Las medidas de advertencia y libertad condicional impuestas anteriormente por las Fuerzas Armadas de Canadá (CAF) contra un militar por su negativa a recibir la vacuna anti-COVID en 2021 fueron “irrazonables e injustificadas”, dictaminó un tribunal administrativo militar independiente.
“La política de vacunación de CAF no era razonable porque era demasiado amplia y desproporcionada en su aplicación”, escribió Nina Frid del Comité de Revisión Externa de Quejas Militares (MGERC) en un fallo del 30 de mayo.
“La CAF no ofreció ninguna evidencia de que la vacunación obligatoria, a pesar de la alta tasa de vacunación entre los miembros de la CAF, fuera necesaria en cada instancia o en cada caso individual debido a los requisitos operativos”.
La CAF impuso un mandato de vacunación en el otoño de 2021 que duró hasta octubre de 2022 y aquellos que no cumplieron fueron liberados bajo el código 5(f), una baja deshonrosa generalmente reservada para soldados con «debilidades personales» u otros problemas que se considera imponen una carga excesiva para las fuerzas armadas.
La vacunación contra el COVID-19 ya no es una condición de servicio, pero sigue siendo un requisito para numerosas funciones operativas.
MGERC ha emitido varios fallos en relación con el mandato en las últimas semanas y todas las decisiones vistas por The Epoch Times han dictaminado que el demandante fue agraviado, con un hallazgo común de que la política infringió los derechos de la carta y que algunas de sus disposiciones son inconstitucionales y por lo tanto inválidas.
Los fallos no son vinculantes y se envían al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Wayne Eyre, para su consideración.
“Es importante tener en cuenta que las recomendaciones y los hallazgos del MGERC son parte del proceso de quejas, que en este caso aún no está completo. Todavía está en marcha una revisión adicional por parte del [jefe del Estado Mayor de la Defensa]”, dijo la portavoz del Departamento de Defensa Nacional (DND), Jessica Lamirande, en una declaración anterior.
El 5 de noviembre de 2021, la comandante de la CAF que presentó la queja solicitó la exención del mandato de vacunación bajo el argumento de que “se debe informar el consentimiento para un tratamiento médico” y argumentó que los plazos bajo la política de vacunación de la CAF eran “insuficientes para consultar al personal médico y dar el consentimiento informado”.
Su oficial al mando negó la solicitud 10 días después, diciendo que ella “no había articulado un motivo válido para la discriminación en virtud de la Ley de Derechos Humanos de Canadá” y que su “derecho a ejercer la autonomía corporal no es un motivo protegido”.
El 26 de noviembre, la colocaron en «Advertencia registrada» (RW) por no cumplir con el requisito de vacunación militar, luego se le indicó que se vacunara por completo dentro de 35 días, lo que finalmente hizo.
Sentencia
La comandante presentó una queja ante MGERC a principios de diciembre de 2021. Varios días después, recibió un aviso de intención de la CAF “para iniciar Consejería y Libertad Condicional (C&P) debido a su continuo incumplimiento de la política de vacunación”.
C&P es una de las «medidas correctivas» de CAF, basada en «pasos serios para ayudar a un miembro de CAF a superar su conducta o deficiencia en el desempeño».
El 30 de mayo, Frid emitió su fallo diciendo que el trato disciplinario de la CAF a la teniente comandante por su negativa a ser vacunada fue “injustificado”.
“Dado que la aplicación de la [medida correctiva] de conformidad con la política de vacunación de CAF tuvo importantes deficiencias de equidad procesal, considero que el RW y el C&P emitidos bajo esa política no fueron razonables ni justificados”, escribió Frid. Agregó que el incumplimiento de la política de vacunación no constituía una incapacidad para superar una “deficiencia de conducta”.
“Además, se espera una equidad procesal básica en la administración de [medidas correctivas] y estas consideraciones esenciales fueron dejadas de lado por la política de vacunación de CAF”.
MGERC ha recomendado que la persona agraviada sea reparada por la CAF cancelando las medidas correctivas y eliminándolas de sus registros.
La queja es parte de una demanda colectiva de USD 500 millones presentada el 21 de junio por miembros actuales y anteriores de la CAF afectados por la política de vacunación.
Matthew Horwood contribuyó a este artículo.
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