El Gobierno español estudia una posible reforma legislativa para regular las viviendas turísticas como una actividad económica más y para «empoderar» a las comunidades de vecinos y que participen de estas decisiones.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, dijo este martes que el alquiler de inmuebles con fines turísticos se regiría como el resto de actividades económicas.
Y cuando esa actividad entrase en conflicto con el acceso a la vivienda, la idea es que el Gobierno, los ayuntamientos y las autoridades regionales prioricen siempre ese derecho de los ciudadanos, recogido en la Constitución.
En una entrevista en el canal Telecinco, la ministra añadió que las comunidades de propietarios tienen mucho que decir y deben participar en estas decisiones.
En este sentido, pidió la implicación de todas las administraciones públicas para garantizar el derecho a la vivienda.
Consideró evidente que el surgimiento de estos alojamientos turísticos está colisionando con el derecho a una vivienda digna, pues su proliferación eleva el precio de los alquileres y limita la oferta disponible para residentes, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona y otras costeras con alta afluencia de visitantes.
Muchas de las casas que los propietarios privados antes ponían en alquiler para residentes de las grandes ciudades ahora se ofrecen en el mercado de viviendas turísticas, pues dan una mejor rentabilidad en un país que es líder mundial en llegada de visitantes extranjeros.
Esto genera quejas de los vecinos por las consecuencias negativas de la masificación turística de algunos barrios, por ejemplo problemas de comportamiento en la vía y pública y de convivencia en los edificios de varias viviendas en altura.
Y ha encarecido la vivienda tanto de alquiler como en propiedad, lo que dificulta el acceso para las rentas bajas y medias.
Rodríguez celebró que haya ayuntamientos que se hayan implicado, como el caso de Barcelona, que va a prohibir este tipo de alojamiento para beneficiar a la ciudadanía, priorizando el derecho a la vivienda frente a intereses económicos, y pidió que Madrid intervenga también.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció el viernes pasado que el Ayuntamiento no concederá más licencias de uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes en noviembre de 2028, de manera que, en cinco años, los 10,101 pisos turísticos perderán esa condición.
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