La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez será investigada en prisión por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el martes su inmediata captura.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín, pidió a la Policía Judicial que capture a Chávez, tras declarar fundada la apelación del Ministerio Público para que la última primera ministra de Castillo sea investigada por los delitos de rebelión y alternativamente conspiración en prisión preventiva por 18 meses.
Chávez estuvo al lado de Castillo en el Palacio de Gobierno cuando el expresidente anunció el cierre del Congreso, un gobierno de emergencia y la intervención del Poder Judicial el pasado 7 de diciembre, y había pedido a todo el gabinete que acuda a la casa de gobierno porque se trataba de un «día histórico».
Tras esa resolución, la Policía Nacional desplegó un operativo en la ciudad de Tacna, al extremo sur del territorio, para llegar a la casa de Chávez y proceder con su detención, mientras ella estaba haciendo una transmisión en vivo en TikTok.
La también excongresista salió de su domicilio bajo custodia policial y fue trasladada a la cárcel del Poder Judicial de Tacna, una ciudad fronteriza con Chile, a la espera de que las autoridades determinen si es llevada a Lima o cumple su detención ahí, según informó el coronel policial Ramón Ramos a periodistas.
El jefe policial añadió que Chávez no opuso resistencia a la detención, que colaboró «en todo momento» con los agentes y que antes de ser esposada se despidió de su familia.
Durante su transmisión en TikTok, la ex primera ministra declaró estar «tranquila» en su casa esperando a la Policía y afirmó que no está sola «si no acompañada por millones de personas».
Añadió que aún no había sido notificada de la decisión judicial, pero reiteró que permanecería en su domicilio en Tacna, ciudad donde ha solicitado cumplir la detención preventiva, porque ahí tiene «todos sus arraigos».
Mientras los agentes llegaban al domicilio, periodistas que también acudieron al lugar denunciaron que personas del entorno de Chávez robaron y dañaron su equipo.
En su resolución, la Sala Suprema rechazó aplicar la misma medida a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, también investigados por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Castillo.
En este sentido, el Ministerio Público confirmó que Sánchez y Huerta continuarán con la medida de comparecencia con restricciones.
El pasado 26 de abril, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley había rechazado imponer la prisión preventiva contra los tres exministros, aunque les dictó comparecencia y el pago de una fianza de 100,000 soles (27,700 dólares o 25,316 euros) contra Chávez, de 80,000 soles contra Huerta, exministro del interior, y de 50,000 soles contra Sánchez, extitular de Comercio.
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