La Policía del Capitolio citó al abogado del expresidente Donald Trump, John Eastman, en un procedimiento legal relacionado con la irrupción del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.
El 4 de abril, durante una entrevista con la cadena conservadora Frank Speech, Eastman reveló que le habían entregado una citación en relación con una demanda civil iniciada por un colectivo de agentes de la Policía del Capitolio contra el presidente Trump.
«Acabo de recibir una cita que nos entregaron la semana pasada los agentes de la Policía del Capitolio buscando todo, todas mis comunicaciones con el presidente y con cualquier otra persona», dijo el Sr. Eastman. «Han arruinado por completo el privilegio abogado-cliente».
Esto responde a la recomendación de un juez a finales del mes pasado de que Eastman sea inhabilitado en California por su asesoramiento al entonces presidente Trump en relación con sus intentos de impugnar la validez de los resultados de las elecciones de 2020.
«En vista de las circunstancias que rodean la mala conducta de Eastman y el equilibrio entre agravación y mitigación, la corte recomienda que se inhabilite a Eastman», escribió la jueza de la Corte de Abogados del Estado de California, Yvette Roland, en una opinión de 128 páginas.
A continuación, la Corte Suprema de California determinará si al Sr. Eastman se le debe revocar su licencia estatal de abogado basándose en la recomendación de la jueza Roland en su opinión.
Durante la misma entrevista, el abogado también mencionó que es algo que quedó en el pasado y no vale la pena discutirlo, antes de que su caso sea escuchado por la Corte Suprema del estado.
«Si se hubiera seguido fielmente la ley, este caso nunca debería haberse presentado en primer lugar», dijo.
El abogado argumentó que la inhabilitación es de naturaleza política y «tiene como objetivo destruir nuestro sistema acusatorio de justicia».
El Sr. Eastman también es parte del caso penal del abogado especial Jack Smith contra el presidente Trump relacionado con los eventos del 6 de enero. El abogado denunció que la acusación también tiene motivaciones políticas, sumándose a las críticas del propio expresidente.
«No parece que tengamos ninguna noción de perseguir realmente la verdad en estos asuntos penales. Todo son trampas contra tus oponentes políticos», dijo durante la entrevista del 4 de abril. «Cualquier cosa que crean que puede hacer avanzar su agenda para atrapar a Trump».
«Eso es parte del juego», continuó. «Para mantenernos atados, gastando nuestros recursos en la defensa contra estas cosas, entonces esos son recursos y talento que no se pueden destinar a promover las elecciones para las personas que son sensatas y quieren que nuestro país vuelva a la normalidad».
La recomendación para la inhabilitación del Sr. Eastman ocurrió después de un largo juicio, tras el cual la jueza Roland escribió que concluyó que el Sr. Eastman sabía que el plan que desarrolló para convencer al entonces vicepresidente Mike Pence de que se negara a certificar los resultados «carecía de legitimidad».
Randy Miller, abogado del Sr. Eastman, emitió una declaración tras la decisión de la jueza, ofreciendo su creencia de que la Corte de Revisión subsanaría la opinión de la jueza Roland.
Afirmó que el trabajo de su cliente para evaluar las cuestiones legales involucradas en los resultados de las elecciones de 2020 se «basó en precedentes legales confiables, elecciones presidenciales anteriores, investigación de textos constitucionales y extenso material académico».
Además, el Sr. Miller expresó su oposición a que se revoque la licencia legal del Sr. Eastman, considerando que todavía enfrenta cargos de presunta inocencia en Georgia, que también están relacionados con las elecciones de 2020.
«Cualquier persona razonable puede ver la injusticia inherente de prohibir a un acusado presuntamente inocente poder ganar los fondos necesarios para pagar los enormes gastos necesarios para defenderse, en la profesión en la que ha estado licenciado durante mucho tiempo», dijo el Sr. Miller.
«Eso no es justicia y no tiene ningún propósito legítimo de proteger al público».
Caden Pearson contribuyó a este artículo.
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