Estudiantes mexicanos vandalizaron el Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, sur de México, e incendiaron dos vehículos de empresas particulares al concluir su jornada de protestas por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Luego de sus actividades de protestas en la ciudad donde desaparecieron los estudiantes de la escuela normal (para maestros) de Ayotzinapa, encabezadas por los padres y madres, un grupo de estudiantes se detuvo en el edificio del que desaparecieron videos de esa noche y causaron destrozos.
Además de pintas y destrozos a las instalaciones, entre los cristales, los jóvenes lanzaron petardos y bombas al interior del edificio, además colocaron un camión repartidor de refrescos en el portón que abrieron a golpes y lo incendiaron.
Otro vehículo, de una empresa repartidora de pan, fue colocado en el acceso principal y también fue incendiada. Posteriormente se retiraron los estudiantes mientras bomberos apagaban los incendios.
Los cientos de asistentes a la marcha llegaron en al menos 35 autobuses de pasajeros de empresas particulares después de las tres de la tarde y se enfilaron sobre la avenida Periférico Norte hasta la colonia Ciudad Industrial, en donde está colocada la estela dedicada a su compañeros Julio César Mondragón Fontes, quien fue localizado asesinado y desollado la madrugada del 27 de septiembre.
En el lugar, donde se ubica una fotografía con el rostro de Julio César, colocaron ofrendas florales, llevaron a cabo oraciones y un mitin.
Los más de 1.000 manifestantes pertenecientes a organizaciones sociales y estudiantiles avanzaron por la misma avenida hasta la esquina con la calle Juan Álvarez en donde fueron asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, en los ataques que recibieron los estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre.
En esa esquina fue colocado un templete en donde llevaron a cabo un mitin más grande luego de colocar las flores y hacer oración por los extintos estudiantes Cristina Bautista, madre de uno de los 43 desaparecidos, llamó a la población de Iguala a colaborar con ellos si tienen información de lo ocurrido en la noche en la que desaparecieron sus hijos; dijo que cada 26 y 27 estarán en esa ciudad y que no se pueden quedar si saber qué pasó con sus hijos.
El abogado y vocero de los padres Vidulfo Rosales admitió que les preocupa la etapa en la que actualmente está el proceso judicial por todas las personas a las que se les ha absuelto y el retiro de órdenes de aprehensión lo cual, consideró, es un retroceso.
Además, criticó que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se comprometió en esa misma ciudad con los padres de familia, desde que era candidato, a llegar hasta las últimas consecuencias «trátese de quién se trate y no ha cumplido».
Sobre todo, dijo, porque está involucrado el Ejército Mexicano a quien se refirió como «el perro guardián del capitalismo».
Dijo que incluso el actual Gobierno ha adoptado los mismos métodos de descalificación y persecución que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) contra las personas que acompañan a los padres, y dijo que a pesar de eso no se van a «echar para atrás» y continuarán con su lucha genuina como lo ha hecho durante años con el movimiento social de Guerrero.
La «verdad histórica», una versión del Gobierno de Peña Nieto, afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
La Comisión para la Verdad y el Gobierno de López Obrador ha rechazado esa «verdad histórica» al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.
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