Un estudiante de la Universidad de Columbia es el primero en presentar una denuncia por antisemitismo después de la Orden Ejecutiva del 13 de diciembre del presidente Trump sobre la lucha contra el antisemitismo.
El Proyecto Lawfare, una red legal pro-judía, emitió la queja el 18 de diciembre en nombre de Jonathan Karten, un estudiante israelí-americano. La queja pedía que la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación de los Estados Unidos, investigara a la Universidad de Columbia.
En la denuncia se alega que Columbia es responsable de permitir y respaldar la atmósfera antisemita en el campus, así como también de permitir y participar en varias actividades pro-palestinas.
Columbia crea así un ambiente hostil para los estudiantes judíos que tuvieron que soportar una «discriminación sistémica» por parte de grupos antiisraelíes, como por ejemplo los Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP, por sus siglas en inglés) en el campus, según la denuncia.
«En todos mis años de experiencia como abogada de educación, no me he encontrado con un ambiente tan hostil durante un período tan prolongado sin una intervención administrativa efectiva», dijo Lori Tucker, refiriéndose a Columbia, según la declaración. Tucker es la coordinadora legal del Proyecto de Derechos Civiles en el Campus del Lawfare Project.
Sin embargo, según los grupos de derechos palestinos como SJP, la queja es solo otra iniciativa para tratar de amordazar las voces palestinas de protesta contra el supuesto colonialismo de Israel.
«Como era de esperarse, los grupos de representantes de Israel lanzaron un atroz ataque a la libertad de expresión en el campus una semana después de la orden ejecutiva antipalestina de Trump para enfriar la defensa de los derechos de los palestinos», dijo Radhika Sainath, abogada del SJP, según informó The Hill.
La queja pide a la OCR que inicie una investigación sobre los reclamos de «discriminación generalizada y continua» en Columbia. Si la Universidad fuera realmente encontrada culpable de las acusaciones, se le concedería algún tiempo para remediar su política, de lo contrario, perdería el financiamiento federal.
La orden ejecutiva firmada por Trump el 13 de diciembre tiene como objetivo combatir el antisemitismo en las universidades, amenazando con cortar o retener el financiamiento federal a las instituciones educativas que no actúen contra la discriminación.
El presidente dio instrucciones a los funcionarios federales para que consideren una definición de antisemitismo elaborada en conjunto con la Agencia Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) cuando consideren si un incidente específico de antisemitismo ha violado el Título VI.
Según la IHRA, el antisemitismo es «una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos». Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo se dirigen a personas judías o no judías y/o a sus propiedades, y a las instituciones de la comunidad judía y a las instalaciones religiosas».
Algunos grupos de derechos han criticado anteriormente la definición de la IHRA por ser demasiado amplia. También afirma que las manifestaciones de antisemitismo «podrían incluir el ataque al Estado de Israel, concebido como una colectividad judía».
La orden de Trump llega cuando el movimiento pro palestino de boicot, desinversión y sanciones (BDS, por sus siglas en inglés) ha ganado mucha popularidad en los últimos años en muchas universidades y recintos universitarios.
El movimiento critica las políticas de Israel hacia los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Afirma que trabaja para «poner fin al apoyo internacional a la opresión de los palestinos por parte de Israel y presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional».
La reportera de Epoch Times Katabella Roberts contribuyó a este informe
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