El régimen de Venezuela anunció el jueves la muerte del chavista Leoner Azuaje Urrea, quien se encontraba en prisión por corrupción. La dictadura dijo que fue suicidio.
La llamada “trama de corrupción”, lanzada en las últimas semanas por el régimen venezolano, involucra a funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) pero también funcionarios de otras empresas estatales como el chavista Leoner Azuaje Urrea, quien lideraba la empresa estatal Cartones de Venezuela (CARTOVEN).
Según el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, Azuaje Urrea se habría suicidado en su lugar de reclusión. Azuaje, de 39 años, fue acusado por corrupción, y se encontraba preso como parte de los operativos anticorrupción lanzados por el régimen.
Saab además dijo que había comisionado a fiscales para “investigar el lamentable suicidio” de Azuaje.
El oficial chavista informó que, hasta el 19 de abril, 61 personas se encontraban privados de la libertad con 20 órdenes de aprehensión en relación con los presuntos casos de corrupción del régimen. Sin embargo, varios expertos han afirmado que se trata de un “lavado de cara” de la dictadura de Maduro, el cual es “absolutamente corrupto”.
Muchos ciudadanos venezolanos y organizaciones civiles cuestionaron que la causa de muerte de Azuaje sea suicidio.
La oenegé PROVEA, escribió este jueves: “El presunto ‘suicidio’ de Leoner Azuaje Urrea demuestra que en Venezuela persisten condiciones de reclusión que no garantizan la integridad y la vida de personas bajo custodia del Estado”.
La organización exigió una investigación independiente sobre esta lamentable muerte, y que se identificaran a los responsables.
El medio independiente, Monitoreamos, señaló que este no es el primer caso en donde una muerte de algún recluso bajo custodia del régimen venezolano es calificada de “suicidio”, antes de llevarse a cabo cualquier investigación.
El 8 de octubre de 2018, Saab también había anunciado la muerte del exconcejal de Caracas y crítico de Maduro, Fernando Albán, alegando que se había suicidado al lanzarse del décimo piso del SEBIN de Plaza Venezuela.
Sus abogados rechazaron dichas declaraciones con pruebas fotográficas, las cuales apuntaban de que el opositor venezolano murió a causa de torturas.
Al año siguiente, la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán, denunciando que se trató de un asesinato y la existencia de contradicciones emitidas por varios funcionarios del régimen.
En 2021, Saab tuvo que admitir la responsabilidad de dos funcionarios del régimen, en un intento de calmar los llamados ante la Justicia Internacional, y hacer creer que se estaban realizando diligencias sobre el caso de manera interna.
En agosto del 2021, la fiscalía de la CPI concluyó que el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela que debían ser investigados, incluidas torturas y violencia sexual. En 2022 la fiscalía solicitó continuar con la investigación de los crímenes.
Con información de EFE.
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