El representante Ralph Norman (R-S.C.) exige respuestas al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) después de que la agencia se negara a publicar todos los documentos relativos a cómo pretendía aplicar una orden ejecutiva de 2021 sobre la ampliación del acceso a los votantes. Los republicanos se han opuesto a esta orden por considerarla un ejercicio ilegal del poder federal sobre las elecciones.
En marzo del año pasado, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva (EO 14019) en la que se ordenaba a los directores de todas las agencias federales, incluido el DOJ, que presentaran un plan estratégico sobre cómo «promover el registro y la participación de los votantes». Sus planes deben ser presentados a Susan Rice, la asesora de política interior del presidente.
La orden ejecutiva también ordena que estas agencias trabajen con organizaciones externas «aprobadas» para proporcionar servicios de registro de votantes en las instalaciones de las agencias federales.
Desde entonces, los legisladores republicanos han cuestionado si la administración tiene autoridad constitucional y estatutaria para promulgar dicha orden. Mientras tanto, los organismos de control del gobierno, incluido el grupo de expertos en política pública con sede en Florida, la Fundación para la Responsabilidad Gubernamental (FGA, por sus siglas en inglés), han presentado solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) a las agencias federales en busca de documentos relacionados con la orden de Biden.
El 18 de octubre, Norman, que forma parte del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, envió una carta al fiscal general Merrick Garland, exigiendo saber por qué el Departamento de Justicia no ha respondido adecuadamente a la solicitud de FOIA de la FGA, según una copia de la carta obtenida por The Epoch Times antes de su publicación.
«La Constitución de Estados Unidos deja claro que los estados deben gestionar sus propias elecciones, sin intromisión del gobierno federal», dijo Norman a The Epoch Times en un correo electrónico.
«Estamos ante un Departamento de Justicia que parece estar sobrepasando ese límite constitucional bajo la dirección del presidente Biden, y luego desafiando deliberadamente las órdenes judiciales. Añade esto a la lista de problemas que tenemos con el Departamento de Justicia», añadió, refiriéndose a la sentencia de un tribunal de distrito de julio que ordenó al Departamento de Justicia presentar los documentos en virtud de la solicitud de la FOIA.
El gobierno federal, dijo Norman, debería «mantener sus manos fuera de nuestro proceso electoral» y modificar las políticas de votación para que sea «más fácil votar para los ciudadanos, y más difícil hacer trampa».
«La reputación del DOJ con la confianza del público ya es mínima en el mejor de los casos. ¿Qué podría ganar el DOJ ocultando al público su plan para promover la participación de los votantes?», dijo Norman.
Otros firmantes de la carta son los representantes Randy Weber (R-Texas), Mary Miller (R-Ill.), Fred Keller (R-Pa.), Chip Roy (R-Texas), Louie Gohmert (R-Texas), Andy Biggs (R-Ariz.) y Ben Cline (R-Va.).
Impugnación de la legalidad
En su carta, Norman argumentó que Biden no debería haber emitido esa orden en primer lugar.
«El presidente no tiene base legal para ordenar a todas las agencias federales que se dediquen al registro de votantes, ni tiene autoridad para ordenar a ninguna agencia federal que se dedique a promover la participación de los votantes», decía la carta. «Sin embargo, eso es precisamente lo que pretende hacer a través de esta OE».
La Constitución de EE. UU. no otorga al presidente la autoridad para «transformar todas las agencias ejecutivas federales dirigidas por sus designados políticos, incluido el Departamento de Justicia, en máquinas de conseguir votos para la izquierda, pagadas por los contribuyentes federales», según la carta.
Norman advirtió que los funcionarios federales que siguen la orden de Biden corren el riesgo de violar la Ley Hatch, que prohíbe a los funcionarios del gobierno federal participar en ciertas actividades políticas.
Al llevar a cabo la orden, el Departamento de Justicia también podría violar la Ley Antideficiencia, dice la carta, que prohíbe a las agencias federales «gastar fondos que el Congreso no ha autorizado o aceptar servicios voluntarios de organizaciones de terceros ‘aprobadas’, como ordena la OE 14019».
La FGA llegó a una conclusión jurídica similar. Además de referirse a las dos leyes estadounidenses, el grupo argumentó que la orden de Biden «sobrepasa la limitada participación de las agencias federales en el registro de votantes permitida por la Ley Nacional de Registro de Votantes». Como resultado, la FGA concluyó que la orden ejecutiva «es ilegal, poco ética e inconstitucional».
Además, la FGA argumentó que la Administración Biden está utilizando la orden ejecutiva para beneficiar a los candidatos demócratas.
«Con la falta de supervisión y transparencia, existe una preocupación genuina de que este esfuerzo se dirija principalmente a los baluartes demócratas para ayudar a los votantes que la Administración Biden cree que son más propensos a votar por los demócratas», escribió la FGA en un informe de mayo.
FGA
La FGA presentó su solicitud de FOIA al DOJ el 30 de julio de 2021. Después de que el DOJ no entregara ni un solo documento durante más de 200 días, el grupo presentó una demanda contra el departamento en abril. Un tribunal federal de distrito falló a favor de la FGA en julio, ordenando al DOJ que revelara todos los documentos solicitados en virtud de la FOIA antes de las elecciones de mitad de período del 8 de noviembre.
El 8 de septiembre, la FGA dijo que había recibido del Departamento de Justicia 135 páginas de documentos fuertemente censurados. En el lote faltaba el plan estratégico de 15 páginas que la agencia creó para aplicar la orden ejecutiva de Biden.
En su carta (pdf) a la FGA, el DOJ citó «el proceso deliberativo y los privilegios de las comunicaciones presidenciales» como la razón para retener el plan estratégico.
Norman rechazó la afirmación del DOJ, diciendo que los privilegios citados no deberían «aplicarse a este documento terminado, posterior a la decisión».
«Intentar ocultar este plan al público no solo es contrario a la ley federal, sino que es profundamente preocupante y perjudicial para la ya menguada confianza del público en su departamento», dijo Norman en la carta del 18 de octubre.
El congresista pidió al Departamento de Justicia que revelara todos los documentos antes del 30 de octubre, dado que el plan ya está completo. Sería «un primer paso sólido» para que el DOJ recupere la confianza del pueblo estadounidense, escribió.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
