Mark Meadows, exjefe de gabinete del presidente Donald Trump, presentó una moción para desestimar los cargos presentados contra él en Georgia basándose en la cláusula de supremacía de la Constitución.
El Sr. Meadows, el presidente Trump y otros 17 coacusados fueron acusados por un gran jurado el 14 de agosto de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés) de Georgia, junto con otros 40 cargos, por sus acciones para impugnar los resultados de las elecciones generales de Georgia de 2020.
El Sr. Meadows fue el primer codemandado que solicitó el traslado de su caso al tribunal federal, lo que hizo un día después de la imputación. Otros han indicado que harán lo mismo. La nueva presentación del 18 de agosto argumenta que es inmune a la acusación estatal en virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución, ya que todas las acciones enumeradas formaban parte de sus funciones oficiales como empleado federal.
«El procesamiento del Sr. Meadows por parte del Estado amenaza el importante interés federal de proporcionar al presidente de los Estados Unidos asesoramiento y asistencia personales y confidenciales, firmemente arraigados en la legislación federal desde hace casi 100 años… y da lugar precisamente al tipo de injerencia estatal en los asuntos federales que prohíbe la Cláusula de Supremacía», dice la moción de 34 páginas (pdf).
Ley federal
La cláusula de supremacía establece: «Esta Constitución, y las Leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella; y todos los Tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la Ley Suprema del país; y los Jueces de cada Estado estarán por lo tanto obligados a observarlos, sin consideración de ninguna cosa en contrario en la Constitución o las leyes de cualquier Estado».
Establece que la ley federal prevalece sobre las leyes estatales, lo que, según los abogados del Sr. Meadows, significa que los estados «no pueden impedir ni interferir en las acciones de los funcionarios del ejecutivo federal cuando están aplicando leyes federales», citando un caso de 2006 que dictaminó que un funcionario federal no estaba obligado a considerar la ley penal estatal antes de actuar.
«Aunque se alega que su conducta infringió la ley estatal, ‘puede caracterizarse razonablemente como conforme con toda la gama de leyes federales'», escribieron los abogados del Sr. Meadows, citando precedentes legales.
Señalan que ni en la causa iniciada en Georgia ni en la similar iniciada por el Departamento de Justicia contra el presidente Trump en Washington por presunta conspiración al impugnar los resultados de las elecciones de 2020 se acusaba al Sr. Meadows de violar ninguna ley federal.
El tiempo corre
El tribunal ha fijado una audiencia probatoria para el 28 de agosto en relación con la petición de remoción del Sr. Meadows, y ha ordenado que se entregue inmediatamente una copia de la notificación a la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, para que responda antes del 23 de agosto.
El Sr. Meadows está presionando para que se detengan los procedimientos penales estatales lo antes posible, dada la rapidez de los plazos de la acusación, argumentando que tanto la cláusula de supremacía como el artículo 1442 protegen a los funcionarios federales no sólo de la responsabilidad, sino de ser procesados en un tribunal estatal por completo, como dictaminó la Corte Suprema de EE. UU. en casos anteriores.
«Está claro que el Estado pretende actuar con rapidez en el tribunal estatal, de modo que el Sr. Meadows perderá irreparablemente esta protección constitucional y estatutaria», en caso de que continúe el proceso penal, dice la moción.
Los abogados señalan también que la notificación del Sr. Meadows para retirar el caso al tribunal federal afectaría por defecto no sólo a los cargos contra él, sino a los 19 acusados, tengan o no base para retirar el caso.
La imputación del condado de Fulton enumera 161 actos de asociación delictiva, nueve de los cuales implican presuntamente al Sr. Meadows.
Incluyen la organización de reuniones y la solicitud de información de contacto de legisladores estatales y la participación en reuniones durante las cuales el presidente Trump recibió asesoramiento estratégico sobre la impugnación de los resultados electorales.
En su anterior notificación de remoción, sus abogados escribieron que «nada de lo que el Sr. Meadows alega en la acusación es delictivo per se: organizar reuniones en el Despacho Oval, ponerse en contacto con funcionarios estatales en nombre del presidente, visitar un edificio del gobierno estatal y concertar una llamada telefónica para el presidente. … Uno esperaría que un jefe de Gabinete del Presidente de los Estados Unidos hiciera este tipo de cosas».
Defensas adicionales
La moción argumenta que, aunque el tribunal considere que el Sr. Meadows no goza de inmunidad en virtud de la cláusula de supremacía, los cargos deberían retirarse basándose en las defensas de la Primera Enmienda y de la 14ª Enmienda.
«Toda la conducta alegada contra el Sr. Meadows está relacionada con una actividad política protegida que se sitúa en el núcleo de la Primera Enmienda», dice el escrito, argumentando que la expresión política está ampliamente protegida, como han demostrado casos anteriores.
«Independientemente de lo que se piense sobre los méritos del tono y el tenor de la discusión con el secretario de Estado de Georgia, el tema era innegablemente sobre cuestiones públicas de importancia política», argumentan.
«Un candidato a un cargo público no deja de ser un candidato político cuando se cierran las urnas el día de las elecciones. Más bien, el derecho a defender ‘enérgica e incansablemente’ su propia elección continúa más allá de ese momento». Citaron un caso de Georgia en el que el Partido Demócrata del estado presentó una demanda para impedir la certificación de los votos de las elecciones de 2018 hasta que se contaran los votos por correo.
Todas las acciones del Sr. Meadows enumeradas en la imputación entrarían dentro de la actividad política, argumenta la moción, que está amparada por la Primera Enmienda.
Los abogados afirman también que los cargos RICO no se ajustan a la cláusula del debido proceso de la 14ª Enmienda, citando precedentes que exigen que las leyes punibles se redacten de forma que quede claro lo que está prohibido.
«Esos estatutos son inconstitucionalmente vagos en su aplicación a los cargos contra el Sr. Meadows», dice la moción.
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