Justo cuando la esposa de un preso por el 6 de enero creía que las cosas no podían empeorar, el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) le informó que iban a suspender todas las prestaciones de su marido. Según el representante de Estados Unidos Louie Gohmert (R-Texas), «esto es lo que tienes cuando los izquierdistas vengativos se hacen cargo de las principales partes del gobierno».
En una carta sin firma del VA —con fecha del 13 de junio y que parece provenir de la «Oficina Regional del Director»— se notificaba a Angel y Kenneth Harrelson que la administración «había recibido información del Departamento de Justicia de Estados Unidos» de que Kenneth había sido «acusado de conspiración sediciosa (18 U.S.C 2384)».
La carta señalaba además que: «De conformidad con el artículo 6105(a) del Código 38 de Estados Unidos» (confiscación por actividades subversivas), «tras recibir la notificación de una acusación por el delito mencionado», el «VA debe suspender el pago de las prestaciones gratuitas hasta que se resuelva el procedimiento penal. En caso de condena, las prestaciones gratuitas se pierden automáticamente a partir de la fecha del delito».
La «fecha del delito» es el 6 de enero de 2021.
«En base a la información anterior», el VA informó además a los Harrelson que «proponen suspender» sus «pagos de beneficios de compensación a partir del 1 de septiembre de 2022, que es el primer día del mes siguiente a un período de 60 días de debido proceso».
«Si posteriormente es absuelto de este cargo, los pagos pueden reanudarse a partir de la fecha de suspensión, si está en orden. Si se le condena, las prestaciones se terminarán con carácter retroactivo a partir del 5 de enero de 2021, fecha en la que se produjo el delito, o desde la fecha en la que se inició su concesión, lo que ocurra más tarde».
De acuerdo con el Código 38 de Estados Unidos § 6105:
«Cualquier individuo que sea CONDENADO después del 1 de septiembre de 1959 por cualquiera de los delitos enumerados en la subsección (b) de esta sección no tendrá, a partir de la fecha de comisión de dicho delito, ningún derecho a prestaciones gratuitas (incluido el derecho a ser enterrado en un cementerio nacional) en virtud de las leyes administradas por el Secretario en base a los períodos de servicio militar, naval, aéreo o espacial que se iniciaron antes de la fecha de la comisión de dicho delito y ninguna otra persona tendrá derecho a dichas prestaciones a causa de dicho individuo».
Según la denuncia penal de 18 páginas (pdf), Kenneth Harrelson fue acusado de Conspiración (1) Obstrucción de un procedimiento oficial y complicidad (2) Destrucción de propiedad gubernamental y complicidad (3) Entrada y permanencia en un edificio o terreno restringido (4) Manipulación de documentos o procedimientos (5). Según la orden de detención (pdf), Kenneth fue detenido en su domicilio de Titusville, Florida, el 10 de marzo de 2021. Según el expediente penal, el cargo de conspiración sediciosa se añadió junto con otros más el 12 de enero de 2022.
Kenneth está actualmente recluido en el Centro de Tratamiento Correccional del sureste de Washington y ha estado encarcelado, sin juicio y sin ser condenado por ningún delito, durante más de 475 días.
En la página dos de la carta se explica que: «si es condenado», el cambio en sus beneficios «puede significar» que la VA había pagado «demasiado», en cuyo caso enviarán otra carta para informarles «si los cambios se llevan a cabo». Si es así, el «Centro de Gestión de la Deuda del VA enviará una carta explicando cuánto» han «pagado de más, así como la forma de pagar esta deuda».
La página 3 de la carta aconseja a los Harrelson cómo obtener representación.
(Cortesía de Angel Harrelson)
En la página 4 se aclara qué es VA.gov y se les informa que «inscribirse en VA.gov es fácil».
«Esto es lo que tienes cuando los izquierdistas vengativos se hacen cargo de las principales partes del gobierno», dijo Gohmert a The Epoch Times. «Lo que estamos viendo es que cuando personas inmorales, mezquinas y de izquierda se hacen cargo del gobierno, utilizan todos los aspectos del gobierno para tratar de infligir su odio a las personas con las que no están de acuerdo. Incluso después de que la mayoría de los demócratas de la Cámara de Representantes obstruyeran una sesión oficial del Congreso allá por junio de 2016, en aquel momento, ninguno de nosotros decía que había que meter a esta gente en la cárcel. Solo queríamos poder volver a sesionar como mayoría. Pero cuando tienen el poder, obstruyendo una sesión oficial del Congreso —que es el peor cargo del que fueron acusados muchos de los Seis de Enero— vemos que la izquierda quiere enterrarlos, quitarles cualquier beneficio, destruir sus vidas y no solo sus vidas, quieren destruir sus hogares, destruir la vida de sus hijos. Esta es una atmósfera maligna y tóxica cuando este tipo de gente tiene el control de gran parte del gobierno federal».
Tras el tiroteo del 12 de junio en el Club Nocturno Pulse de Orlando (Florida), los miembros del grupo demócrata de la Cámara de Representantes organizaron una protesta, previamente planificada y bien organizada, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes justo después de que esta se reuniera el 22 de junio de 2016. Exigieron que el entonces presidente de la Cámara, Paul Ryan (R-Wis.), permitiera una votación sobre el control de armas. Durante todo el día y hasta la mañana siguiente, obstruyeron los procedimientos, corearon «no hay proyecto de ley, no hay descanso» y cantaron «Venceremos».
Según The Guardian, Gohmert «se enfrentó» a la entonces representante demócrata Corrine Brown «en una confrontación que parecía que se iba a salir de control» hasta que intervinieron el representante demócrata John Lewis y otros. Gohmert dijo que estaba enfadado por la falta de respeto mostrada por los demócratas hacia la santidad de la Cámara de Representantes, que calificó de «último bastión del civismo». También le enfureció la falta de respeto mostrada a las 49 víctimas del tiroteo. «Me sorprende aquí, en la Cámara, que para ellos [los demócratas] todo sea cuestión de armas», dijo. El 19 de mayo, el Servicio de Impuestos Internos anunció que Brown «se declaró culpable de participar en un esfuerzo corrupto para obstruir e impedir la debida administración de las leyes de ingresos internos» y se le «ordenó pagar 62,650.99 dólares en concepto de restitución».
«No hago, no haré y no he defendido la violencia», dijo Gohmert. «Pero sí tenemos que defender nuestros derechos y tenemos que llamar a esto por su nombre. Es una maldad. Es un abuso del gobierno federal y un esfuerzo por dañar a la gente y a sus hijos simplemente por desacuerdos políticos. Esperemos que podamos, con el ejemplo, mostrar que este no es el camino a seguir. Pero llevamos 60 años usando ese ejemplo. Si estos izquierdistas no se han dado cuenta de eso y siguen pensando que abusando de sus posiciones en el gobierno federal se parecen al Ministerio del Amor en 1984 de Orwell, que utilizaba la tortura y condiciones horribles como las que hemos visto en la cárcel de D.C., entonces tenemos que hacer que la gente se levante pacíficamente y deje claro que tenemos que cambiar la ley para que podamos encontrar a la gente que está abusando de sus posiciones en el gobierno».
Como explicó Gohmert, se cambiaron las leyes que permitían el despido de personas dentro del VA que estuvieran abusando de sus cargos. La Ley de Rendición de Cuentas y Protección de Denunciantes del Departamento de Asuntos de los Veteranos de 2017 facilita el descenso de categoría, la suspensión e incluso el despido de altos ejecutivos y otros empleados por mala praxis o mal desempeño.
Igualmente, dijo Gohmert, «estamos viendo la necesidad de hacer eso también en otros lugares federales para que podamos deshacernos de las personas malvadas y vengativas que están abusando de su empleo federal».
El sobre muestra que la carta procede del Centro de Admisión de Evidencia” (EIC) del Departamento de Asuntos de los Veteranos.
Según el sitio web del VA, «El Departamento de Asuntos de Veteranos ha implementado el procesamiento centralizado de correo (CM) para las reclamaciones de compensación para reducir el manejo de papel entrante y los requisitos de envío».
Según Hill & Ponton Disability Attorneys, «el EIC solo se encarga de las reclamaciones relacionadas con la compensación». Sin embargo, esto no se refiere a una reclamación. Es un aviso de que los beneficios de los Harrelson están siendo suspendidos por completo y que, si son condenados, los Harrelson deberán reembolsar al VA la cantidad que consideren «sobrepagada».
En clara contradicción con la notificación de la suspensión de los beneficios y la amenaza de tener que devolver todo lo que Kenneth ha recibido, un correo electrónico de mayo de 2021 de Jeremy Van Cleave, abogado de Servicios para Veteranos en el Centro de Gobierno del Condado de Brevard en Viera, Florida a Angel Harrelson, Van Cleave dijo que «quería aclarar algo».
«Mientras su esposo no sea condenado, sus beneficios continuarán siendo pagados. Si su marido es condenado, y tiene que cumplir más de 60 días, entonces su prestación se reducirá al 10%. Lo siento si no lo he comunicado correctamente. Así que, ahora mismo, seguirá recibiendo los fondos a la espera del resultado del juicio».
Van Cleave incluyó un enlace en su correspondencia para asegurarse de que las prestaciones de su marido no se habían perdido. El enlace la llevaba a una página del sitio web de la VA que explicaba lo que ocurre cuando un veterano es encarcelado.
«Los pagos de compensación por discapacidad del VA se reducen si un veterano es condenado por un delito grave y encarcelado durante más de 60 días. Los veteranos con una calificación del 20 por ciento o más están limitados a la tasa de discapacidad del 10 por ciento. Para un veterano cuya calificación de discapacidad es del 10 por ciento, el pago se reduce a la mitad. Una vez que el veterano es liberado de la prisión, los pagos de compensación pueden ser restablecidos en función de la gravedad de la(s) discapacidad(es) relacionada(s) con el servicio en ese momento».
The Epoch Times se puso en contacto con Van Cleave para que aclarara las evidentes contradicciones de su correo electrónico y de la carta sin firmar del 13 de junio.
«Ahora mismo es un montón de correos electrónicos», dijo Angel a The Epoch Times. «Intentando que alguien del VA me dé la carta que el DOJ les envió».
Hasta ahora, no ha recibido respuesta. El siguiente paso es una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Si no lo consigue, piensa demandar por la información.
«He preguntado a muchos de los otros veteranos que están en prisión desde el 6 de enero y nadie más ha recibido esto, ni siquiera los otros del caso Oath Keepers», reveló Angel. «Ken es el único. Por eso quiero que esto se haga público porque nos están apuntando. Probablemente porque no me callo».
Según los documentos judiciales (pdf), hay 10 personas citadas en el caso Oath Keepers, entre ellas Kenneth Harrelson.
Como reportó The Epoch Times el 11 de marzo, Angel está convencido de que los demócratas en el poder están apuntando intencionalmente a los participantes del 6 de enero solo porque son partidarios de Trump. También cree que se trata de una «venganza».
«Eso es lo que siento», reiteró el martes. «Estamos en el punto de mira porque voy a salir en público y no me voy a callar nada de esto, y ¿cuál es la única manera de conseguir que alguien se calle? Quitarle todo».
Al preguntarle qué iba a hacer ahora, Angel no dudó.
«Ser más ruidosa», dijo.
Mientras tanto, tiene menos de 60 días para hacer un plan.
«Voy a llamar a la inmobiliaria. No tengo otra opción, tengo que poner esta casa en venta», se lamenta. «No queremos que entre en ejecución hipotecaria porque eso arruinará nuestro crédito. Ya podremos hacer algo más adelante. Voy a tener que pagar otro almacén porque el que tengo no va a ser lo suficientemente grande. Probablemente perderé su camioneta. No puedo hacer nada al respecto, porque si no la vendo, acabaremos sin hogar».
Angel dijo que mudarse con la familia no es una opción. Ella tiene tres hijos. Las casas en las que viven sus familiares ya están llenas, ya que todos tienen hijos también. Debido a la «inflación de Biden», Angel dijo que las familias ya se están consolidando, mudándose juntas para salir adelante. No tienen otro lugar al que ir, ya que los padres de ambos fallecieron.
«Tengo amigos», dijo Angel. «Pero al ir con mis amigos, me sentiría como una gran carga».
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Joseph McBride, abogado de varios otros presos y acusados del 6 de enero, dice que este último esfuerzo por castigar a los «presos políticos» y a sus familias es «indignante».
«Me he enterado de esto. Es una gran historia», dijo McBride a The Epoch Times. «Esto es indignante. Es completamente [improperio]. Kenny Harrelson tiene derecho a sus beneficios. Simplemente se le ha acusado de un delito y la idea de que se le vayan a quitar las prestaciones médicas militares es, sin duda, una violación de sus derechos al debido proceso. Es una locura. Es una vergüenza. Es una vergüenza absoluta. Se le acusa y se le presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y su familia es ciertamente inocente. Todo esto es absolutamente horrible».
Cynthia Hughes, del Patriot Freedom Project, está de acuerdo.
«Se trata de una mujer que tiene tres hijos. Su marido tiene una discapacidad médica y ella depende de eso», dijo Hughes a The Epoch Times. «Su marido está en la cárcel. El gobierno se niega a permitirle tener una fianza. No puede estar en casa preparándose para el juicio con su mujer. No puede reunirse con su propio abogado y esto es todo lo que ella tiene para mantener a su familia en esa casa. ¿Qué se supone que debe hacer ahora? Algunos dirán que tiene que salir corriendo a buscar un trabajo, pero no es tan sencillo. Creo que el gobierno está haciendo todo lo que puede a un partidario de Trump que va a crear la mayor dificultad … y aquí está. Este es el daño. No les importan los daños colaterales y los daños colaterales en esto son las mujeres y los niños. Es verdaderamente indignante. Este gobierno debería estar avergonzado. Puedo decirle esto, nos aseguraremos de que el Patriot Freedom Project ayude a la familia Harrelson tanto como pueda».
Para terminar la entrevista, Gohmert hizo notar que la carta de la VA no estaba firmada.
«Alguien sabía lo que estaba haciendo cuando envió esa carta sin firma, sin nombre», dijo Gohmert. «Ese es el tipo de ocultación detrás de un cargo federal que se obtiene cuando hay gente malvada, abusiva y vengativa en el empleo federal. Sabían lo que hacían cuando enviaron eso sin firma y sin su nombre. Eso debería hacer que se sientan un poco más kafkianos, acusando anónimamente a la gente. Ojalá podamos limpiar el gobierno y deshacernos de la gente que abusa de sus cargos y lo hace vengativamente, como quien envió esta carta. Ni siquiera estaban siguiendo la ley. Están abusando de la ley, abusando de su posición, y escondiéndose detrás del anonimato. Este es el tipo de personas que deben desaparecer del empleo federal».
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia, la Administración de Veteranos y, concretamente, con Jeremy Van Cleave, pero no recibió respuesta.
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