El exministro de Finanzas de Mozambique, Manuel Chang, es condenado por un jurado federal de Brooklyn por su implicación en un plan de fraude, soborno y lavado de dinero de 2000 millones de dólares que defraudó a inversores de Estados Unidos y otros países, según anunció el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado de prensa el 8 de agosto.
Según las pruebas presentadas en el juicio, Chang, de 68 años, recibió 7 millones de dólares en sobornos a cambio de firmar garantías en nombre de la República de Mozambique para asegurar la financiación de tres proyectos marítimos, afirmaba el comunicado.
A pesar de las garantías dadas a bancos e inversores de que el producto del préstamo financiaría estos proyectos, Chang y sus cómplices desviaron más de 200 millones de dólares para pagar sobornos y comisiones ilegales a Chang y a otros implicados en la trama.
«El abuso de autoridad de Chang no sólo traicionó la confianza del pueblo mozambiqueño, sino que su chanchullo corrupto también hizo que los inversores —incluidos los estadounidenses— sufrieran pérdidas sustanciales en esos préstamos», dijo en el comunicado la vicefiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. «La condena de Chang (…) demuestra que la División Penal está comprometida con la lucha contra la corrupción extranjera que viola la legislación estadounidense, independientemente de dónde se produzcan estas tramas o de a quién involucren».
El país costero del sureste africano es uno de los diez más pobres del mundo.
Entre 2013 y 2015, Chang presuntamente colaboró con ejecutivos de Privinvest Group, una empresa de construcción naval con sede en EAU, y gestionó más de 2000 millones de dólares en préstamos a través de una filial británica de Credit Suisse AG y otro banco de inversión extranjero.
Se suponía que los préstamos iban a financiar proyectos de empresas controladas por el gobierno mozambiqueño —pero los fondos fueron malversados en su mayor parte.
«El veredicto de hoy es una victoria inspiradora para la justicia y para el pueblo de Mozambique, que fue traicionado por el acusado, un funcionario corrupto de alto rango cuya avaricia e interés propio vendió a uno de los países más pobres del mundo», declaró en el comunicado el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace. «Chang está ahora condenado por embolsarse millones en sobornos para aprobar proyectos que finalmente fracasaron, lavado de dinero y dejar a los inversores y a Mozambique pagando la factura».
Chang y sus co-conspiradores facilitaron ilegalmente el desvío por parte de una de las empresas de más de 200 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales, incluyendo más de 150 millones de dólares para asegurar que el gobierno de Mozambique entrara en acuerdos de préstamo.
Los préstamos se vendieron a inversores de todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos, con declaraciones falsas sobre el uso que se les iba a dar. Las empresas incumplieron el pago de sus préstamos, lo que se tradujo en más de 700 millones de dólares en impagos y cuantiosas pérdidas para los inversores, afirma el DOJ en el comunicado.
Chang fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de capitales, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez federal de distrito determinará la sentencia de Chang, teniendo en cuenta las Directrices de Sentencias de EE.UU. y otros factores.
El Epoch Times solicitó comentarios al abogado de Chang, pero no respondió de inmediato.
En octubre de 2021, Credit Suisse AG y su filial, Credit Suisse Securities (Europe) Limited (CSSEL), admitieron haber defraudado a inversores en relación con un préstamo de 850 millones de dólares para un proyecto en el que participaba una de las empresas afiliadas al gobierno de Mozambique.
Credit Suisse pagó aproximadamente 475 millones de dólares en sanciones, multas y restitución como parte de las resoluciones con las autoridades estadounidenses y británicas.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades de Sudáfrica, el Reino Unido, Suiza, España y Portugal prestaron asistencia en la investigación.
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