El pleno del Parlamento Europeo condenó este jueves “enérgicamente” la “represión” y detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, en particular la del obispo Rolando Álvarez, e instó al régimen de Daniel Ortega a restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias.
En una resolución aprobada con 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones -la sexta sobre Nicaragua en esta legislatura- la Eurocámara pidió la “liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas de detención arbitraria”, incluidos Álvarez y las personas que fueron detenidas junto a él, y que “se anulen todos los procedimientos judiciales contra ellos y las sentencias impuestas”.
Rolando Álvarez, crítico de Daniel Ortega, permanece arrestado desde el pasado 19 de agosto sin que hasta ahora se hayan formulado cargos en su contra.
Obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusa al alto jerarca de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales», aunque de momento no han ofrecido pruebas.
Los eurodiputados lamentaron y condenaron “enérgicamente” el “continuo deterioro de la situación en Nicaragua y la escalada de la represión” contra la Iglesia católica, personalidades de la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y personas de pueblos indígenas, entre otros.
Y condenaron “su detención arbitraria únicamente por ejercer sus libertades fundamentales, el trato inhumano y degradante que reciben y el deterioro de sus condiciones de salud”.
La resolución aprobada por el pleno considera asimismo que el sistema judicial nicaragüense «carece de independencia” y que la ley se utiliza como “herramienta para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos».
El Parlamento manifestó además su “preocupación” por los 206 presos políticos que hay en el país, lamentó el cierre “arbitrario” de otro centenar de ONG y condenó la prohibición de los partidos políticos de la oposición.
Los eurodiputados instaron a Nicaragua a derogar la legislación que “restringe indebidamente el espacio cívico y democrático del país” y pidieron a la UE que “siga apoyando a las organizaciones de la sociedad civil de ese país”.
En ese contexto, pidieron que la Unión Europea (UE) y el Consejo de Seguridad de la ONU abran una investigación formal sobre Nicaragua y su líder, Daniel Ortega, por crímenes contra la humanidad.
Los eurodiputados subrayaron que, desde 2018, el régimen nicaragüense ha practicado “sistemática y reiteradamente” encarcelamientos, acoso e intimidación contra precandidatos presidenciales, líderes de la oposición y líderes religiosos, en particular de la Iglesia católica, así como contra estudiantes y líderes rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas LGBTI y representantes empresariales.
También destacaron que, desde entonces, “se ha instaurado en Nicaragua un marco de represión estatal, caracterizado por la impunidad sistémica de las violaciones de los derechos humanos, el deterioro de las instituciones y el Estado de Derecho”, así como por “la connivencia entre los poderes ejecutivo y judicial”.
Por estas razones, consideraron que la UE debe extender la lista de personas y entidades sancionadas por vulneraciones de los derechos humanos, para incluir a jueces y fiscales nicaragüenses y al círculo más cercano de Ortega, y activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación UE-Centroamérica.
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