El Gobierno interino de Bolivia acudió este miércoles a la Fiscalía con una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales, por acusaciones como «asesinatos y torturas».
El ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, repitió la expresión «crímenes de lesa humanidad» al presentar la denuncia en la ciudad boliviana de Santa Cruz en contra Morales y varios de sus exministros.
Murillo citó entre los acusados al exvicepresidente Álvaro García Linera, su hermano Raúl, los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Wilfredo Chávez, Alfredo Rada y Nardi Suxo, y el excomandante de la Policía Boliviana Víctor Hugo Escobar, entre otros.
La denuncia está relacionada con el conocido en el país como caso terrorismo II, que el Ejecutivo transitorio considera que fue orquestado por el Gobierno de Morales para perseguir a opositores, por lo que el Estado boliviano se ha retirado de este proceso que dura una década.
Arturo Murillo dijo a los medios que con esta retirada se cierra «un capítulo negro de la historia política de Bolivia», en la que se trató «de arrodillar a un pueblo haciendo persecución política y matando gente», con «decenas de encarcelados» y otros acusados que huyeron del país.
Pero reclama con esta denuncia que sean procesados a los que calificó como un grupo de delincuentes, en el que incluyó a fiscales y policías y al que atribuyó «una serie de asesinatos», sin dar detalle, por haber a su juicio armado ese proceso.
Otra denuncia más contra Morales
El Gobierno interino de Jeanine Añez ha ido presentando denuncias contra Evo Morales desde que asumió el poder de forma transitoria en noviembre pasado, por acusaciones como genocidio, terrorismo y sedición, por las que la Fiscalía emitió varias órdenes para que comparezca el expresidente, que está en Argentina, donde solicitó refugio.
Además de haberlo denunciado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en La Haya.
El exmandatario ha asegurado que volverá a Bolivia si su partido el Movimiento Al Socialismo gana las elecciones de octubre, mientras sus abogados han advertido de que no lo hizo hasta ahora al temer que sea procesado sin garantías constitucionales y que incluso esté en riesgo su vida.
El caso terrorismo II investiga un supuesto financiamiento a terroristas por lo ocurrido en 2009 en un hotel de Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, donde en un operativo de fuerzas de seguridad murieron tres de los cinco integrantes de una supuesta célula terrorista y dos fueron detenidos, que según el Gobierno de entonces tenía fines separatistas en la zona oriental del país y pretendía atentar contra Evo Morales.
La causa contra alrededor de catorce acusados, entre ellos exaturoridades y empresarios relevantes de la región de Santa Cruz, se reactivó en 2018 con un intento de iniciar juicio por acusaciones como organización criminal y alzamiento armado.
Los procesados siempre denunciaron que el caso se debía a motivos políticos, para acallar a opositores de la región cruceña, e incluso durante la investigación se puso en duda que el tiroteo en el hotel fuera una acción antiterrorista.
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