La Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a 35 organizaciones de dentro y fuera de Cuba, anunció este lunes su apoyo a un boicot nacional que pide la no participación en las elecciones parlamentarias previstas en la isla para este 26 de marzo, al considerar que son una farsa electoral.
La organización expresó, en ese contexto, su apoyo a la campaña que «activistas y ciudadanos cubanos han comenzado en oposición a la legitimación de la dictadura castrista» que entrañan estas elecciones parlamentarias.
«Hago un llamado a que el pueblo no participe en la votación. Son votaciones que no son legítimas porque están respaldadas por una ley electoral que beneficia los intereses del régimen comunista de Cuba», señaló el opositor Ángel Moya en un vídeo desde La Habana recogido por la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Moya descalificó en el vídeo estas votaciones porque, además, la ley electoral cubana «no reconoce los derechos de los opositores políticos».
Se trata de «una nueva patraña del régimen comunista de Cuba», resaltó el activista cubano.
La Asamblea denunció que tanto las votaciones como los candidatos a la Asamblea Nacional están «bajo el control del régimen comunista».
Un régimen, subrayó la organización, que utiliza estas «falsas elecciones para legitimar la dictadura en el ámbito internacional y poner a prueba el control de convocatoria y represión que ejerce sobre la población cubana».
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, tachó en el vídeo de fraudulentas estas elecciones y alertó de que, «en dictadura, no se vota, y hacerlo es una forma de legitimar los colegios electorales».
«Recuerden que quien hace el conteo, quien dirige estos colegios electorales es el Partido Comunista de Cuba que es quien mal dirige a este país y, realmente, es el que da el resultado final de una forma fraudulenta», aseveró Soler.
Asimismo, activistas de la opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) han pedido que se permita la presencia de observadores internacionales en estas elecciones, «incluyendo a representantes de países democráticos e instituciones de derechos humanos».
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