The Epoch Times ha obtenido en exclusiva el video del incidente el que un centro de ayuda para embarazadas fue atacado el pasado mes de junio por presuntos militantes proabortistas en Buffalo, Nueva York.
El video ha estado en el centro de una polémica entre CompassCare, el centro cristiano de recursos para embarazadas, y la policía, que se negó a devolver el video a la clínica.
El video fue devuelto en virtud de un acuerdo entre la clínica y la ciudad de Amherst.
Un grupo provida rechaza las exigencias de la policía
Según CompassCare, la ciudad quería inicialmente que el centro de crisis de embarazo aceptara una cláusula según la cual el video no podría ser divulgado durante dos años; una indemnización de CompassCare por los daños y perjuicios que pudieran derivarse para la organización provida de la falta de investigación por parte del Departamento de Policía de Amhurst; y la posibilidad de demandar a CompassCare por cualquier violación de las disposiciones de confidencialidad del acuerdo.
«Como víctima del delito, CompassCare rechazó todos los términos del acuerdo, no queriendo ser revictimizada por una demanda de las fuerzas policiales por ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, recogido en la Primera Enmienda», dijo el director ejecutivo de CompassCare, el reverendo James Harding, a The Epoch Times sobre la resolución de la demanda.
«Tras rechazar todos los términos del acuerdo que restringían a CompassCare o añadían responsabilidad a CompassCare, sugerimos al juez que ordenara una determinación. En ese momento, la policía de Amherst eliminó todas las restricciones sobre los términos del acuerdo, entregando una copia a CompassCare el jueves 6 de abril, 305 días después del incendio», añadió Harden.
El abogado de la ciudad, Stanley J. Sliwa, dijo anteriormente que la divulgación del video pondría en peligro innecesariamente la investigación.
Observaciones del fiscal municipal
En una entrevista concedida a The Epoch Times el 2022 de septiembre, Sliwa pareció sugerir que la publicidad de la investigación policial avivaría la violencia política de la derecha.
«Ustedes conocen a todos los locos que andan por ahí con pistolas y AK-47, poniendo bombas y matando a gente porque tienen determinadas opiniones políticas», declaró Sliwa a The Epoch Times.
«El departamento de policía está tratando de mantener la investigación lo más discreta posible para asegurarse de que estas personas no se ocultan aún más, como puede que ya esté ocurriendo», añadió.
Cuando se le preguntó a qué personas con AK-47 se refería en relación con la violencia por opiniones políticas, el fiscal municipal dijo que se trataba de «personas que forman parte integrante de la revuelta contra el gobierno de Estados Unidos» del 6 de enero de 2021.
Por su parte, CompassCare afirma que tanto la policía de Amherst como el FBI han dado largas al asunto, señalando como prueba comentarios de tinte político como los de Sliwa.
También han dicho que el FBI «se insertó» en las investigaciones relativas a los ataques a los centros de crisis de embarazo para obstaculizar las investigaciones.
«La policía de Amherst rechazó repetidamente las múltiples peticiones del director ejecutivo de CompassCare para ver el video, remitiéndose al FBI. CompassCare lleva insistiendo desde principios del verano pasado en que el FBI se inmiscuyó en las investigaciones locales, ralentizando las investigaciones sobre los ataques de Antifa a favor del aborto», declaró Harden a The Epoch Times.
Rubio condena la persecución contra los cristianos
El senador Marco Rubio (R-Fla.) fue aún más lejos, al declarar a The Epoch Times que la administración del presidente Joe Biden ha «puesto en el punto de mira» a los cristianos.
«En lugar de perseguir a los delincuentes que destrozaron iglesias y agredieron a miembros del clero, la Administración Biden está espiando a las iglesias católicas y persiguiendo a los defensores de la vida», dijo Rubio.
«Este es el uso del gobierno como arma que dicen temer, pero que ahora utilizan contra sus enemigos políticos. Y a nadie en los medios de comunicación tradicionales le importa», añadió.
Otros destacados líderes conservadores y cristianos están cada vez más alarmados por lo que describen como el «enfoque unilateral» que la Administración Biden ha utilizado en la investigación de la violencia doméstica de motivación política.
«Es vergonzoso que la investigación sobre el atentado contra el centro de atención a embarazadas de Buffalo se haya estancado y que las fuerzas policiales no parezcan interesadas en encontrar a los violentos autores. Los agentes federales y locales encargados de hacer cumplir la ley allí deberían avergonzarse de no haber realizado ninguna detención cuando Jane’s Revenge se atribuyó el horrible atentado», declaró a The Epoch Times Penny Nance, directora ejecutiva y presidenta de Concerned Women for America (CWA), un grupo de defensa conservador.
«El FBI no hizo nada para ayudar a encontrar al vándalo que destrozó la sede nacional de Concerned Women for America, incluso orinó en nuestra puerta principal. Sin embargo, el FBI allanó la casa de un padre provida que estaba rezando fuera de una clínica abortista y hoy nos enteramos de que el Departamento de Justicia recomendó no encarcelar a un individuo que pintarrajeó una iglesia católica con graffiti profano, destruyó una estatua de la Virgen María, agredió a un trabajador de la iglesia y se resistió al arresto», añadió.
Ataques
Harden afirma que se han producido 300 ataques contra grupos provida, mientras que el congresista Mike Johnson (R-La.), autor de un proyecto de ley para proteger los centros de embarazos en crisis, afirmó que se han producido unos 100 ataques, incluidos ataques contra iglesias.
Ambos se mostraron consternados por las revelaciones de Garret O’Boyle, agente especial del FBI suspendido en Kansas, y Steve Friend, exagente especial del FBI en Florida, que afirmaron que se utilizaban «etiquetas de amenaza» de terrorismo doméstico para vigilar a los grupos provida.
Las etiquetas de amenaza son emitidas por el Departamento de Justicia sobre individuos y grupos sobre los que el FBI quiere recabar más información, con el fin de abordar el «alcance» que suponen los individuos o grupos para el terrorismo doméstico, el tráfico de drogas y/o la trata de seres humanos.
La semana pasada, los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes afirmaron que el FBI utilizó al menos a un agente encubierto para tratar de infiltrarse en iglesias católicas con el fin de investigar si éstas mostraban signos de extremismo religioso.
«La justicia no parece estar ciega cuando se trata de la respuesta de las fuerzas policiales a los ataques contra conservadores y cristianos, y hay que preguntarse qué está impulsando este enfoque unilateral de la ley», concluyó Nance, de CWA.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el FBI para solicitar sus comentarios.
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