La exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra afirmó este viernes que lleva seis meses en prisión preventiva por un presunto delito administrativo al denunciar a un juez en 2019.
«Son seis meses de estar ya en prisión preventivo. Los hechos de los que me acusa el Ministerio Público es presentar cuatro denuncias administrativas, sin tener la facultad para ello, según los documentos de la acusación», expuso Laparra a periodistas.
«Creo que es una cuestión de odio de parte de la Fundación Contra el Terrorismo», añadió Laparra en referencia a la entidad de extrema derecha que funge como querellante y cuyos dirigentes han sido sancionados por Estados Unidos.
«Ellos creo que tienen una cuestión de venganza para todas aquellas personas que formaron parte de fiscalías que se dedicaban a la investigación de actos de corrupción y contra los derechos humanos», expuso la jurista.
Las declaraciones de la abogada tuvieron lugar en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, donde continuó el proceso que enfrenta Laparra.
El juicio contra la exfiscal del Ministerio Público guatemalteco está en pausa debido a que este viernes se recusaron dos de los tres magistrados a cargo del tribunal que llevaba el caso.
En las afueras de la Torre de Tribunales, al menos unas 30 personas se presentaron este viernes para manifestarse en contra de la prisión preventiva que lleva la exfiscal, muchas de ellas cargando fotos de Laparra.
Pieza de la lucha anticorrupción
Laparra fue parte de la histórica lucha anticorrupción que ocurrió en Guatemala entre 2014 y 2019 de la mano de la exfiscal general Thelma Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La abogada fue imputada el 7 de junio pasado por el delito de incumplimiento de deberes después de ser arrestada en febrero de este año.
Laparra, quien no tiene acceso a más de una hora de sol diaria, según ha indicado en el pasado, está acusada por una decisión a su cargo cuando era fiscal en 2019 al solicitar dos denuncias administrativas contra un juez, por lo que ha reiterado desde prisión en una carta que «eso no es un delito».
Según diversas fuentes, dichas denuncias administrativas fueron en contra de un juez por jurisprudencia y por la incorporación de declaraciones a un expediente sin notificarlo.
La parte acusadora en el caso es la Fundación Contra el Terrorismo, al igual que el abogado Omar Barrios, exasesor del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.
El pasado 20 de abril, el presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, Marco Antonio Sagastume Gemmell, calificó como una «vergüenza» la prisión preventiva que enfrenta Laparra, tras visitarla en la cárcel.
Según aseveró en mayo la exfiscal general Aldana, al menos 24 jueces y fiscales guatemaltecos protagonistas de la lucha contra la corrupción en el último lustro se encuentran en el exilio por la presunta persecución de la actual jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras.
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