La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) enviará una carta a la Comisión Europea (CE) para reclamarle que indague sobre la estancia de la vicepresidente chavista, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto madrileño de Barajas el pasado 20 de enero, pese a estar sujeta a sanciones europeas.
«Enviaremos una carta a la CE que, como guardiana de los tratados, es competente para asegurar por tanto el cumplimiento del Derecho de la Unión», dijo la presidente de ese comité parlamentario, Dolors Montserrat (conservador Partido Popular, PP).
Además, la Comisión de Peticiones solicitará información a la Presidencia alemana del Consejo para que haga lo propio y al Gobierno español sobre qué medidas se tomaron «para evitar la entrada en su territorio de personas sancionadas», precisó Montserrat.
Pese a estar incluida en la lista de 36 personas relacionadas con el régimen venezolano de Nicolás Maduro y sujetas a restricciones, como la prohibición de ingresar en territorio europeo o la congelación activos, Rodríguez pasó por el aeropuerto de Barajas, donde se encontró con el ministro español de Transportes, José Luis Ábalos.
Aquel episodio generó una fuerte polémica política en España, que llegó al pleno de la Eurocámara el pasado 11 de febrero, donde el alto representante para la Política Exterior de la UE, el socialista español Josep Borrell, dijo que la Comisión no puede iniciar un procedimiento de infracción contra España, pues los países son «los encargados de aplicar y verificar las sanciones en sus jurisdicciones».
No obstante, tres ciudadanos (Soranib Nathali Hernández De Deffendini, Roberto Mansilla y un nacional portugués) llevaron el asunto a la Comisión de Peticiones del PE, donde expusieron, entre otros puntos, que la Comisión y Borrell no habían ofrecido «respuestas completamente convincentes».
Apoyaron mantener abierta la petición los eurodiputados del Partido Popular Francisco Millán Mon, Isabel Benjumea y Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López.
«El hecho de que el Gobierno de España no haya adoptado las medidas necesarias (…) es grave. Pero que dicha actuación no haya tenido respuesta alguna por parte de la Unión Europea, lo es más», consideró López.
También apoyaron la petición el eurodiputado de VOX Hermann Tertsch y el parlamentario de la formación liberal Ciudadanos Jordi Cañas, quien declaró que «la credibilidad de la política exterior europea no puede ponerse en cuestión porque un Estado unilateralmente decida incumplir con los acuerdos adoptados».
En contra se expresó la socialista española Cristina Maestre, quien abogó por no «reproducir un debate que ya se llevó a cabo en el pleno en febrero», en el que se explicó el alto representante para la Política Exterior, y no caer en una utilización «oportunista» de la Comisión de Peticiones «sobre asuntos en los que no hay competencia de la CE para atacar al Gobierno de España».
También pidió abandonar la petición la eurodiputada ecologista letona Tatjana Zdanoka, quien reclamó a sus colegas españoles que no utilicen la Comisión de Peticiones de la Eurocámara «para resolver problemas nacionales».
Por parte de la Comisión Europea, la funcionaria del Servicio de Acción Exterior Cecile Abadie señaló que la aplicación de las sanciones, que previsiblemente se renovarán esta semana, es competencia de los Estados miembros, si bien la diplomacia comunitaria está comprometida «con la mejora de la aplicación de las sanciones».
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