Padres de familia mostraron su indignación y alarma ante la Junta Escolar del Condado de Loudoun (LCPS), Virginia, al asegurar que sus hijos corren peligro en las instalaciones escolares debido a la asistencia de un estudiante con supuestos vínculos con la pandilla MS-13 y una investigación abierta por portación de arma y amenazas de muerte.
La reunión de la Junta Escolar de este martes 8 de octubre terminó abruptamente después de varios llamados de Melinda Mansfield, presidente del concejo, a no tocar el tema del estudiante en cuestión, ya que dijo que hablar sobre ello iría en contra de la normas de la Junta sobre la divulgación de información que pudiera identificar a algún estudiante.
“La privacidad de los estudiantes es un valor fundamental para las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS), legal y moralmente, y estamos comprometidos a defenderla con los más altos estándares”, dijo el superintendente Aaron Spence y la presidente de la Junta en una declaración conjunta.
“Es la práctica de la división no discutir públicamente la información específica de ningún estudiante, ya sea que se trate de registros académicos, salud o disciplina”, agregaron los funcionarios.
Una de las madres que habló durante la sesión, reveló que su hija vive con miedo al asistir a la escuela.
“¿Dónde está la protección y la seguridad para nuestros hijos que están en la escuela con otros niños que son amenazas conocidas, que han sido arrestados y que han regresado a la escuela?».
«Mi hija está aterrada de ir a la escuela con él”, dijo la madre en referencia al estudiante señalado por pertenecer a la MS-13.
Otro padre de familia, que se identificó como Scott Thuman, habló frente a la Junta Escolar sobre sus preocupaciones y mencionó la información que ha sido difundida por los noticieros sobre el estudiante que asiste a la misma escuela de su hijo.
“7 News ha informado en exclusiva sobre ese estudiante que fue arrestado el año pasado, acusado de portar un arma y amenazar con matar a un compañero de clase”, dijo el Sr. Thurman.
Frente a estas declaraciones, la presidente Mansfield interrumpió al padre de familia y dio por terminada la reunión de la Junta, se levantó y salió de la sala donde se realizaba la reunión, así como los otros miembros de la tribuna, provocando la indignación de los padres quienes mostraron su inconformidad con diferentes llamados.
Consignas como “Tolerancia cero, cero censura. Por favor basta, tendríamos que poder hablar” o “Quieren violar la Primera Enmienda y evitar que sus constituyentes hablen”, se escuchó decir a los asistentes, como lo expresó la madre de un estudiante y ex miembro de la Junta escolar.
Según 7 News, el estudiante que ha sido señalado fue sorprendido en 2023 portando un arma y presuntamente amenazó con matar a un compañero de clase en la Blue Ridge Middle School.
El medio de noticias dijo que este estudiante ahora asiste a Loudoun Valley High School y que aparentemente tiene vínculos con la peligrosa pandilla transnacional MS-13, además de encontrarse en el país ilegalmente.
Uno de los asistentes aseguró en entrevista con el mismo medio tras el cierre de la sesión, que los padres de los estudiantes tendrían que ser escuchados y no silenciados, sobre todo cuando llegan para hablar «por la protección de los niños y los profesores».
Otra madre aseguró que todo lo que mencionaron en los comentarios ya es información pública.
“Es una vergüenza absoluta. Estos son funcionarios electos. Se supone que deben trabajar para nosotros, el pueblo”, dijo otra de las asistentes notablemente indignada por la situación.
En la declaración conjunta, los funcionarios Spence y Mansfield aseguraron que es una práctica establecida no discutir públicamente información específica de ningún estudiante.
Expresaron que los medios locales han estado difundiendo información sobre la situación de “un estudiante en específico, conocido e identificable dentro de la escuela del estudiante y la comunidad circundante”.
“Hemos dejado claro que no podemos discutir a los estudiantes individuales y sus circunstancias con los medios de comunicación, y son muy conscientes de las leyes de privacidad federales y estatales que nos impiden hacerlo”, dijeron los funcionarios escolares de Loudoun.
“LCPS no apoyará un foro donde la información sobre estudiantes específicos se discuta públicamente. No podemos permitir que la seguridad, la privacidad o el bienestar de nuestros estudiantes se utilicen como temas de conversación en las reuniones de la Junta o en los medios de comunicación para promover lo que parece ser una agenda política”.
Declararon también que LCPS combate activamente la desinformación, advirtiendo que las acusaciones no son hechos y que permitir información no verificada en foros públicos es irresponsable. Afirman que no exponen a los estudiantes a riesgos y que sus medidas de seguridad, en colaboración con las autoridades, son exhaustivas y a menudo confidenciales.
En septiembre, las Escuelas Públicas del Condado de Loudon (LCPS) declararon para 7 News que siempre priorizan la seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes y que por tal razón implementaron un plan integral con múltiples capas de protección en colaboración con las fuerzas del orden y socios de seguridad pública.
LCPS dijo que no divulgará los detalles de su plan de seguridad así como información sobre la disciplina de ningún estudiante en particular para preservar la eficacia de sus medidas. Aseguraron seguir el Código de Virginia y las políticas internas en estos casos.
Agregaron estar comprometidos para ofrecer una educación de excelencia a todos sus estudiantes, priorizando la seguridad y el bienestar de su comunidad educativa por encima de todo, reportó el mismo medio.
El sheriff del condado de Loudoun, Mike Chapman, por su parte aseguró que su equipo está haciendo todo lo posible para monitorear la situación de cerca, coordinando con las escuelas y los padres para garantizar la seguridad de todos.
Chapman destacó que cualquier vínculo con pandillas, como MS-13, es motivo de preocupación y que están tomando las medidas necesarias. También dijo que no puede ofrecer detalles específicos debido a la protección legal de los menores involucrados.
Madre clama por cambio de leyes tras asesinato de su hija
En un caso que involucra a escolares con nexos con la MS-13, una madre devastada lanzó una advertencia para los padres de Maryland tras el asesinato de su hija, ya que el presunto asesino, pudo asistir a una escuela pública.
Tammy Nobles, madre de Kayla Hamilton, cuenta que Walter Martinez, un miembro de la pandilla MS-13 e inmigrante ilegal de El Salvador, quien entonces tenía 16 años, fue identificado como el principal sospechoso poco después del crimen que arrebatase la vida de su hija de 20 años, en julio de 2022.
Mientras la policía esperaba los resultados de ADN, Martinez fue inscrito en la secundaria Edgewood en el otoño de 2022, reportó 45 News. Debido a las leyes de Maryland, y como Martínez aún no había sido acusado de asesinato, pudo asistir a la secundaria Edgewood. Las autoridades, incluida la CPS (Servicios de Protección Infantil), no estaban obligadas a informar a la escuela sobre su pasado, según el mismo medio.
En enero de 2023, tras recibir los resultados, fue arrestado y sentenciado a 70 años de prisión en agosto de 2024.
La Sra. Nobles exige un cambio en la ley que impida que sospechosos de crímenes graves asistan a escuelas públicas ya que podrían poner en riesgo a otros menores y sufrir consecuencias trágicas, como pasó con la muerte de su hija.
A fines de septiembre de 2024, legisladores estatales encabezados por el delegado Mangione, comenzaron a redactar una ley que permitiría a los agentes de la ley prohibir la asistencia a clases en persona para estudiantes sospechosos de delitos graves, reportó 45 News.
La ley permitiría a los sospechosos tomar clases en modo virtual mientras son investigados. Además, si un estudiante con problemas de seguridad asiste a la escuela, el personal educativo deberá estar informado para garantizar la seguridad de todos.
Líderes de la MS-13, como se conoce a la pandilla trasnacional Mara Salvatrucha, fueron acusados por delitos de terrorismo en Estados Unidos, anunció la Embajada de EE. UU. en El Salvador el 14 de enero de 2021. La organización ha actuado durante las últimas dos décadas en El Salvador, Estados Unidos, México y otros lugares, dice el comunicado oficial.
Siga a Estela Hernández en X: @HGLauraEstela
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