew G.T. Martin, anunció que diecinueve personas más fueron acusadas de fraude electoral, documentos de la acusación informan que cada uno de los acusados votó en una elección federal en 2016, y uno de ellos también en 2018, sin ser elegibles para registrarse para votar en elecciones federales.
En Carolina del Sur, los votantes en noviembre decidirán sobre una enmienda constitucional que, dicen los partidarios, cerrará la puerta a cualquier voto no ciudadano. La constitución del estado dice actualmente que todos los ciudadanos mayores de 18 años que califiquen para votar pueden. La enmienda cambia la frase para decir «solo ciudadanos».
El estado de Texas anunció que más de un millón de votantes no elegibles han sido eliminados de las listas electorales, entre los que destacan 6500 no ciudadanos.
Y en Florida, la fiscal general, Ashley Moody, emprendió acciones legales contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su secretario, Alejandro Mayorkas, por negarse a proporcionar registros de inmigración necesarios para verificar la ciudadanía de los votantes en Florida.
Con la entrada de millones de inmigrantes ilegales en el país durante los últimos años, el estado busca garantizar que solo ciudadanos estadounidenses figuren en sus listas de votantes. Según Moody, la negativa del DHS impide al estado confirmar el estatus migratorio de ciertos votantes. La demanda le exige al DHS cumplir con su obligación de proveer información migratoria para que Florida mantenga la integridad de sus elecciones.
La oposición asegura que los inmigrantes ilegales no están votando
Los demócratas, por su parte, aseguran que no existen inmigrantes ilegales que estén votando, debido a que hay leyes que lo prohíben.
Además sobre el tema de agregar requisitos extras como identificación para votar o presentar documentos que garanticen su ciudadanía estadounidense, podría privar de derechos a los votantes elegibles que no tienen a mano sus certificados de nacimiento o tarjetas de la Seguridad Social.
El enfoque nacional en el voto no ciudadano también ha llamado la atención sobre un fenómeno relacionado, pero diferente: cómo un pequeño número de jurisdicciones locales, entre ellas San Francisco y el Distrito de Columbia, han comenzado a permitir que los inmigrantes que no son ciudadanos voten en algunas elecciones locales, como la junta escolar y el consejo municipal.
El número de votantes no ciudadanos que votan en los pueblos y ciudades donde se les permite hacerlo ha sido mínimo hasta ahora. En Winooski, Vermont, donde 1.345 personas votaron en una reciente elección local, solo 11 no eran ciudadanos, dijo el empleado a The Associated Press. Aún así, el fenómeno en crecimiento gradual ha llevado a algunos legisladores estatales a introducir medidas de votación que buscan evitar que las ciudades intenten esto en el futuro.
En Estados Unidos, es ilegal que los no ciudadanos voten en elecciones federales o estatales, con penas de hasta cinco años de prisión y posibles consecuencias migratorias como la deportación, informó el Migration Policy Institute.
A pesar de las afirmaciones sobre un supuesto «voto masivo» de no ciudadanos, múltiples auditorías y estudios han demostrado que el fraude electoral por parte de inmigrantes no es significativo y es extremadamente raro. Desde 1924, todos los estados prohíben el voto de no ciudadanos, y desde 1996 el Congreso ha reforzado estas prohibiciones con sanciones, agregó.
Con información de The Associated Press y EFE
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