El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 3892 protestas durante el primer semestre de este año, “equivalente a un promedio de 22 diarias”, según el más reciente informe divulgado el martes.
“Esta cifra representa un aumento de 15 % en comparación con el mismo período del año pasado”, puntualiza la organización independiente.
De acuerdo al OVCS, un 73 % de las manifestaciones, es decir, 2856, estuvieron relacionadas con exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y destaca que 1642 de las protestas estuvieron orientadas a la exigencia de derechos laborales.
“La documentación y análisis del OVCS destaca que las protestas laborales continúan liderando el índice (…) las principales demandas de los trabajadores son relacionadas con salario digno y suficiente, que le permita cubrir sus propias necesidades y la de su núcleo familiar”, expone la investigación.
El segundo motivo de protestas, según el Observatorio, fueron debido al colapso de los servicios y la falta de soluciones efectivas y de largo plazo por parte de las autoridades.
El OVCS también resalta que 1036 manifestaciones estuvieron orientadas a la exigencia de derechos civiles y políticos.
Durante los últimos años, la VOA ha cubierto manifestaciones del personal sanitario, docente, de transporte, así como de pensionados y jubilados que denuncian que sus sueldos como empleados públicos no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
El régimen de Nicolás Maduro no suele informar sobre las protestas en Venezuela.
Los más vulnerables
En el caso de los jubilados y pensionados, el OVCS destaca que el sector se ha mantenido “con una participación activa en aproximadamente 460 protestas realizadas a nivel nacional”.
Luis Cano, presidente del Frente en defensa de jubilados y pensionados de Venezuela, ha denunciado que, para ellos, por ejemplo, recibir atención médica de calidad y consumir proteína se ha vuelto “un lujo”.
“Es bien difícil porque nosotros, aparte de lo que le estamos exigiendo al gobierno en lo que se refiere a que nuestra pensión sea digna, también le estamos exigiendo que eso tiene que ir acompañado de políticas para que el sector público de salud pueda brindarnos atención”, comentó recientemente a la VOA.
El artículo 80 de la Constitución, entre otras cosas, establece que a los ancianos se les debe garantizar “atención integral y beneficios de seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida”. Situación que, asegura, a pesar de la constante presencia en las calles, no se cumple.
Actualmente en Venezuela, tras el aumento anunciado en marzo por el líder Nicolás Maduro, el salario mínimo mensual que percibe el sector público, incluyendo pensionados, es el equivalente en bolívares a unos 30 dólares y de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), solo para cubrir la canasta básica alimentaria, en mayo se requerían 382 dólares mensuales.
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