Un exfuncionario hondureño ha sido acusado en Estados Unidos por su participación en una red internacional que pagó sobornos de cara a obtener contratos para la confección de uniformes de la Policía Nacional del país centroamericano, informó este viernes la Fiscalía federal estadounidense.
Francisco Roberto Cosenza Centeno, de 65 años y director ejecutivo de un comité de la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA), es uno de los tres acusados por la Fiscalía estadounidense de formar parte de una trama de sobornos para asegurar con el Gobierno hondureño contratos que ascendieron a unos 10 millones de dólares.
Los otros dos acusados son Carl Alan Zaglin, de 68 años y dueño de una firma textil con sede en Georgia, y Aldo Nestor Marchena, de 50 años y con domicilio en la floridana Boca Ratón.
De acuerdo con la oficina de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, entre marzo de 2015 y noviembre de 2019 pagaron sobornos a funcionarios del Gobierno hondureño, entre ellos a Cosenza, para obtener contratos relacionados con uniformes y otros bienes de la Policía Nacional de ese país.
Cosenza, quien era director ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso de la TASA, y otros funcionarios del gobierno hondureño presuntamente ayudaron a Zaglin, Marchena y a otros a lograr contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la institución policial y a «asegurar el pago de los contratos».
Para ocultar los pagos de los sobornos, Zaglin, Marchena y Cosenza, entre otros, habrían lavado «las ganancias del plan corrupto» a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
La Fiscalía señala en su acusación que «los conspiradores enviaron más de 166,000 dólares a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño para promover el plan».
Los tres han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, pero Cosenza y Marchena también afrontan cada uno un cargo de lavado de dinero y otro de participación en transacciones con propiedad derivada de delitos.
De ser hallados culpables, Cosenza y Marchena podrían recibir una pena máxima de hasta 30 años de prisión.
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