El filósofo Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, fue liberado durante la madrugada de este miércoles después de aceptar colaborar con la Justicia en la investigación abierta a una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público, informaron medios locales.
Villanueva abandonó la sede de Prefectura, en el centro histórico de Lima, tras permanecer detenido durante 10 días, según confirmó su abogado, Luis Capuñay.
Mientras salía del local, el exfuncionario saludó a los periodistas haciendo un gesto con una mano e ingresó a un automóvil, según mostraron medios locales.
Capuñay confirmó que Villanueva colaborará con la Justicia y dijo que su teléfono celular ha quedado incautado porque «es materia de examen para la investigación», pero está impedido de dar más detalles porque se trata de un proceso reservado.
«En estos momentos no vamos a dar más detalles, porque la investigación sigue siendo reservada. Lo que sí, se ha recuperado su libertad, que era el principal objetivo», declaró el abogado a periodistas.
Medios locales señalaron este martes que durante los interrogatorios a los que fue sometido en los últimos días, Villanueva reconoció la veracidad de los chats que dieron origen a la investigación abierta en el Ministerio Público y aseguró que hizo coordinaciones por orden de la fiscal Benavides.
De acuerdo con esas informaciones, las coordinaciones se hicieron con congresistas para lograr la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura.
Al respecto, Capuñay comentó que «todo dato relevante se va a conocer en el desarrollo de las declaraciones» y que se «remite a lo que se ha conocido hasta el momento».
«Por medida de seguridad no puedo indicar a dónde vamos, pero va a colaborar con la investigación y por eso está saliendo en libertad», reiteró.
Al presentarse este martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la fiscal Benavides aseguró que es víctima de «una calumniosa imputación» en la investigación abierta por un equipo fiscal anticorrupción y la Policía Nacional, y enfatizó que «no existe una organización criminal» en el Ministerio Público.
La semana pasada, tras el inicio de las investigaciones, Benavides aseguró que se trataba de «un acto torpe» para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del gobierno y presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades.
Tras ese anuncio, Boluarte dijo que la decisión de la fiscal era una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.
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